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Paz y Derechos humanos

Defensor del pueblo regional exige garantías de movilidad y trato digno por parte del ejercito a la ciudadanía en las vías del Chocó.

El Defensor del Pueblo Regional Chocó, amparado en la normatividad vigente que desarrolla la misión institucional de la Defensoría del Pueblo como agencia del ministerio público prevista en la Constitución Nacional, informa a la opinión pública, sociedad Chocoana en General, su preocupación por los excesos derivados de las acciones de protección a la población civil que actualmente desarrolla la Fuerza Pública – Ejército Nacional, en la vía Tadó- Santa Cecilia y Quibdó – Medellín.

La Fuerza de Tarea Conjunta Titán del Ejército Nacional, instala retenes en inmediaciones de Playa de Oro (vía Tadó – Santa Cecilia) y kilómetro 18 (Vía Quibdó-Medellín), y como consecuencia de la implementación de estos retenes en diferentes horarios del día se paraliza:

– El flujo de vehículos públicos y de particulares que recorren estas vías.   – El libre tránsito de personas que habitan en las comunidades asentadas en la carretera.  – La comercialización de alimentos y productos indispensables para la subsistencia los cuales aseguran el abastecimiento y alimentación de los pobladores de las comunidades aledañas.  – El traslado de enfermos y personas que requieren el acceso a prestaciones básicas.  – Las detenciones superan periodos hasta de cinco horas sin criterios de excepción para enfermos o estudiantes.

En este mismo sentido hemos recibido múltiples quejas y solicitudes de intervención defensorial por la desproporcionada medida restrictiva que se ha implementado, algunas quejas coinciden en lo siguiente:

– No hay libre tránsito por la vía, el ejército ha prohibido el desplazamiento de vehículos mientras dicho tránsito no sea acompañado por vehículos militares y personal del ejército.  – Los vehículos de particulares en los que se moviliza la población civil son acompañados por vehículos militares comandados por soldados visiblemente armados, lo que genera temor y exposición a ataques o represalias por parte de actores ilegales.  – Quienes se movilizan en estas vías no cuentan con otra opción diferente a esperar durante largas horas la caravana militar.  – El tiempo de espera es excesivo y tedioso, las personas comentan haber padecido hambre, ansiedad e incomodidades propias de la vía, así como alteraciones en sus agendas entre otros.  – Las condiciones de seguridad no están dadas en toda la vía. Las personas solicitan presencia militar en toda la vía y no únicamente en el tiempo de recorrido de las caravanas.

Los últimos hechos  han alterado el orden público por el deterioro de las relaciones de trato entre los militares y civiles al  punto que se han presentado bloqueos de camioneros,  discusiones (cargadas de improperios e insultos), inclusive con episodios de abuso de autoridad e irregular procedimiento por parte de unidades militares.

Lo anterior deja ver la desproporcionalidad en la restricción al derecho fundamental a la libertad en su dimensión de libre tránsito y otros, como la integridad personal, que se comprometen de manera significativa por la multiplicidad de afectaciones derivadas de los prolongados retenes militares instalados en estas zonas.

Además de lo expuesto, este despacho ha advertido sobre la preocupación que nos asiste respecto del contexto que rodea la situación descrita; la presencia de grupos insurgentes en la zona, el incentivo del conflicto armado interno, y en especial, los efectos derivados  de la condición de combatientes que las disposiciones que el Derecho Internacional Humanitario le asigna  a los miembros del Ejército Nacional ( como fuerzas armadas del Estado), en tanto que participan de manera directa en las hostilidades.

Lo anterior por cuanto el acompañamiento militar ( la proximidad de soldados y carros militares con los civiles)  puede dificultar para los actores ilegales las posibilidades de diferenciar entre combatientes y no combatientes y hacer a estos, destinatarios de ataques indiscriminados que atenten contra su vida e integridad personal, es decir, la población civil que se moviliza en compañía de agentes del ejército está expuesta, además de las represalias, a ataques directos contra su vida e integridad; sin que se entienda que este despacho considera que ello legitime o justifique tal ataque.

Los ciudadanos que aducen vulneración de sus derechos por estas situaciones, han acudido ante nuestra institución presentando queja formal de los hechos y tratos inadecuados e inapropiados por parte de integrantes del ejército nacional. Por lo tanto hemos presentado reiterados requerimientos y llamados de atención ante la autoridad militar competente, sin respuesta hasta el momento, con el ánimo que estas nos informen y expidan lo siguiente:

  1. Copia del acto administrativo que se expidió para determinar la legalidad de la actual medida restrictiva de circulación por la vía Quibdó – Medellín, Quibdó – Pereira. 2. Los criterios en virtud de los cuales se determinó que la medida adoptada resulta adecuada y necesaria para la finalidad perseguida. 3. El tiempo en que se mantendrá dicha medida 4. Si los ciudadanos cuentan con alternativas distintas que respondan a su necesidad de seguridad y libre locomoción.

El Defensor del Pueblo Regional Chocó, EXHORTA a las autoridades militares y al señor Gobernador del Departamento del Chocó, como responsable primario de la vigencia de los derechos humanos en su jurisdicción, para que además de conservar las condiciones de seguridad en las vías, se revisen las estrategias implementadas en aras de facilitar el tránsito vehicular, de manera que cesen las afectaciones que la ciudadanía ha expuesto.

Del mismo modo, EXIGE  a las autoridades militares que direccionen su proceder en el marco del respeto y la dignidad humana, garantizando siempre el trato adecuado a los ciudadanos por parte de las tropas presentes en los distintos destacamentos o retenes militares.

Finalmente, reiteramos el deber de responder las reiteradas solicitudes presentadas por este despacho para atender la problemática descrita, así como el  obligatorio cumplimiento del artículo 15 de la ley 24 de 1992, en el que sin más excepciones que las reservas previstas en la Constitución, señala el deber de todas las autoridades públicas así como los particulares a quienes se haya atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público, de suministrar la información necesaria para el efectivo ejercicio de las funciones del Defensor.   “Hemos seguido de cerca este preocupante tema, llevando la misma a la mesa de movilidad del Departamento, y requerido al Ejército Nacional, procurando una solución efectiva a las innumerables quejas de la ciudadanía, lo que no ha ocurrido, y antes por el contrario, se ha agravado la situación en la zona, con evidentes atropellos y abuso de autoridad como el registrado en video en la presente semana en la vía Quibdó – Pereira. Estamos solicitando la investigación del caso y las sanciones de rigor, para que episodios lamentables como éste no se repitan, al tiempo que, instauré acción de tutela en contra del Ejército Nacional por la omisión de respuesta y/o solución al asunto, que en contexto configura una violación a los Derechos Humanos y el DIH”, señaló el Defensor del Pueblo Regional Chocó Luis Enrique Abadía García.

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ELN Perpetró un nuevo secuestro en el Chocó.

El Gobierno Nacional, a través del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, hizo una denuncia en contra del ELN. Según indicó, el grupo armado habría secuestrado a Edwin Octavio Sánchez Correa, un comerciante que vivía en el municipio de Riosucio, Chocó.

Según las autoridades, el acto lo habría ejecutado el frente Cacique Calarcá. Con este caso, ya son 13 las personas que están en manos de este grupo guerrillero.

«Hoy hemos conocido que hay otro secuestrado en manos del ELN en la zona del Chocó. El señor Edwin Octavio Sánchez se une a la señora Diana María Toro y a Freddy Rangel. Estos últimos también fueron secuestrados en la misma región”, dijo el funcionario.

La denuncia la realizó durante el Primer Encuentro Subregional de Alcaldes y Secretarios de Gobierno de Urabá y el Darién Chocoano.

El Chocó es un territorio que en la actualidad sufre de constantes enfrentamientos entre la guerrilla armada del ELN, narcotraficantes y disidencias de las Farc que no se acogieron el proceso de paz. Una constante guerra territorial por aquellas tierras donde se practica la minería y se cultivan productos ilícitos.

El ELN y el Gobierno.

Este secuestro sucedió días después de que el Gobierno Nacional anunciara de manera oficial la solicitud para extraditar a alias Gabino, máximo jefe del Comando Central (Coce) de esta guerrilla. También a Pablo Beltrán, Alirio Sepúlveda y alias ‘Silvana’.

Estos son los principales implicados en el atentado que se perpetuó contra la Escuela de Policía General Santander, el pasado jueves 17 de enero.

“El Fiscal General de la Nación y los jueces están cumpliendo los requisitos previos que se necesitan para formalizar esas extradiciones. En las próximas semanas se formalizarán. Serían cuatro miembros de la dirección Nacional del ELN, que reconoció ese delito, ese acto criminal”, dijo Ceballos.

Crédito: Red Medios Digital.

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Implementación de la estrategia Nuestro Unicef en Quibdó.

La alcaldía de Quibdó a través de la Secretaría de Educación, en articulación con la Ludoteca Naves, UNICEF, ICBF y Fundación Plan, realiza la Tercera Sesión de la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio de Quibdó.

La cual tiene como fin implementar la estrategia NUESTRO UNICEF, con la que se pretende fortalecer espacios para la reconciliación y la convivencia pacífica, espacios de formación y transformaciones de entornos, a partir de las capacidades de los niños, niñas y adolescentes. Lo que les permitirá, tener claridad en la construcción de su proyecto de vida, resolución de conflictos, manejo de problemas, comunicación, expresión artística, pensamiento crítico, toma de decisiones, creatividad, innovación, empatia y respeto.

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Paz y Derechos humanos

ICBF brinda apoyo a familias en el Litoral del San Juan, Chocó.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) inició un proceso de acompañamiento psicosocial a 64 niñas y niños que hacen parte de los programas institucionales de la Entidad y que se encuentran en la cabecera municipal del Litoral del San Juan en el departamento del Chocó.

Para la realización de esta labor, los profesionales del Centro Zonal Istmina del ICBF se desplazaron hasta el lugar con el propósito de garantizar la prestación de los servicios que brinda el Instituto a las comunidades indígenas Pichimá que salieron de sus poblados.

Finalmente, el ICBF señaló que ante esta contingencia se están atendiendo a los menores de edad en dos hogares comunitarios de la modalidad de Desarrollo Infantil en Medio Familiar en el Chocó.

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