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Paz y Derechos humanos

Defensor del pueblo regional exige garantías de movilidad y trato digno por parte del ejercito a la ciudadanía en las vías del Chocó.

El Defensor del Pueblo Regional Chocó, amparado en la normatividad vigente que desarrolla la misión institucional de la Defensoría del Pueblo como agencia del ministerio público prevista en la Constitución Nacional, informa a la opinión pública, sociedad Chocoana en General, su preocupación por los excesos derivados de las acciones de protección a la población civil que actualmente desarrolla la Fuerza Pública – Ejército Nacional, en la vía Tadó- Santa Cecilia y Quibdó – Medellín.

La Fuerza de Tarea Conjunta Titán del Ejército Nacional, instala retenes en inmediaciones de Playa de Oro (vía Tadó – Santa Cecilia) y kilómetro 18 (Vía Quibdó-Medellín), y como consecuencia de la implementación de estos retenes en diferentes horarios del día se paraliza:

– El flujo de vehículos públicos y de particulares que recorren estas vías.   – El libre tránsito de personas que habitan en las comunidades asentadas en la carretera.  – La comercialización de alimentos y productos indispensables para la subsistencia los cuales aseguran el abastecimiento y alimentación de los pobladores de las comunidades aledañas.  – El traslado de enfermos y personas que requieren el acceso a prestaciones básicas.  – Las detenciones superan periodos hasta de cinco horas sin criterios de excepción para enfermos o estudiantes.

En este mismo sentido hemos recibido múltiples quejas y solicitudes de intervención defensorial por la desproporcionada medida restrictiva que se ha implementado, algunas quejas coinciden en lo siguiente:

– No hay libre tránsito por la vía, el ejército ha prohibido el desplazamiento de vehículos mientras dicho tránsito no sea acompañado por vehículos militares y personal del ejército.  – Los vehículos de particulares en los que se moviliza la población civil son acompañados por vehículos militares comandados por soldados visiblemente armados, lo que genera temor y exposición a ataques o represalias por parte de actores ilegales.  – Quienes se movilizan en estas vías no cuentan con otra opción diferente a esperar durante largas horas la caravana militar.  – El tiempo de espera es excesivo y tedioso, las personas comentan haber padecido hambre, ansiedad e incomodidades propias de la vía, así como alteraciones en sus agendas entre otros.  – Las condiciones de seguridad no están dadas en toda la vía. Las personas solicitan presencia militar en toda la vía y no únicamente en el tiempo de recorrido de las caravanas.

Los últimos hechos  han alterado el orden público por el deterioro de las relaciones de trato entre los militares y civiles al  punto que se han presentado bloqueos de camioneros,  discusiones (cargadas de improperios e insultos), inclusive con episodios de abuso de autoridad e irregular procedimiento por parte de unidades militares.

Lo anterior deja ver la desproporcionalidad en la restricción al derecho fundamental a la libertad en su dimensión de libre tránsito y otros, como la integridad personal, que se comprometen de manera significativa por la multiplicidad de afectaciones derivadas de los prolongados retenes militares instalados en estas zonas.

Además de lo expuesto, este despacho ha advertido sobre la preocupación que nos asiste respecto del contexto que rodea la situación descrita; la presencia de grupos insurgentes en la zona, el incentivo del conflicto armado interno, y en especial, los efectos derivados  de la condición de combatientes que las disposiciones que el Derecho Internacional Humanitario le asigna  a los miembros del Ejército Nacional ( como fuerzas armadas del Estado), en tanto que participan de manera directa en las hostilidades.

Lo anterior por cuanto el acompañamiento militar ( la proximidad de soldados y carros militares con los civiles)  puede dificultar para los actores ilegales las posibilidades de diferenciar entre combatientes y no combatientes y hacer a estos, destinatarios de ataques indiscriminados que atenten contra su vida e integridad personal, es decir, la población civil que se moviliza en compañía de agentes del ejército está expuesta, además de las represalias, a ataques directos contra su vida e integridad; sin que se entienda que este despacho considera que ello legitime o justifique tal ataque.

Los ciudadanos que aducen vulneración de sus derechos por estas situaciones, han acudido ante nuestra institución presentando queja formal de los hechos y tratos inadecuados e inapropiados por parte de integrantes del ejército nacional. Por lo tanto hemos presentado reiterados requerimientos y llamados de atención ante la autoridad militar competente, sin respuesta hasta el momento, con el ánimo que estas nos informen y expidan lo siguiente:

  1. Copia del acto administrativo que se expidió para determinar la legalidad de la actual medida restrictiva de circulación por la vía Quibdó – Medellín, Quibdó – Pereira. 2. Los criterios en virtud de los cuales se determinó que la medida adoptada resulta adecuada y necesaria para la finalidad perseguida. 3. El tiempo en que se mantendrá dicha medida 4. Si los ciudadanos cuentan con alternativas distintas que respondan a su necesidad de seguridad y libre locomoción.

El Defensor del Pueblo Regional Chocó, EXHORTA a las autoridades militares y al señor Gobernador del Departamento del Chocó, como responsable primario de la vigencia de los derechos humanos en su jurisdicción, para que además de conservar las condiciones de seguridad en las vías, se revisen las estrategias implementadas en aras de facilitar el tránsito vehicular, de manera que cesen las afectaciones que la ciudadanía ha expuesto.

Del mismo modo, EXIGE  a las autoridades militares que direccionen su proceder en el marco del respeto y la dignidad humana, garantizando siempre el trato adecuado a los ciudadanos por parte de las tropas presentes en los distintos destacamentos o retenes militares.

Finalmente, reiteramos el deber de responder las reiteradas solicitudes presentadas por este despacho para atender la problemática descrita, así como el  obligatorio cumplimiento del artículo 15 de la ley 24 de 1992, en el que sin más excepciones que las reservas previstas en la Constitución, señala el deber de todas las autoridades públicas así como los particulares a quienes se haya atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público, de suministrar la información necesaria para el efectivo ejercicio de las funciones del Defensor.   “Hemos seguido de cerca este preocupante tema, llevando la misma a la mesa de movilidad del Departamento, y requerido al Ejército Nacional, procurando una solución efectiva a las innumerables quejas de la ciudadanía, lo que no ha ocurrido, y antes por el contrario, se ha agravado la situación en la zona, con evidentes atropellos y abuso de autoridad como el registrado en video en la presente semana en la vía Quibdó – Pereira. Estamos solicitando la investigación del caso y las sanciones de rigor, para que episodios lamentables como éste no se repitan, al tiempo que, instauré acción de tutela en contra del Ejército Nacional por la omisión de respuesta y/o solución al asunto, que en contexto configura una violación a los Derechos Humanos y el DIH”, señaló el Defensor del Pueblo Regional Chocó Luis Enrique Abadía García.

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Paz y Derechos humanos

Durante la pandemia más de 400 víctimas han recibido su indemnización en la territorial Urabá-Darién.

La Unidad para las Víctimas en esta zona del país sigue cumpliendo con la atención y la reparación a los sobrevivientes del conflicto.

En desarrollo de los compromisos adquiridos por el Gobierno nacional, en el marco de la emergencia sanitaria que vive Colombia y el mundo, en el Urabá antioqueño y el Darién chocoano, la Unidad para las Víctimas ha indemnizado a 430 sobrevivientes por valor de $2.200 millones.

Las entregas efectuadas mediante estrategias interinstitucionales de inclusión al sistema financiero de bancarización, entre otras, y de acuerdo con los protocolos y medidas preventivas definidas por las autoridades sanitarias, han permitido que las víctimas residentes en los 14 municipios de esta región recibieran las indemnizaciones cumpliendo con los requisitos de priorización.

“Venimos dando cumplimiento a estas entregas con los debidos cuidados tanto para las víctimas como para nuestros profesionales, para entregarles a las víctimas su indemnización, la ayuda humanitaria y demás servicios a los que tienen derecho. Estos recursos son un gran alivio en estas críticas circunstancias que se afrontan”, manifestó Elizabeth Granada Ríos, directora de la territorial Urabá-Darién de la Unidad.

“Vamos a arreglar el techo de la casa que se nos entra el agua, para comprar otras cosas que se necesitan para el muchacho, que tenga un buen lugar para dormir”, manifestó el padre y acompañante de *Álvaro Cuello, un joven víctima con discapacidad que apoya a su padre y a su tía trabajando como reciclador en Apartadó.

Desde que se dieron las directrices del Gobierno nacional para la agilización y adelanto de los pagos de atención humanitaria y de entrega de indemnizaciones programadas en la vigencia, la Unidad no ha parado en este proceso, implementando la ampliación de plazos en el cobro de los pagos, entre otras medidas.   

En esta territorial, en lo corrido de 2020 la Unidad para las Víctimas ha entregado 3.125 indemnizaciones y 18.688 giros de Atención Humanitaria.

Granada Ríos, reiteró que todos los trámites ante la Unidad para las Víctimas son gratuitos y que no requieren intermediarios, ni tramitadores, asimismo les pidió solicitar en el momento de recibir cualquier pago los respectivos desprendibles, en el caso de la ayuda humanitaria verificar el monto entregado, en los puntos autorizados.

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Paz y Derechos humanos

Fiscalía General de la Nación logró judicialización de siete soldados regulares del Ejército Nacional por abuso sexual de niña indígena en Risaralda.

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, reveló que ante un juez de control de garantías fueron presentados siete soldados regulares del Ejército Nacional, investigados por el abuso sexual del que fue víctima una niña de la comunidad indígena Embera, en el corregimiento de Santa Cecilia, en Pueblo Rico (Risaralda).

Desde Cali (Valle del Cauca), el Fiscal General señaló que los uniformados fueron imputados por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice. Los cargos fueron aceptados por los procesados.

“En menos de 72 horas, en un enlace con las diferentes autoridades, y en una acción liderada por la delegada para la Seguridad Ciudadana y la Seccional Risaralda, se produce un resultado contundente en un hecho doloroso para los colombianos”, precisó el Fiscal Barbosa.

Las más de 40 acciones investigativas dispuestas por la Fiscalía fueron determinantes para poner en evidencia a los siete soldados regulares adscritos al Batallón de Alta Montaña del Ejército Nacional en Génova (Quindío), que servían de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo con sede en Pereira.

“Ellos mancharon su uniforme y la dignidad de la niñez de Colombia, por eso se les solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario”, señaló el Fiscal General.

El juez Promiscuo Penal Municipal de Pueblo Rico (Risaralda) atendió la petición de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario para los procesados, la cual deberá cumplirse en una guarnición militar que cuente con las condiciones necesarias.

“No vamos a ceder un ápice en la defensa de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescente. A los ciudadanos, a los padres de familia, les digo que el Fiscal General de la Nación está en las calles y en los territorios, no está encerrado ni confinado. Los funcionarios están en las calles, estamos dándole la vuelta al país para que los colombianos sientan que nuestras manos están ahí para apoyarlos”, concluyó el Fiscal Barbosa.

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Paz y Derechos humanos

Procuraduría asumió actuación disciplinaria por caso de niña Embera Chamí y designó funcionario especial para llevar el proceso.

La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del poder preferente, asumió la actuación que inició la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ejército Nacional, con sede en Pereira, y abrió indagación preliminar contra soldados por establecer del Batallón San Mateo, por la presunta retención ilegal y el acceso carnal violento contra una niña de la comunidad indígena Embera Chamí, de Pueblo Rico, Risaralda.

“Cuando se trata de investigaciones que involucren conductas como la del asunto objeto del presente pronunciamiento, se considera que dada su presunta gravedad, reiteración y afectación de los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes, y ante el imperativo de obtener protección contra toda forma de violencia contra estos sujetos de especial protección, deben ser asumidas por la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de los fines esenciales inherentes a la entidad y dispuestos en los mandatos constitucionales”, precisó el Ministerio Público al ejercer el poder disciplinario preferente.

Para la Entidad los hechos investigados “podrían llegar a constituir afectación de derechos humanos, en atención a la condición especial de la víctima por tratarse de una menor de edad que pertenece a un grupo étnico”.

Simultáneamente, el ente de control intervino en el consejo de seguridad convocado por las autoridades de Pueblo Rico, donde reclamó que se adelante la oportuna investigación penal, bajo el principio de debida diligencia y el restablecimiento de derechos de la niña como titular de especial protección constitucional.

A través de las delegadas para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, Derechos Humanos, Asuntos Étnicos, Ministerio Público para Asuntos Penales, la Regional Risaralda y la Provincial Pereira, la Procuraduría velará por la defensa, protección y garantía de los derechos de la niña, su familia y su comunidad.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Colombia a través de la Ley 12 de 1991, es obligación asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes del maltrato y abuso, para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

Recordó que de acuerdo con sentencias de la Corte Constitucional los pueblos indígenas son sujetos de especial protección por encontrarse en situación de vulnerabilidad.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, designó como funcionario especial para llevar este proceso disciplinario al Delegado para la Fuerza Pública y la Policía Judicial, dada la situación de especial protección de la víctima y la trascendencia de los hechos como grave violación de los derechos humanos.

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