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Paz y Derechos humanos

Chocó vive una tragedia social y humanitaria que exige respuestas inmediatas del Estado y presencia del gobierno en la región: Procurador.

“El ELN quiere convertir a Chocó en su fortín y ubicar los cuarteles de esa organización terrorista en ese departamento”.

“Las cifras no mienten, no son percepciones, no son especulaciones, es la realidad de lo que está viviendo el departamento”.

“Este país no puede darse el lujo de seguir matando a su liderazgo y exterminando a sus líderes sociales”.

“Urgen estrategias que permitan la atención integral con enfoque rural y étnico, porque es clarísima la afectación sobre las comunidades indígenas, afros y raizales”.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, urgió por acciones concretas e inmediatas por parte del Estado para frenar la tragedia social y humanitaria que vive el departamento de Chocó, ante el recrudecimiento de la guerra por la disputa entre grupos armados ilegales y los escenarios de pobreza, desigualdad y desempleo que ha dejado la pandemia.

#MesaPorLaVida | #Chocó vive una tragedia social y humanitaria y no podemos ser inferiores a esta responsabilidad. Se requieren acciones inmediatas para un departamento que no puede seguir siendo ignorado por una realidad agudizada por los efectos de la pandemia pic.twitter.com/bGsMHcgH33

— Procuraduría 🇨🇴 | #ConLosPiesEnLosTerritorios (@PGN_COL) September 30, 2020

En su intervención en la décima Mesa por la Vida que realiza el Ministerio Público con apoyo de USAID, Carrillo Flórez afirmó que el departamento de Chocó parece el fortín del ELN y es como si los cuarteles generales de esa guerrilla estuvieran en ese departamento, y condenó que buena parte de las masacres recientes en el país se han dado en esta región.

#MesaPorLaVida | Uno podría decir que el verdadero fortín del ELN es #Chocó. Es como si los cuarteles generales de esa guerrilla y de esa organización terrorista estuvieran en este departamento: @fcarrilloflorez pic.twitter.com/7apKQ7P7BS

— Procuraduría 🇨🇴 | #ConLosPiesEnLosTerritorios (@PGN_COL) September 30, 2020

Enfatizó en la importancia de desplazar toda la institucionalidad a ese territorio y de definir acciones concretas de cara a la magnitud de la problemática que presenta el departamento, azotado por la presencia de los grupos ilegales y por las violaciones de los derechos humanos.

“Este país no puede darse el lujo de seguir matando a su liderazgo y exterminando a sus líderes sociales. Las amenazas radican de esos grupos armados ilegales dedicados a la minería ilegal y al narcotráfico”, agregó.

Sostuvo que las “las cifras no mienten, no son percepciones, no son especulaciones, es la realidad de lo que está viviendo el departamento”, y cuestionó que en la última semana se presentaron seis muertes violentas en la ciudad de Quibdó por la guerra de bandas criminales.

Reveló que de acuerdo con la Personería cerca de 14 mil personas han sido víctimas de confinamiento y desplazamiento por enfrentamientos de grupos armados organizados, y que la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas por el desplazamiento masivo de 450 personas, de 7 comunidades indígenas Embera en el Alto Baudó.

Agregó que “en Chocó desde 1990 hasta agosto de 2020 se han presentado 166 víctimas de minas y artefactos explosivos, de las cuales 24 han sido menores de edad”.

Frente a los cultivos ilícitos en la región, explicó que se firmaron cinco acuerdos con el Gobierno a los que se sumaron 7.500 familias, pero hasta la fecha no se han individualizado los convenios, lo que “ha causado gran frustración y desconfianza entre quienes se acogieron al programa”.

Para el jefe del órgano de control “urgen estrategias que permitan la atención integral con enfoque rural y étnico, porque es clarísima la afectación sobre las comunidades indígenas, afros y raizales”.

En su intervención el Procurador General expuso cuatro acciones que desde el Ministerio Público se consideran fundamentales:

1. La institucionalización de una oficina de la UNP (Unidad Nacional de Protección en el territorio).

2. La creación de una mesa de seguimiento entre el Ministerio Público en Chocó y la UNP.

3. El acompañamiento indispensable con la asistencia técnica del Ministerio del Interior a la construcción de un plan territorial de prevención

4. El fortalecimiento de la Procuraduría con miras a la activación de la función disciplinaria en materia de

protección de líderes sociales.

Al cierre de su intervención Carrillo Flórez reveló la apertura de las primeras acciones disciplinarias contra funcionarios nacionales, departamentales y municipales por la desatención de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, como ocurrió en Samaniego, Nariño, donde el 15 de agosto fueron asesinados ocho jóvenes.

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Paz y Derechos humanos

Hemos construido una Procuraduría del diálogo, de la participación, mestiza, india, afrocolombiana, promotora de derechos, tolerante, contundente contra la corrupción: Fernando Carrillo Flórez.

«El mensaje que le dejo hoy a los colombianos es que es absolutamente posible creer en la democracia, en el Estado de derecho, en las libertades, luchar contra la desigualdad, pararse en frente a los poderosos con energía y magnanimidad».

«Hemos cumplido con la misión que nos propusimos y lo hemos hecho con consistencia, convicción, amor por las causas y respeto por los valores que nos señala la ley y la Constitución de Colombia».

«La Procuraduría no paró durante la pandemia porque disponíamos de herramientas virtuales para seguir adelante».

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, aseguró que durante sus 4 años de gestión construyó “una Procuraduría del diálogo, de la participación, mestiza, india, afrocolombiana, promotora de derechos, tolerante, contundente contra la corrupción”, y agregó que el mayor legado ha sido recuperar la confianza de los ciudadanos en la institución a través del diálogo y la participación ciudadana.

En la Audiencia de Rendición de Cuentas 2017 – 2020, el jefe del Ministerio Público enfatizó en que «hay esperanza si seguimos creyendo en la democracia, en el Estado social de derecho, en las libertades contra la desigualdad, en la ética contra la corrupción, en la justicia contra la inequidad, en la vida contra los atentados y la violencia».

«El mensaje que le dejo hoy a los colombianos es que es absolutamente posible creer en la democracia, en el Estado de derecho, en las libertades, luchar contra la desigualdad, pararse en frente a los poderosos con energía y magnanimidad».

Reiteró que su actuar durante estos cuatro años se derivó de la defensa de la Constitución de 1991, que ha sido la brújula, la guía y la razón de ser de la gestión del Ministerio Público.

«Hemos cumplido con la misión que nos propusimos y lo hemos hecho con consistencia, convicción, amor por las causas y respeto por los valores que nos señala la ley y la Constitución de Colombia».

Durante la audiencia pública el Procurador General explicó los 5 legados del ente de control: dar voz a la ciudadanía, respaldar a las víctimas y a la paz, detener a los corruptos, empoderar a los territorios, y resaltó la innovación y la transformación tecnológica de la Entidad.

«La Procuraduría no paró durante la pandemia porque disponíamos de herramientas virtuales para seguir adelante. La mejora de redes, infraestructura tecnológica y sistemas de comunicación se han traducido en defensa de derechos de los colombianos».

Agregó que uno de los retos que asumió al frente del Ministerio Público fue responder con altura a los desafíos de la implementación del Acuerdo de Paz, realizando seguimiento a lo pactado y representando a las víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Finalmente, aseguró que durante estos años de administración «no improvisamos, demostramos con hechos y no con palabras los resultados de nuestras acciones; tomamos la Constitución como brújula y pusimos los pies en los territorios para escuchar a la ciudadanía», y agradeció el acompañamiento decidido de los viceprocuradores Adriana Herrera Beltrán, Juan Carlos Cortés González, y de los procuradores delegados, regionales y provinciales.

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Paz y Derechos humanos

Más de $11 mil millones para seguridad de líderes de sustitución de cultivos y defensores de derechos humanos.

“Privilegiar la vida y reparar a las víctimas, prioridades del gobierno Duque”: Consejero Emilio Archila

Con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, se realiza proyecto en Chocó, Catatumbo y Pacífico Nariñense.

Estrategia de prevención temprana y protección colectiva beneficiará directamente a personas en proceso de reincorporación, líderes de sustitución de cultivos, líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Consejero Archila reconoce apoyo de la comunidad internacional para garantizar la vida de líderes sociales en zonas de alto riesgo.

El Gobierno Nacional y El Fondo Multidonante de las Naciones Unidas firmaron un convenio de cooperación por más de $11 mil millones de pesos para desarrollar una estrategia de prevención y protección que garantice la seguridad de líderes y lideresas sociales en zonas de alto riesgo, en tres departamentos de Colombia.

“Hoy anunciamos la aprobación de un proyecto en apoyo a la estrategia del Gobierno Nacional para reducir el nivel de violencia que enfrentan los líderes y lideresas de Derechos Humanos, y las y los reincorporados, para que puedan ejercer su liderazgo libres y seguros, previniendo la estigmatización, y fortaleciendo las capacidades institucionales y de organizaciones sociales; brindando a su vez oportunidades económicas que también permitan generar escenarios de reconciliación con la población reincorporada. Esta apuesta será financiada por el Fondo de Consolidación de la Paz de la ONU, a través del Fondo Multidonante, y cuenta con el apoyo de países donantes comprometidos con la paz de Colombia”, aseguró hoy Jessica Faieta, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia.

El Consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila, agradeció el irrestricto apoyo de la comunidad internacional al proyecto de prevención y protección colectiva del gobierno a líderes, lideresas, defensores de derechos humanos, mujeres reincorporadas y familias en sustitución de cultivos ilícitos en tres regiones del país.

“Este  aporte de 2 millones 500 mil dólares del Fondo Multidonante  de las Naciones Unidas, para la seguridad de nuestros líderes y lideresas, es una muestra del compromiso de la comunidad internacional con la política de Paz con Legalidad del presidentes Iván Duque; también, un reconocimiento a su seriedad y a su permanente interés por la defensa de la vida y de los ideales que promueven en el territorio esos hombres que trabajan por el bienestar de las familias y la protección de los recursos naturales”, dijo el Consejero.

Archila adelantó que “el proyecto de prevención en seguridad y protección colectiva se ejecutará inicialmente durante un período de dos años en 30 municipios de Chocó, Catatumbo y el Pacífico Nariñense”.

Mil personas se beneficiarán directamente y más de 10 mil de forma indirecta. El objetivo es el establecimiento de espacios de diálogo, estrategias de prevención temprana y protección colectiva, y de gestión integral de los riesgos de los líderes/as sociales, defensores/as de derechos humanos y sus organizaciones, especialmente para población en sustitución de cultivos ilícitos y en proceso de reincorporación.

El proyecto cuenta con una estrategia de seguridad para mujeres reincorporadas, medidas de reactivación económica que tiendan a la sostenibilidad económica individual, asociativa y colectiva y que eviten el control del crimen organizado.

Los municipios donde se ejecutará el proyecto son Riosucio, Quibdó, San José Del Palmar, Bagadó, Nóvita, Carmen de Atrato, Medio Baudó, Alto Baudó, Condoto, Bahía Solano, Mutatá, Nuquí y Carmen Del Darién, en Chocó.

En la región de Catatumbo: Tibú, El Tarra, Convención, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama, El Carmen y Hacarí; y en el Pacifico Nariñense y el Cauca los municipios de Tumaco, Olaya Herrera, Santa Bárbara, Ricaurte, Barbacoas, Magüí, Popayán y Santander de Quilichao.

Cien organizaciones de base, 3 defensorías regionales, 3 procuradurías provinciales, 3 personerías municipales, 3 seccionales de la Fiscalía, 3 alcaldías y 3 gobernaciones hacen parte de los beneficiarios del proyecto de transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación.

El Fondo Multidonante aportará el equivalente a 2.5 millones de dólares y el gobierno nacional aportará una contrapartida de 698.176 dólares, para un total de 3´198.176 dólares, equivalentes a 11 mil millones de pesos.

En la ejecución del proyecto participan el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, la Consejería para la Estabilización, el Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas, (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Droga y el Delito (UNODOC).

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Paz y Derechos humanos

Más de 500 indígenas confinados en Bojayá por el control de grupos armados.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que, desde octubre de 2020, al menos 512 personas, incluidos 390 niños, niñas y adolescentes, de las comunidades indígenas de Unión Cuity y Unión Cuity Central, de Bojayá, Chocó, se encuentran en confinamiento por el control social de un grupo armado organizado en el territorio.

Desde octubre, al menos 512 personas de las comunidades indígenas de Unión Cuity y Unión Cuity Central, se encuentran confinadas. – Imagen de referencia

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) emitió una alerta – este miércoles 6 de enero – por la situación humanitaria y el confinamiento de comunidades indígenas en Bojayá, Chocó. Desde octubre, al menos 512 personas (222 mujeres, 290 hombres y 390 niños, niñas y adolescentes), de las comunidades indígenas de Unión Cuity y Unión Cuity Central, se encuentran en confinamiento por cuenta del control social de un grupo armado organizado en el territorio.

De acuerdo con la OCHA, esta información fue reportada por la comunidad a miembros del Equipo Local de Coordinación (ELC) en diciembre, a través de un comunicado escrito – con fecha del 6 de diciembre de 2020 – que fue remitido a la Personería municipal. En este documento las comunidades denunciaron varias formas de intimidación como la prohibición de ejercer actividades como la pesca; la instalación de retenes ilegales en las vías fluviales; apropiación y construcción de viviendas para miembros del grupo armado organizado al interior de la comunidad y la apropiación de la siembra y cultivos de pancoger para alimentación de dicho grupo, en detrimento de la propiedad colectiva de los indígenas.

Aunque la emergencia inició en octubre, todavía no se ha activado el Comité Municipal de Justicia Transicional ni el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición. “A la fecha no se ha llevado a cabo una misión de verificación del estado de estas comunidades por parte de las instituciones locales o departamentales. Hasta el momento, las fuerzas públicas no han accedido al territorio para asegurar la zona”, afirmó la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

Por: El Espectador.

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