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Paz y Derechos humanos

Defensor del pueblo regional exige garantías de movilidad y trato digno por parte del ejercito a la ciudadanía en las vías del Chocó.

El Defensor del Pueblo Regional Chocó, amparado en la normatividad vigente que desarrolla la misión institucional de la Defensoría del Pueblo como agencia del ministerio público prevista en la Constitución Nacional, informa a la opinión pública, sociedad Chocoana en General, su preocupación por los excesos derivados de las acciones de protección a la población civil que actualmente desarrolla la Fuerza Pública – Ejército Nacional, en la vía Tadó- Santa Cecilia y Quibdó – Medellín.

La Fuerza de Tarea Conjunta Titán del Ejército Nacional, instala retenes en inmediaciones de Playa de Oro (vía Tadó – Santa Cecilia) y kilómetro 18 (Vía Quibdó-Medellín), y como consecuencia de la implementación de estos retenes en diferentes horarios del día se paraliza:

– El flujo de vehículos públicos y de particulares que recorren estas vías.   – El libre tránsito de personas que habitan en las comunidades asentadas en la carretera.  – La comercialización de alimentos y productos indispensables para la subsistencia los cuales aseguran el abastecimiento y alimentación de los pobladores de las comunidades aledañas.  – El traslado de enfermos y personas que requieren el acceso a prestaciones básicas.  – Las detenciones superan periodos hasta de cinco horas sin criterios de excepción para enfermos o estudiantes.

En este mismo sentido hemos recibido múltiples quejas y solicitudes de intervención defensorial por la desproporcionada medida restrictiva que se ha implementado, algunas quejas coinciden en lo siguiente:

– No hay libre tránsito por la vía, el ejército ha prohibido el desplazamiento de vehículos mientras dicho tránsito no sea acompañado por vehículos militares y personal del ejército.  – Los vehículos de particulares en los que se moviliza la población civil son acompañados por vehículos militares comandados por soldados visiblemente armados, lo que genera temor y exposición a ataques o represalias por parte de actores ilegales.  – Quienes se movilizan en estas vías no cuentan con otra opción diferente a esperar durante largas horas la caravana militar.  – El tiempo de espera es excesivo y tedioso, las personas comentan haber padecido hambre, ansiedad e incomodidades propias de la vía, así como alteraciones en sus agendas entre otros.  – Las condiciones de seguridad no están dadas en toda la vía. Las personas solicitan presencia militar en toda la vía y no únicamente en el tiempo de recorrido de las caravanas.

Los últimos hechos  han alterado el orden público por el deterioro de las relaciones de trato entre los militares y civiles al  punto que se han presentado bloqueos de camioneros,  discusiones (cargadas de improperios e insultos), inclusive con episodios de abuso de autoridad e irregular procedimiento por parte de unidades militares.

Lo anterior deja ver la desproporcionalidad en la restricción al derecho fundamental a la libertad en su dimensión de libre tránsito y otros, como la integridad personal, que se comprometen de manera significativa por la multiplicidad de afectaciones derivadas de los prolongados retenes militares instalados en estas zonas.

Además de lo expuesto, este despacho ha advertido sobre la preocupación que nos asiste respecto del contexto que rodea la situación descrita; la presencia de grupos insurgentes en la zona, el incentivo del conflicto armado interno, y en especial, los efectos derivados  de la condición de combatientes que las disposiciones que el Derecho Internacional Humanitario le asigna  a los miembros del Ejército Nacional ( como fuerzas armadas del Estado), en tanto que participan de manera directa en las hostilidades.

Lo anterior por cuanto el acompañamiento militar ( la proximidad de soldados y carros militares con los civiles)  puede dificultar para los actores ilegales las posibilidades de diferenciar entre combatientes y no combatientes y hacer a estos, destinatarios de ataques indiscriminados que atenten contra su vida e integridad personal, es decir, la población civil que se moviliza en compañía de agentes del ejército está expuesta, además de las represalias, a ataques directos contra su vida e integridad; sin que se entienda que este despacho considera que ello legitime o justifique tal ataque.

Los ciudadanos que aducen vulneración de sus derechos por estas situaciones, han acudido ante nuestra institución presentando queja formal de los hechos y tratos inadecuados e inapropiados por parte de integrantes del ejército nacional. Por lo tanto hemos presentado reiterados requerimientos y llamados de atención ante la autoridad militar competente, sin respuesta hasta el momento, con el ánimo que estas nos informen y expidan lo siguiente:

  1. Copia del acto administrativo que se expidió para determinar la legalidad de la actual medida restrictiva de circulación por la vía Quibdó – Medellín, Quibdó – Pereira. 2. Los criterios en virtud de los cuales se determinó que la medida adoptada resulta adecuada y necesaria para la finalidad perseguida. 3. El tiempo en que se mantendrá dicha medida 4. Si los ciudadanos cuentan con alternativas distintas que respondan a su necesidad de seguridad y libre locomoción.

El Defensor del Pueblo Regional Chocó, EXHORTA a las autoridades militares y al señor Gobernador del Departamento del Chocó, como responsable primario de la vigencia de los derechos humanos en su jurisdicción, para que además de conservar las condiciones de seguridad en las vías, se revisen las estrategias implementadas en aras de facilitar el tránsito vehicular, de manera que cesen las afectaciones que la ciudadanía ha expuesto.

Del mismo modo, EXIGE  a las autoridades militares que direccionen su proceder en el marco del respeto y la dignidad humana, garantizando siempre el trato adecuado a los ciudadanos por parte de las tropas presentes en los distintos destacamentos o retenes militares.

Finalmente, reiteramos el deber de responder las reiteradas solicitudes presentadas por este despacho para atender la problemática descrita, así como el  obligatorio cumplimiento del artículo 15 de la ley 24 de 1992, en el que sin más excepciones que las reservas previstas en la Constitución, señala el deber de todas las autoridades públicas así como los particulares a quienes se haya atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público, de suministrar la información necesaria para el efectivo ejercicio de las funciones del Defensor.   “Hemos seguido de cerca este preocupante tema, llevando la misma a la mesa de movilidad del Departamento, y requerido al Ejército Nacional, procurando una solución efectiva a las innumerables quejas de la ciudadanía, lo que no ha ocurrido, y antes por el contrario, se ha agravado la situación en la zona, con evidentes atropellos y abuso de autoridad como el registrado en video en la presente semana en la vía Quibdó – Pereira. Estamos solicitando la investigación del caso y las sanciones de rigor, para que episodios lamentables como éste no se repitan, al tiempo que, instauré acción de tutela en contra del Ejército Nacional por la omisión de respuesta y/o solución al asunto, que en contexto configura una violación a los Derechos Humanos y el DIH”, señaló el Defensor del Pueblo Regional Chocó Luis Enrique Abadía García.

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Paz y Derechos humanos

Denuncia pública guardia y docente indígena del pueblo katio entre la vida y la muerte por ataque de grupo armado dentro del resguardo Tahami de Alto Andágueda – Municipio de Bagadó.

El Consejo de Autoridades Indígenas de la ASOCIACIÓN OREWA, nos preocupa  la situación de orden público que padecen nuestras comunidades indígenas, por tal motivo denunciamos ante Gobierno Nacional, departamental, municipal y demás organismos e instituciones nacionales e internacionales, la presencia de actores armados ilegales que llegan a irrumpir la tranquilidad de las Comunidades Indígenas, que a su vez violan la Autonomía y Soberanía propia, como derechos adquiridos y sustentados bajo las normatividades jurídicas nacionales e internacionales. 

Por ello, nuestra organización regional rechaza y denuncia el hecho, que siendo alrededor de las 10:30 horas de la mañana del jueves 12 de septiembre de 2019, en la Comunidad Brisas, del Pueblo Embera Katio, en el punto conocido como el Puente Andágueda, – Resguardo Indígena Alto Andagueda, ubicado en el Municipio de Bagadó (Chocó), Miembros de grupos armados ilegales, atacaron en su territorio con arma de fuego a la Guardia Indígena de dicha comunidad y como consecuencia de los hechos, un Docente y Guardia Indígena, Misael Queragama Tequia, resulta gravemente herido  por un impacto de bala que ingresó por la parte inferior de su abdomen y sale por su pierna derecha, como consecuencia de este acto, a esta hora se debate entre la vida y la muerte.

Informamos también de las amenazas recibidas en reiteradas ocasiones, a nuestro líder y director del Centro Educativo Indígena Cascajero, Orlando Queragama Vitucay, quien ejerce su trabajo en este territorio y quien se encontraba en ese momento en el lugar de los hechos.

De igual manera, a partir de dicho episodio, los integrantes de la Comunidad Brisas se encuentran confinadas y en grave condición de desabastecimientos de elementos de primera necesidad como Alimentación y servicios de Salud.

Por lo anterior, solicitamos a las entidades estatales, al ministerio público de los niveles municipal, departamental y nacional, a fin de que de manera inmediata se implementen las correspondientes rutas de atención y reparación de los derechos de la población civil indígena en las necesidades básicas que los afecta.

A los grupos ilegales armados que operan en esta zona del territorio Chocoano, que en cumplimiento de la regulación internacional de los conflictos armados (DIH) y el respeto de los privilegios naturales de los niños, mujeres y civiles (DDHH) se abandone por parte de dichos grupos los territorios indígenas como escenario de confrontación bélica y no pongan en mayor riesgo a las comunidades.

CONSEJO DE AUTORIDADES INDÍGENAS ASOCIACIÓN OREWA.

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Paz y Derechos humanos

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas otorgó reconocimiento a 3 municipios del departamento del Chocó.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas otorgó reconocimiento a 3 municipios del departamento del Chocó, entre los que se encuentran Quibdó, Cantón de San Pablo y Bajo Baudó.

El reconocimiento se otorga a los entes territoriales, por su nivel de contribución ejemplar en el goce efectivo de los derechos de las víctimas.

Ramón Alberto Rodríguez Andrade, Director General de la Unidad para las Víctimas, envía un mensaje a los alcaldes salientes y entrantes a que se puedan hacer buenos empalmes para seguir trabajando en beneficio de la población.

Entrega de reconocimiento a la Administración Municipal de Quibdó.

Los reconocimientos a los tres municipios fueron entregados por la Directora Regional Chocó de la entidad; Yianny Vanessa Palacios Moreno, quien manifestó; “Esto es una invitación a que los mandatarios entrantes, conozcan sobre la política publica a víctimas y que se le dé la importancia al tema en el marco de la resolución 1448 de 2011.”

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Paz y Derechos humanos

Alcaldes del país rechazan asesinato y secuestro de candidatos a alcaldías en el Cauca y Chocó.

La Federación Colombiana de Municipios, en nombre de los alcaldes y alcaldesas del país, rechazan el asesinato de Karina García, candidata a la Alcaldía de Suárez – Cauca y el secuestro de Tulio Mosquera, candidato a la Alcaldía de Alto Baudó – Chocó.

“No podemos permitir que hechos como los ocurridos este fin de semana que pasó, se repitan. Los candidatos a cargos de elección popular en las regiones deben estar protegidos para que desarrollen el libre ejercicio de sus aspiraciones, sin presiones de grupos armados ilegales y sobretodo respetando su vida; es necesario impedir que volvamos a épocas aciagas, es un deber de todos los colombianos denunciar oportunamente cualquier hecho sospechoso de ser un delito contra la democracia, la vida y bienes de los colombianos” afirmó Gilberto Toro Giraldo, Director Ejecutivo de Fedemunicipios.

Asimismo, añadió que “los culpables del atroz asesinato de Karina García deben ser encontrados y judicializados lo más pronto posible, le pedimos al gobierno nacional y a las fuerzas militares capturar a estos criminales que atentan contra la democracia”.

Los alcaldes del país se solidarizan con los familiares de Karina García y las demás víctimas de estos hechos a su vez que piden la libertad inmediata de Tulio Mosquera.

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