La Procuraduría 186 Judicial I Administrativa de Quibdó promovió acción de tutela en contra de la ARL Positiva, el Hospital Local Ismael Roldán Valencia y el municipio de Quibdó-Secretaría de Salud, con miras a proteger los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas y a la salud de los trabajadores de la salud de ese centro hospitalario.

El ente de control estimó que personal de salud del hospital no cuenta con suficientes elementos de protección personal, insumos, herramientas y equipamiento médico para laborar en un ambiente adecuado y seguro que les permita cumplir a cabalidad con los deberes del cargo relacionados con el control de la infección intrahospitalaria por SARS CO-2/COVID-19 y el tratamiento respetuoso del personal en su condición humana.

Igualmente, la Procuraduría sostuvo que la ARL no ha prestado asesoría, asistencia técnica y supervisión completa al hospital para la formulación del plan de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de los controles necesarios en el contexto COVID-19.

Finalmente, la agencia del Ministerio Público estimó que la Secretaria de Salud del Municipio de Quibdó no ha ejercido a cabalidad sus funciones de inspección, control y vigilancia sobre la disponibilidad de dotación de los elementos de protección personal, insumos y equipamiento médico necesarios y suficientes para el cumplimiento de las tareas de los empleados y trabajadores de la salud de la ESE Hospital Local Ismael Roldan, ni ha apoyado técnica, financiera y económicamente en la consecución de estos bienes a ese hospital adscrito a la estructura de la administración municipal.

El Juzgado Primero Administrativo Oral del circuito de Quibdó, acogió integralmente los planteamientos formulados por la Procuraduría, y les impartió a las entidades accionadas órdenes dirigidas al suministro de elementos de bioseguridad, insumos y equipamiento médico al personal de salud, cumplir con funciones de inspección, control y vigilancia, y apoyo al hospital (Radicado 27001-33-33-001-2020-00078-00, sent. 29 de mayo/20).

Conozca la providencia completa aquí.

La Procuraduría General de la Nación logró el amparo de los derechos fundamentales del jefe de presupuesto de la alcaldía de Unión Panamericana, Chocó, un funcionario de libre nombramiento y remoción, quien fue declarado insubsistente pese a que su empleador conocía su condición especial de salud.

El Juzgado Penal del Circuito de Istmina ordenó a la alcaldía el reintegro laboral del ciudadano, en un término de 48 horas, a su cargo o a otro de igual o superior jerarquía, conforme a lo previsto en la Ley 361 de 1997, por tratarse de un “sujeto de especial protección con afectaciones de salud”, para garantizar la continuidad de la atención médica para su tratamiento, y de esta manera proteger el goce de sus derechos fundamentales.

El juez confirmó en su integridad la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Unión Panamericana, que tuteló los derechos a la dignidad humana, la vida, la salud, la igualdad y la estabilidad laboral reforzada, invocados por la Procuraduría en la solicitud de tutela.

El juez señaló que por la crisis sanitaria por el covid-19 que vive el país, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso, a través del acuerdo PCSJA20 11526 del 20 de marzo, el trámite de asuntos urgentes como tutelas para el restablecimiento de derechos fundamentales, y en este caso ante el requisito de impostergabilidad adoptó un fallo de fondo, debido a la urgencia y gravedad que afecta la vida de un ciudadano de especial protección.

El Ministerio Público solicitó el amparo teniendo en cuenta que el ciudadano es un adulto mayor, las condiciones de su enfermedad y el hecho de que se encontraba incapacitado para trabajar al momento de ser declarado insubsistente.

Los sujetos que harían parte del Frente Ernesto Che Guevara, del grupo armado organizado ELN, recibirán los beneficios del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, del Ministerio de Defensa Nacional. En el presente año, 13 integrantes de los GAO se han presentado de manera voluntaria a las tropas del Ejército en esta jurisdicción, siete en Antioquia y seis en Chocó.

Producto de las continuas operaciones ofensivas que desarrolla el Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, en el departamento de Chocó, y en atención a la alerta temprana N° 066 de 2018, en las últimas horas se informa que los sujetos conocidos con como alias de Yeison y alias Chita, al parecer integrantes del grupo armado organizado ELN se entregan voluntariamente a las tropas que patrullan la subregión del San Juan.

Esta entrega voluntaria se realizó en la vereda Sin Olvido, del municipio de San José del Palmar, Chocó, donde gracias a la Red de Participación Cívica, se dan a conocer las intenciones de estos sujetos por abandonar la subestructura armada del GAO ELN; posteriormente, estas personas se entregan a las tropas que protegen sus vidas en cumplimiento de la política institucional de la defensa por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Según se pudo establecer por parte de las autoridades competentes, alias Yeison y alias Chita se estarían desempeñando como guerrilleros de base; ellos entregaron un fusil con munición de guerra, material de intendencia (uniformes) y una bandera alusiva al grupo terrorista.

De acuerdo con lo manifestado por los desmovilizados, el maltrato a los que son sometidos los guerrilleros por parte de su cabecilla, el sujeto conocido con el alias de Julio o Viejo fue uno de los factores determinantes para fugarse de este grupo armado organizado y empezar una nueva vida con su familia.

Con estas entregas voluntarias se demuestra que la presión militar que están ejerciendo las tropas del Ejército en las áreas rurales de la subregión del San Juan, en el departamento de Chocó, sobre las estructuras criminales que allí delinquen, están afectando contundentemente los factores de inestabilidad.

El Ejército Nacional reitera la invitación a todos los integrantes del grupo armado organizado del ELN, para que se presenten voluntariamente en las unidades militares ubicadas en la jurisdicción y obtengan los beneficios del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, liderado por el Ministerio de Defensa Nacional.