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CNE anula inscripción de cédulas de forma irregular en 23 municipios del Departamento del Chocó.

En el primer bloque, fueron depuradas 10.542 cédulas de ciudadanía mientras sigue el cotejo de información.

Mediante resolución número 5024 del 18 de septiembre de 2019, el Consejo Nacional Electoral anula la inscripción de cedulas de ciudadanía de forma irregular en 23 de 30 municipios del departamento del Chocó, para las elecciones de autoridades locales del 27 de octubre del 2019.

El máximo colegiado electoral toma la decisión teniendo en cuenta que el próximo 27 de octubre se llevaran a cabo en todo el país las elecciones de autoridades locales como son: gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y miembros de las Juntas Administradoras Locales.

Argumentos.

Argumenta el CNE, que después de haber realizado un cotejo y cruce de información con la base de datos única del Sistema de Seguridad Social, BDUA del FOSYGA, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, Registro de la Unidad de Victimas, Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, SISBEN, administrada por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, Base de Datos de los Beneficiarios que Acompaña la Agencia Nacional para la, Superación de la Pobreza Extrema – ANSPE, Registro de la Unidad de Victimas, adscritas al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-DPS, y en fin a otras Instituciones del estado.

Artículo octavo: Del cruce de datos. En el auto que decide la admisión, el Magistrado Sustanciador decretará los cruces de las bases de datos que le servirán de soporte para adoptar decisiones, tales como las del SISBEN ADRES, DPS Y CENSO ELECTORAL y todas aquellas que considere procedentes.

El cruce de la Información suministrada por las bases de datos, se deberá realizar en forma simultánea, considerando como prueba de residencia, la coincidencia de uno o más registros en cualquiera de las plataformas de las bases de datos señaladas.

La Registraduría Nacional del Estada Civil, durante el periodo de inscripción de cédulas de ciudadanía, en forma permanente, pondrá a disposición del Consejo Nacional Electoral la siguiente información. La base de datos de inscritos en el respectivo distrito o municipio, El Archivo Nacional de Identificación ANI; Potencial de inscritos; Datos históricos del Censo Electoral, entre otros.

La información adicional que se requiera, e informará oportunamente sobre las alertas derivadas del comportamiento atípico en la inscripción de cédulas de ciudadanía tomando como base el comparativo de los censos poblacional y electoral, con su respectivo mapa de riesgos.

PARÁGRAFO PRIMERO: El Consejo Nacional Electoral realizará todas las acciones encaminadas a la implementación de un software a su cargo, para realizar los cruces de las bases de datos pertinentes y las actividades necesarias tendientes a la verificación de la residencia electoral.

PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Ley 1712 de 2014, el Consejo Nacional Electoral solicitará a las entidades públicas y privadas la información necesaria para verificar los datos aportados por los ciudadanos al momento de la inscripción.»

Artículo décimo. Decisiones. El Magistrado Sustanciador presentará a consideración de la Sala Plena, proyecto de dejar sin efecto las Inscripciones de cédulas de ciudadanía, cuándo obtenga prueba de la inscripción irregular. Contra la decisión procede el recurso de reposición.

El declarado trashumante no podrá volver a inscribir su cédula de ciudadanía para el mismo proceso electoral en el lugar del cual fue excluida como consecuencia del procedimiento aquí previsto, tampoco podrá ser designado ni ejercer como jurado de votación en tal entidad territorial. Lo anterior, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar.

Articulo décimo primero: Notificación. La resolución se notificará de conformidad con el artículo 70 de la Ley 1437 de 2011.

En todos los eventos el Registrador Distrital o Municipal fijará en lugar público de su despacho copia de la parte resolutiva por el término de cinco (5) días calendario. También se publicará en la página Web del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, debiendo sus administradores expedir constancia, que se allegará al expediente.

La Registraduría Nacional del Estado Civil enviará mensajes electrónicos, en el término de la distancia, a los ciudadanos relacionados en el acto administrativo, siempre que se cuente con la información disponible para tal fin.

Acervo probatorio.

Con el fin de aclarar, verificar y establecer la existencia de alguna irregularidad que afecte la trasparencia electoral, se cuenta en el expediente con el siguiente material probatorio:

3.1. Oficio RDE-DCE-2668 de fecha 30 de agosto de 2019, de la Dirección de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por el que remite en disco compacto la relación de personas inscritas (ciudadanos nacionales y extranjeros) desde el 27 de octubre de 2018 al 27 de agosto de 2019, en cada uno de los municipios del Departamento del Chocó, con la bases del Censo Electoral utilizado en Autoridades Locales 2015, Censo Electoral utilizado en Congreso, Presidencia y Vicepresidencia de la República del año 2018; bases de datos de SISBEN, ADRES, ANSPE (corte 31 de julio de 2019); y el Archivo Nacional de Identificación (ANI).

3.2. Base de datos del Departamento Prosperidad Social.

3.3. Certificaciones de algunas Alcaldías Municipales del Departamento del Chocó respecto a verificación en bases de datos de aportantes de Impuestos de Industria y Comercio y Predial en las respectivas entidades territoriales.

3.4 Certificaciones allegadas por las diferentes cámaras de comercio del Departamento del Chocó respecto de algunos ciudadanos que figuran en el registro mercantil.

3.5 Certificaciones allegadas por las diferentes oficinas de registro de instrumentos públicos del departamento del Chocó donde. figuran los ciudadanos propietarios de bienes inmuebles inscritos en las respectivas’ entidades territoriales.

3.6 Documentos allegados por los ciudadanos para acreditar su residencia electoral en el municipio en el que inscribieron su cédula de ciudadanía.

Teniendo en cuenta la constitución Política de Colombia y otras Leyes, el propósito del constituyente fue garantizar que en las elecciones locales solo participen personas que tengan un interés directo, es decir, que tengan un verdadero arraigo o sentido de pertenencia al respectivo municipio.

Las medidas son adoptadas con el fin de cumplir no sólo el mandato constitucional de garantizar la participación ciudadana legitimada para la toma de decisiones, sino para garantizar la eficacia del voto como manifestación libre y espontánea del poder ciudadano.

Visitas realizadas.

Para tal efecto el Magistrado Ponente, mediante Auto del 28 de agosto de 2019, conformó dos comisiones instructoras encargadas de realizar visitas domiciliarias en los, Municipios de El Cantón de San Pablo, Rio Quito, Medio Baudó, Lloró, Atrato, Carmen del Darién y Riosucio.

En consecuencia, la Resolución que deja sin efectos la inscripción irregular de cedulas producirá efectos con la correspondiente anotación, sin perjuicio de que sean procedentes los recursos de la vía gubernativa.

Traslado a órganos de control.

La ocurrencia de irregularidades en el proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía en los Municipios de Alto Baudó, Atrato, Bagadó, Bojayá, El Cantón de San Pablo, Carmen del Darién, Cértegui, Condoto, El Carmen de Atrato, El Litoral del San Juan, Istmina, Juradó, Lloró, Medio Baudó, Medio San Juan, Nóvita, Nuquí, Río ‘ro, Río Quito, Riosucio, Sipi, – Tadó y Unión Panamericana, Departamento del Chocó, no solo se circunscribe a la competencia administrativa que ostenta el Consejo Nacional Electoral, sino también a dar traslado a otras autoridades por la eventual comisión de delitos y faltas disciplinarias.

En iguales términos se dispondrá la remisión a la Procuraduría General de la Nación, para la evaluación de las conductas imputables a los sujetos destinatarios del control disciplinario.

En mérito de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral, Resuelve.

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la inscripción de las cédulas de ciudadanía inscritas para las elecciones de autoridades locales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Miembros de Juntas Administradoras Locales) a celebrarse el próximo 27 de octubre de 2019, durante el periodo del 27 de octubre de 2018 al 27 de agosto de 2019, Municipios de Alto Baudó, Atrato, Bagadó, Bojayá, El Cantón de San Pablo, Carmen del Darién, Cértegui, Condoto, El Carmen de Atrato, El Litoral del San Juan, Istmina, Juradó, Lloró, Medio Baudó, Medio San Juan, Nóvita, Nuquí, Río Iró, Río Quito, Riosucio, Sipí, Tadó y Unión Panamericana, Departamento del Chocó.

ítem. MUNICIPIO No. de Cedulas
1 Alto Baudó 308
2 Atrato 803
3 Bagadó 262
4 Bojayá 322
5 El Cantón de San Pablo 627
6 Carmen del Darién 1316
7 Certeguí 364
8 Condoto 354
9 El Carmen de Atrato 314
10 El Litoral del San Juan 232
11 Istmina 590
12 Jurado 240
13 Lloró 674
14 Medio Baudó 972
15 Medio San Juan 358
16 Nóvita 134
17 Nuqui 345
18 Río Iro 230
19 Río Quito 506
20 Riosucio 866
21 Sipí 74
22 Tadó 314
23 Unión Panamericana 337

Las cédulas cuya inscripción se deja sin efecto, se incorporarán al censo electoral inmediatamente anterior.

Finalmente, del ARTICULO SEGUNDO en adelante lo que sigue es la notificación a las partes, remitir, y las disposiciones de 5 días de plazo para las respectivas reclamaciones y aparecen las firmas de Hernán Penagos Giraldo – Presidente CNE, Jorge Enrique Rosos Rodríguez – Vicepresidente y Magistrado Ponente.

Quienes manifestaron que la depuración de cédulas inscritas de forma irregular continuara minuciosamente.

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Una emergencia se presentó este miércoles en el Barrio Chamblún carrera novena de Quibdó.

Un incendio se presentó en el Barrio Chamblún de Quibdó, este miércoles 16 de octubre, pasado las 4: 00 de la tarde.

La emergencia fue atendida oportunamente por los Organismos de Socorro; Defensa Civil, Bomberos, Administración Municipal de Quibdó, Unidad de Bomberos del Aeropuerto, Policía Nacional y miembros de la Comunidad.

La rápida acción de los Organismos de Socorro y la comunidad, lograron sofocar el fuego evitando así, que la conflagración se extendiera a otras viviendas.  

El Baudoseño pudo conocer en fuentes oficiales datos del Censo de las personas que resultaron afectadas:

Familias damnificadas 35

Casas destruidas 4

Casas averiadas 7, se desconocen los motivos de la conflagración.

La Alcaldesa (E) Mary del Carmen Urrutia Murillo, hizo presencia en el lugar, y manifestó que, desde la administración municipal están atentos para la entrega oportunamente de las ayudas humanitarias para los damnificados, en la cual servirán para mitigar esta lamentable situación.

Es de tener en cuenta que el pasado 13 de abril del presente año, un voraz incendio se presentó en el mismo Barrio Chamblun y el sector Venecia entre calles 8 y 9, que dejó un saldo de 31 viviendas afectadas, 19 de ellas totalmente calcinadas, 12 averiadas, número de familias 41, para un total de 124 personas damnificadas.  

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Belén de Bajirá sigue siendo territorio del Departamento del Chocó: Alcalde Municipal de Riosucio Luis Enrique Mena Rentería.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca vuelve y falla Tutela a favor del Municipio de Riosucio sobre el tema limítrofe entre Chocó y Antioquia por Belén de Bajirá.

Mediante el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sección “D”, La Administración Municipal de Riosucio logra recuperar la captación financiera y administrativa de los ingresos que venía recibiendo Antioquia por conceptos de catastro y otros, del territorio de Belén de Bajirá, Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente.

El señor alcalde municipal de Riosucio; Luis Enrique Mena Rentería y su equipo de gobierno, recibieron con mucha satisfacción el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sección “D”, por medio de la cual obliga al departamento de Antioquia a entregar formalmente la información correspondiente a catastro correspondiente a los corregimientos en mención.

Una vez más los esfuerzos encaminados a defender el territorio de Belén de Bajirá en favor del departamento del Chocó, se ven reflejados en esta ocasión en una acción de tutela interpuesta por la Administración municipal de Riosucio, que deja en firme y ordena al Gobernador de Antioquía y al Alcalde de Mutatá, trasladar el censo catastral al municipio de Riosucio.

Luis Enrique Mena Rentería, Alcalde Municipal de Riosucio, en articulación con el Comité pro-defensa de Belén de Bajirá, conformado por Líderes de la Región del Darién Chocoano, han trabajado arduamente en la defensa de este territorio, manifestó; «Esto es el resultado de una gestión encaminada a favorecer el progreso de esta vasta región agrícola, a pesar que los recursos ingresan al departamento de Antioquía».

La decisión también conmina al IGAC, a terminar el proceso de actualización catastral lo que no deja duda que el esfuerzo fiscal y administrativo de la Administración de Riosucio, se vea reflejado en este territorio que es ha sido y será del departamento del Chocó.

Esta medida nos permite tener musculo financiero para generar la verdadera inversión que Belén de Bajirá, Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente necesitan para su desarrollo.

Con este logro dejaremos una administración con capacidad financiera y administrativa para que se puedan hacer las inversiones y así se vea el verdadero progreso en estas comunidades. El departamento del Chocó es la entidad territorial que debe tener a su disposición la información catastral para ejercer la facultad impositiva para el cobro del impuesto predial. Dijo el mandatario de los Riosuceños.

En Contexto.

Mediante oficio del 12 de febrero del 2019, El subdirector de Catastro del IGAC, solicitó al Director de Sistemas de Información y Catastro del Departamento de Antioquia, para que trasladara la información de los predios localizados en los municipios de Turbo y Mutatá.

En respuesta a dicha solicitud, mediante oficio fechado el 20 de febrero del 2019, el Director de Sistemas de Información y Catastro del Departamento de Antioquia, se negó a devolver el Catastro de Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Blanquicet y Macondo.

Seguidamente el 22 de abril del 2019, la Directora del Instituto Agustín Codazzi solicitó al señor gobernador de Antioquia en calidad de superior jerárquico, para que trasladara las bases de datos Catastrales de los predios de aquellos corregimientos desde los municipios de Turbo y Mutatá a las bases Catastrales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

De igual forma el Gobernador de Antioquia se negó a entregar rotundamente dicha información con sus conocidos argumentos.

El señor alcalde Municipal de Riosucio – Luis Enrique Mena Rentería.

El señor alcalde de Riosucio Luis Enrique Mena Rentería, solicitó copia de dichos documentos donde radicaron la petición a los funcionarios de la gobernación de Antioquia, y luego se dirigió hasta la Presidencia de la Republica donde puso en conocimiento dicha situación.

Respuesta de la oficina Jurídica de Presidencia de la Republica.

La oficina jurídica le respondió al mandatario que dentro de las funciones del Presidente de la República no se encuentra la de recordar a los gobernadores las obligaciones propias de su cargo.

Los directivos y funcionarios del Departamento de Antioquia siguen insistiendo que el conflicto limítrofe debe ser dirimido por el Congreso de la Republica y se decida la nulidad por el Concejo de Estado, caso que ya también es conocido por todos, que el Congreso devolvió el auto al IGAC, por competencias, argumentan los Antioqueños de la inversión que hicieron en la construcción de dicho catastro y que el caso no se resolvía con tutela.

Fallo de primera instancia.

En sentencia del 08 de agosto del 2019, El Juzgado (56) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, considero que la tutela si era procedente para que el Departamento de Antioquia entregara la información solicitada debido a que es de carácter público.

En este fallo se le ordena al departamento de Antioquia que tiene 10 días hábiles para para remitir la información requerida y no hizo caso a lo ordenado.

La directora del departamento administrativo de planeación de la Gobernación de Antioquia, impugnó la decisión de primera instancia, insisten que se debe esperar la decisión del Consejo de Estado dentro de la demanda de nulidad interpuesta por el IGAC, al igual que su jefe Luis Pérez, dice que esa entidad no tiene competencias para dirimir dicha situación.

El alcalde municipal de Mutatá de igual forma insiste que ellos invirtieron altas sumas de dinero en la construcción dichas bases de datos y que, es el Consejo de Estado que le corresponde emitir un fallo.

Los consejos comunitarios.

De acuerdo al fallo se constituyen en aliados fundamentales debido a que son los entes colectivos que ejercen la máxima autoridad de administración interna dentro de las tierras de las comunidades negras, de acuerdo a mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad.  

De igual forma argumenta la tutela, que el señor alcalde de Riosucio y los Concejos comunitarios están facultados como representantes de las comunidades a reclamar sus derechos.

La sala concluye que son preocupantes las criticadas reclamaciones del gobernador de Antioquia, la Gerente de Catastro, como el Director General de Información Catastral y el Alcalde de Mutatá.

El señor magistrado entre sus apartes prácticamente les dio cátedras de derecho a los gobernantes del Departamento de Antioquia en temas relacionados con la Administración Pública y nuevamente proceden a emitir el siguiente

Fallo.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección (D) Administrando Justicia en nombre de la Republica de Colombia falla:

Primero: Confírmese la tutela anterior de fecha 08 de agosto del 2019, proferida por el Juzgado (56) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C, en la cual tutela los derechos fundamentales y principios constitucionales y al debido proceso administrativo del Municipio de Riosucio – Chocó y los Consejos comunitarios La Larga, Tumaradó, Pedeguita, Mancilla, Dos Bocas y la Corporación para el desarrollo del Chocó de los consejos Municipales “Nelson Mandela”.

Segundo: Ordénese al Gobernador de Antioquia y Gerente de Catastro Departamental Antioquia que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, trasladen las bases de datos que poseen de los corregimientos de Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Blanquicet y Macondo, al director del IGAC, de cada una de las actuaciones, informar al Alcalde Municipal de Riosucio y a los representantes de los Consejos Comunitarios en mención.

Tercero: Ordénese al Director del IGAC que, si no hubiere hecho, proceda dentro de los 24 meses siguientes a la notificación de esta providencia a realizar completamente las actuaciones y operaciones administrativas de formación, actualización y conservación del Catastro de los Corregimientos mencionados.

Para facilitar el cumplimiento de esta orden Judicial, el IGAC, podrá expedir los actos administrativos y suscribir los convenios interadministrativos y contratos estatales a los que haya lugar.

Cuarto: Al día siguiente al vencimiento del termino señalado en las ordenes anteriores las autoridades accionadas deberán acreditar el cumplimiento de lo aquí expuesto remitiendo, con destino a este expediente, copia de las actuaciones que así lo demuestren.

Quinto: Reconocer personería al Abogado; Julio Cesar Ortiz Gutiérrez, apoderado de los Concejos Comunitarios mencionados.

Finalmente se notifica a las partes de lo actuado.

Es de tener en cuenta que el Abogado Julio Cesar Ortiz Gutiérrez, de igual forma ha venido actuando y defendiendo los derechos del Departamento del Chocó, contratado por el señor Gobernador del Chocó; Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, y ha ganado la batalla en todos los fallos emitidos hasta el momento a favor del Departamento del Chocó.  

Redacción EL BAUDOSEÑO, con base en el fallo Acción de Tutela 2019 – 00303 del primero de octubre del 2019.

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Corte Suprema llama a juicio a Nilton Córdoba por el cartel de la toga.

El alto tribunal investiga formalmente desde septiembre de 2018 al representante a la Cámara por el Chocó luego que el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, lo vinculara con presuntos sobornos a la justicia.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó al congresista Nilton Córdoba Manyoma por presuntamente participar en el escándalo del cartel de la toga: una organización ilegal de abogados y magistrados quienes, a cambio de millonarias sumas de dinero, direccionaban procesos judiciales. Su nombre apareció vinculado con las declaraciones el exfiscal Luis Gustavo Moreno, condenado por este mismo escándalo y quien fue extradidato a los Estados Unidos.

La Sala llamó al representante a la Cámara por el departamento del Chocó a juicio como presunto autor del delito de cohecho por dar u ofrecer, en concurso homogéneo y sucesivo agravado, en el expediente por hechos de posible corrupción en la justicia. Córdoba ya interpuso recurso de reposición contra esa decisión, según estableció este diario. La investigación apunta a que Córdoba habría pagado a los integrantes del «cartel» para evitar una orden de captura en su contra por su presunto rol en el lavado de activos de bandas criminales.

En su momento, el congresista estaba siendo investigado por la supuesta malversación de recursos públicos en el contrato de una sede para una alcaldía del Medio Baudó en su departamento. Según el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, Nilton Córdoba habría pagado $200 millones al entonces magistrado auxiliar, Camilo Andrés Ruiz, quien trabajaba para el magistrado Gustavo Malo, hoy suspendido de su cargo y en juicio ante la Sala de Primera Instancia del alto tribunal. A Ruiz, la Fiscalía le imputó cargos el pasado 26 de septiembre por supuestamente haber exigido $400 millones para entorpecer ese caso y uno contra la excongresista Argenis Velásquez.

Luis Gustavo Moreno agregó, en su momento, que el exmagistrado Francisco Ricaurte –hoy preso y enfrentando un juicio por estos hechos– fue el que le dijo a Nilton Córdoba que su captura era inminente y que debían empezar a trabajar, y fue él quien sugirió pedirle ayuda al exmagistrado auxiliar Ruiz para intervenir en el proceso, en relación con las supuestas irregularidades en la construcción de un proyecto cuando estuvo en la alcaldía del Medio Baudó.

Después de una negociación entre Córdoba y Ricaurte, el exfiscal aseguró que el congresista terminó pagando $460 millones, de los cuales $260 millones habría recibido el exmagistrado de la Sala Laboral. En respuesta a estos hechos, Nilton Córdoba le dijo a la revista Semana que sí habló con Luis Gustavo Moreno y que este le pidió $1.200 millones, pero no para el cartel de la toga, sino para que ejerciera su legítima defensa.

Fuente – El Espectador.

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