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Paz y Derechos humanos

Defensor del pueblo regional exige garantías de movilidad y trato digno por parte del ejercito a la ciudadanía en las vías del Chocó.

El Defensor del Pueblo Regional Chocó, amparado en la normatividad vigente que desarrolla la misión institucional de la Defensoría del Pueblo como agencia del ministerio público prevista en la Constitución Nacional, informa a la opinión pública, sociedad Chocoana en General, su preocupación por los excesos derivados de las acciones de protección a la población civil que actualmente desarrolla la Fuerza Pública – Ejército Nacional, en la vía Tadó- Santa Cecilia y Quibdó – Medellín.

La Fuerza de Tarea Conjunta Titán del Ejército Nacional, instala retenes en inmediaciones de Playa de Oro (vía Tadó – Santa Cecilia) y kilómetro 18 (Vía Quibdó-Medellín), y como consecuencia de la implementación de estos retenes en diferentes horarios del día se paraliza:

– El flujo de vehículos públicos y de particulares que recorren estas vías.   – El libre tránsito de personas que habitan en las comunidades asentadas en la carretera.  – La comercialización de alimentos y productos indispensables para la subsistencia los cuales aseguran el abastecimiento y alimentación de los pobladores de las comunidades aledañas.  – El traslado de enfermos y personas que requieren el acceso a prestaciones básicas.  – Las detenciones superan periodos hasta de cinco horas sin criterios de excepción para enfermos o estudiantes.

En este mismo sentido hemos recibido múltiples quejas y solicitudes de intervención defensorial por la desproporcionada medida restrictiva que se ha implementado, algunas quejas coinciden en lo siguiente:

– No hay libre tránsito por la vía, el ejército ha prohibido el desplazamiento de vehículos mientras dicho tránsito no sea acompañado por vehículos militares y personal del ejército.  – Los vehículos de particulares en los que se moviliza la población civil son acompañados por vehículos militares comandados por soldados visiblemente armados, lo que genera temor y exposición a ataques o represalias por parte de actores ilegales.  – Quienes se movilizan en estas vías no cuentan con otra opción diferente a esperar durante largas horas la caravana militar.  – El tiempo de espera es excesivo y tedioso, las personas comentan haber padecido hambre, ansiedad e incomodidades propias de la vía, así como alteraciones en sus agendas entre otros.  – Las condiciones de seguridad no están dadas en toda la vía. Las personas solicitan presencia militar en toda la vía y no únicamente en el tiempo de recorrido de las caravanas.

Los últimos hechos  han alterado el orden público por el deterioro de las relaciones de trato entre los militares y civiles al  punto que se han presentado bloqueos de camioneros,  discusiones (cargadas de improperios e insultos), inclusive con episodios de abuso de autoridad e irregular procedimiento por parte de unidades militares.

Lo anterior deja ver la desproporcionalidad en la restricción al derecho fundamental a la libertad en su dimensión de libre tránsito y otros, como la integridad personal, que se comprometen de manera significativa por la multiplicidad de afectaciones derivadas de los prolongados retenes militares instalados en estas zonas.

Además de lo expuesto, este despacho ha advertido sobre la preocupación que nos asiste respecto del contexto que rodea la situación descrita; la presencia de grupos insurgentes en la zona, el incentivo del conflicto armado interno, y en especial, los efectos derivados  de la condición de combatientes que las disposiciones que el Derecho Internacional Humanitario le asigna  a los miembros del Ejército Nacional ( como fuerzas armadas del Estado), en tanto que participan de manera directa en las hostilidades.

Lo anterior por cuanto el acompañamiento militar ( la proximidad de soldados y carros militares con los civiles)  puede dificultar para los actores ilegales las posibilidades de diferenciar entre combatientes y no combatientes y hacer a estos, destinatarios de ataques indiscriminados que atenten contra su vida e integridad personal, es decir, la población civil que se moviliza en compañía de agentes del ejército está expuesta, además de las represalias, a ataques directos contra su vida e integridad; sin que se entienda que este despacho considera que ello legitime o justifique tal ataque.

Los ciudadanos que aducen vulneración de sus derechos por estas situaciones, han acudido ante nuestra institución presentando queja formal de los hechos y tratos inadecuados e inapropiados por parte de integrantes del ejército nacional. Por lo tanto hemos presentado reiterados requerimientos y llamados de atención ante la autoridad militar competente, sin respuesta hasta el momento, con el ánimo que estas nos informen y expidan lo siguiente:

  1. Copia del acto administrativo que se expidió para determinar la legalidad de la actual medida restrictiva de circulación por la vía Quibdó – Medellín, Quibdó – Pereira. 2. Los criterios en virtud de los cuales se determinó que la medida adoptada resulta adecuada y necesaria para la finalidad perseguida. 3. El tiempo en que se mantendrá dicha medida 4. Si los ciudadanos cuentan con alternativas distintas que respondan a su necesidad de seguridad y libre locomoción.

El Defensor del Pueblo Regional Chocó, EXHORTA a las autoridades militares y al señor Gobernador del Departamento del Chocó, como responsable primario de la vigencia de los derechos humanos en su jurisdicción, para que además de conservar las condiciones de seguridad en las vías, se revisen las estrategias implementadas en aras de facilitar el tránsito vehicular, de manera que cesen las afectaciones que la ciudadanía ha expuesto.

Del mismo modo, EXIGE  a las autoridades militares que direccionen su proceder en el marco del respeto y la dignidad humana, garantizando siempre el trato adecuado a los ciudadanos por parte de las tropas presentes en los distintos destacamentos o retenes militares.

Finalmente, reiteramos el deber de responder las reiteradas solicitudes presentadas por este despacho para atender la problemática descrita, así como el  obligatorio cumplimiento del artículo 15 de la ley 24 de 1992, en el que sin más excepciones que las reservas previstas en la Constitución, señala el deber de todas las autoridades públicas así como los particulares a quienes se haya atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público, de suministrar la información necesaria para el efectivo ejercicio de las funciones del Defensor.   “Hemos seguido de cerca este preocupante tema, llevando la misma a la mesa de movilidad del Departamento, y requerido al Ejército Nacional, procurando una solución efectiva a las innumerables quejas de la ciudadanía, lo que no ha ocurrido, y antes por el contrario, se ha agravado la situación en la zona, con evidentes atropellos y abuso de autoridad como el registrado en video en la presente semana en la vía Quibdó – Pereira. Estamos solicitando la investigación del caso y las sanciones de rigor, para que episodios lamentables como éste no se repitan, al tiempo que, instauré acción de tutela en contra del Ejército Nacional por la omisión de respuesta y/o solución al asunto, que en contexto configura una violación a los Derechos Humanos y el DIH”, señaló el Defensor del Pueblo Regional Chocó Luis Enrique Abadía García.

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Paz y Derechos humanos

5 Comunidades Indígenas del Municipio del Alto Baudó llegan hasta Pie de Pató huyendo del conflicto armado.

Otras comunidades entre ellas la de Apartadó estarían confinadas.

El Baudoseño pudo conocer en fuentes de la Personería Municipal del Alto Baudó, que por lo menos 5 comunidades Indígenas llegaron hasta Pie de Pató en condición de desplazadas.

Fotos – El Baudoseño.

Entre las comunidades se encuentran; Vacal, Geandó, Pinchindé, Villa Eugenia y Puerto Peñal, de igual forma se pudo conocer que otras comunidades habitadas por Negros e Indígenas estarían confinadas, por la presencia de actores armados, que se disputan el territorio.

Hasta el momento se tiene un consolidado preliminar de unas 120 familia aproximadamente que huyen del conflicto armado.

Entre los desplazados se encuentran especialmente niños, madres gestantes y adultos mayores, quienes han estado recibiendo acompañamiento de la Personería Municipal, la Cruz Roja y otras entidades que atienden Programas de primera infancia en la zona y han brindado alimentación en las denominadas hoyas comunitarias para mitigar un poco la situación.

El señor Personero Municipal del Alto Baudó; Eriberto Andrades, manifestó a este medio, que se encuentran en proceso de verificación y Censo de la población desplazada.

Por su parte los Indígenas desplazados, esperan se les brinde acompañamiento y ayudas humanitarias.

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Paz y Derechos humanos

Reclutamiento de menores ha aumentado 30% en Antioquia, Chocó y Córdoba, según Ejército.

El Ejército Nacional confirmó que el reclutamiento de menores de edad ha aumentado en un 30% en departamentos como Antioquia, Chocó y Córdoba, debido a la presencia de grupos armados.

La Séptima División de la institución confirmó que en lo corrido del año han recuperado a 152 menores que han sido conducidos al ICBF luego de ser víctimas del reclutamiento por parte de grupos como el “Clan del Golfo”.

El comandante de esta división, general Juan Carlos Ramírez, explicó que del “Clan del Golfo” han recuperado 48 menores, mientras que del ELN nueve, de las disidencias de las FARC cuatro más, y de otros grupos delincuenciales cerca de 60.

“Están empleando nuestros menores para generar el crimen y generar violencia en cada uno de los departamentos. Todos estos menores de edad han sido entregados al ICBF y algunos de esos menores hemos podido comprobar que han abandonado los centros de cuidado y atención al menor de edad para regresar a delinquir”, afirmó el comandante.

Además, el alto oficial dijo que muchos de estos niños que caen en manos de la delincuencia lo hacen al parecer por huir del maltrato en sus hogares, por lo cual hizo un llamado a los padres de familia y responsables para que no generen este tipo de situaciones en las viviendas que desencadenen en esta problemática.

Fuente – Cablenoticias.

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Paz y Derechos humanos

Muertos de la masacre de Bojayá de vuelta a su tierra.

Desde el aeropuerto Olaya Herrera, en la ciudad de Medellín, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, acompañaron el embarque de los cofres en los cuerpos de las víctimas de la masacre de Bojayá.

A bordo de un helicóptero Mil Mi-17, de fabricación rusa, proporcionado por la ONU, inició el proceso de entrega de los cofres en los que reposan los cuerpos de las víctimas de la masacre de Bojayá.

Entre el 11 y el 18 de noviembre, la Unidad para las Víctimas, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal, participarán en el Acto de Entrega formal de los muertos de la masacre del 2 de mayo del 2002 en Bojayá, Chocó. Los cuerpos fueron exhumados por segunda vez en mayo de 2017 para lograr su identificación.

Este 11 de noviembre comenzó el proceso de la llegada de los cuerpos, el velorio y el entierro colectivo de 79 cuerpos. Desde el aeropuerto Olaya Herrera, en la ciudad de Medellín, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, aseguró que “gracias a los helicópteros de las Naciones Unidas vamos a llegar a Vigía del Fuerte y allí vamos a entregar los cuerpos a las comunidades, para que pueda iniciar el proceso de duelo”.

Ahora que los cuerpos de las víctimas de esta masacre, ocurrida en el 2002, en el departamento de Chocó, se encuentran en su tierra, iniciarán un recorrido por Vigía del Fuerte, Bellavista (Viejo), Bellavista (Nuevo), Pogue y las demás comunidades rivereñas, donde recibirán un homenaje y su último adiós.

Luego de las explicaciones técnico-científicas, el 16 de noviembre se cumplirán los actos y ritos. “Como Unidad para las Víctimas acompañaremos los actos de entierro final, nosotros realizaremos todo el acompañamiento por parte del equipo psicosocial, hoy lo que haremos es entregar estos cuerpos y se inicia un proceso de acompañamiento para que las comunidades realicen los rituales de acuerdo a sus usos y costumbres”, explicó el director de la entidad.

Millonaria inversión para entierro final y rituales.

Con el fin de cumplir con las características diferenciales de esta comunidad étnica, la Unidad para las Víctimas dispuso de más de 1.500 millones de pesos con el fin de garantizar la participación de los familiares directos de las víctimas de la masacre de Bojayá, que estarán presentes del 11 al 19 de noviembre en los actos de entrega formal de los muertos en este hecho violento.

El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, explicó que con dichos recursos se asegurará que los familiares directos de las víctimas (cónyuges, padres, hijos, hermanos, sin importar el número) o máximo 5 personas por víctima para los casos que no existan familiares directos, participen de todos los actos. “Bajo sus principios y sus costumbres, la Unidad para las Victimas apoyará este proceso, que nos demanda una inversión entre 1.500 y 2.000 millones de pesos con los que estamos garantizando el transporte de las comunidades, la alimentación y alojamiento de todos los días que ellos requieren”, agregó.

Igualmente, la Unidad proveerá todos los materiales necesarios para los actos simbólicos previstos por la comunidad para el recibimiento de los cuerpos en Bellavista y su recorrido por el río, al igual que los actos simbólicos para el viaje de los cuerpos a Pogue. El director de la entidad aseguró que «también se ha realizado el acompañamiento psicosocial que han tenido desde el primer momento que se hicieron los procesos de concertación y exhumación”.

Tres sujetos de reparación colectiva.

En Bojayá, hay tres Sujetos de Reparación Colectiva:  La Comunidad Afro de Bellavista, cuyo plan se encuentra en fase de implementación, los Consejos Comunitarios de Bojayá, compuesto por 19 Consejos Comunitarios y se encuentra en fase de formulación y las Comunidades Indígenas de Bojayá, compuesto por 32 comunidades, que se encuentran en la fase de implementación.

En la Comunidad Afro de Bellavista la Unidad para las Víctimas ha realizado una inversión total de $1.032 millones entre el proceso de ruta e implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC).

Con respecto al sujeto de reparación Consejos Comunitarios de Bojayá, se ha realizado acompañamiento durante el desarrollo de la ruta y se proyecta la protocolización del PIRC para inicios del mes de diciembre.

En lo referente al colectivo Comunidades Indígenas embera – dóbida de Bojayá, su PIRC se encuentra en proceso de implementación y las primeras dotaciones que se harán entrega durante la vigencia 2019 son: la entrega de tres embarcaciones comunitarias, entrega de materiales de construcción para la construcción de tres tambos (Kiosco comunitario).

Más de 850 Bojayaseños indemnizados.

En el Departamento del Chocó se han indemnizado 13.043 personas por un valor de cercano a los $101.000 millones.

En lo que respecta al municipio de Bojayá, se han indemnizado 871 personas por un valor cercano a los $7.000 millones

Retornos y reubicaciones.

El Plan de retorno y reubicación fue aprobado el 29 de junio de 2016 y las comunidades que actualmente son acompañadas para este fin son la comunidad indígena Chau pertenecientes a la etnia embera y tres comunidades afrodescendientes denominadas Bellavista, Pueblo Nuevo y Amburridó.  El total de hogares acompañados es de 138 y de personas 667.

En agosto de 2014, con recursos pertenecientes a Esquemas especiales de acompañamiento comunitarios la Unidad entregó insumos y materiales para el arreglo de la Iglesia de Bojayá, mientras que la Alcaldía municipal aportó la mano de obra.

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