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Paz y Derechos humanos

Defensor del pueblo regional exige garantías de movilidad y trato digno por parte del ejercito a la ciudadanía en las vías del Chocó.

El Defensor del Pueblo Regional Chocó, amparado en la normatividad vigente que desarrolla la misión institucional de la Defensoría del Pueblo como agencia del ministerio público prevista en la Constitución Nacional, informa a la opinión pública, sociedad Chocoana en General, su preocupación por los excesos derivados de las acciones de protección a la población civil que actualmente desarrolla la Fuerza Pública – Ejército Nacional, en la vía Tadó- Santa Cecilia y Quibdó – Medellín.

La Fuerza de Tarea Conjunta Titán del Ejército Nacional, instala retenes en inmediaciones de Playa de Oro (vía Tadó – Santa Cecilia) y kilómetro 18 (Vía Quibdó-Medellín), y como consecuencia de la implementación de estos retenes en diferentes horarios del día se paraliza:

– El flujo de vehículos públicos y de particulares que recorren estas vías.   – El libre tránsito de personas que habitan en las comunidades asentadas en la carretera.  – La comercialización de alimentos y productos indispensables para la subsistencia los cuales aseguran el abastecimiento y alimentación de los pobladores de las comunidades aledañas.  – El traslado de enfermos y personas que requieren el acceso a prestaciones básicas.  – Las detenciones superan periodos hasta de cinco horas sin criterios de excepción para enfermos o estudiantes.

En este mismo sentido hemos recibido múltiples quejas y solicitudes de intervención defensorial por la desproporcionada medida restrictiva que se ha implementado, algunas quejas coinciden en lo siguiente:

– No hay libre tránsito por la vía, el ejército ha prohibido el desplazamiento de vehículos mientras dicho tránsito no sea acompañado por vehículos militares y personal del ejército.  – Los vehículos de particulares en los que se moviliza la población civil son acompañados por vehículos militares comandados por soldados visiblemente armados, lo que genera temor y exposición a ataques o represalias por parte de actores ilegales.  – Quienes se movilizan en estas vías no cuentan con otra opción diferente a esperar durante largas horas la caravana militar.  – El tiempo de espera es excesivo y tedioso, las personas comentan haber padecido hambre, ansiedad e incomodidades propias de la vía, así como alteraciones en sus agendas entre otros.  – Las condiciones de seguridad no están dadas en toda la vía. Las personas solicitan presencia militar en toda la vía y no únicamente en el tiempo de recorrido de las caravanas.

Los últimos hechos  han alterado el orden público por el deterioro de las relaciones de trato entre los militares y civiles al  punto que se han presentado bloqueos de camioneros,  discusiones (cargadas de improperios e insultos), inclusive con episodios de abuso de autoridad e irregular procedimiento por parte de unidades militares.

Lo anterior deja ver la desproporcionalidad en la restricción al derecho fundamental a la libertad en su dimensión de libre tránsito y otros, como la integridad personal, que se comprometen de manera significativa por la multiplicidad de afectaciones derivadas de los prolongados retenes militares instalados en estas zonas.

Además de lo expuesto, este despacho ha advertido sobre la preocupación que nos asiste respecto del contexto que rodea la situación descrita; la presencia de grupos insurgentes en la zona, el incentivo del conflicto armado interno, y en especial, los efectos derivados  de la condición de combatientes que las disposiciones que el Derecho Internacional Humanitario le asigna  a los miembros del Ejército Nacional ( como fuerzas armadas del Estado), en tanto que participan de manera directa en las hostilidades.

Lo anterior por cuanto el acompañamiento militar ( la proximidad de soldados y carros militares con los civiles)  puede dificultar para los actores ilegales las posibilidades de diferenciar entre combatientes y no combatientes y hacer a estos, destinatarios de ataques indiscriminados que atenten contra su vida e integridad personal, es decir, la población civil que se moviliza en compañía de agentes del ejército está expuesta, además de las represalias, a ataques directos contra su vida e integridad; sin que se entienda que este despacho considera que ello legitime o justifique tal ataque.

Los ciudadanos que aducen vulneración de sus derechos por estas situaciones, han acudido ante nuestra institución presentando queja formal de los hechos y tratos inadecuados e inapropiados por parte de integrantes del ejército nacional. Por lo tanto hemos presentado reiterados requerimientos y llamados de atención ante la autoridad militar competente, sin respuesta hasta el momento, con el ánimo que estas nos informen y expidan lo siguiente:

  1. Copia del acto administrativo que se expidió para determinar la legalidad de la actual medida restrictiva de circulación por la vía Quibdó – Medellín, Quibdó – Pereira. 2. Los criterios en virtud de los cuales se determinó que la medida adoptada resulta adecuada y necesaria para la finalidad perseguida. 3. El tiempo en que se mantendrá dicha medida 4. Si los ciudadanos cuentan con alternativas distintas que respondan a su necesidad de seguridad y libre locomoción.

El Defensor del Pueblo Regional Chocó, EXHORTA a las autoridades militares y al señor Gobernador del Departamento del Chocó, como responsable primario de la vigencia de los derechos humanos en su jurisdicción, para que además de conservar las condiciones de seguridad en las vías, se revisen las estrategias implementadas en aras de facilitar el tránsito vehicular, de manera que cesen las afectaciones que la ciudadanía ha expuesto.

Del mismo modo, EXIGE  a las autoridades militares que direccionen su proceder en el marco del respeto y la dignidad humana, garantizando siempre el trato adecuado a los ciudadanos por parte de las tropas presentes en los distintos destacamentos o retenes militares.

Finalmente, reiteramos el deber de responder las reiteradas solicitudes presentadas por este despacho para atender la problemática descrita, así como el  obligatorio cumplimiento del artículo 15 de la ley 24 de 1992, en el que sin más excepciones que las reservas previstas en la Constitución, señala el deber de todas las autoridades públicas así como los particulares a quienes se haya atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público, de suministrar la información necesaria para el efectivo ejercicio de las funciones del Defensor.   “Hemos seguido de cerca este preocupante tema, llevando la misma a la mesa de movilidad del Departamento, y requerido al Ejército Nacional, procurando una solución efectiva a las innumerables quejas de la ciudadanía, lo que no ha ocurrido, y antes por el contrario, se ha agravado la situación en la zona, con evidentes atropellos y abuso de autoridad como el registrado en video en la presente semana en la vía Quibdó – Pereira. Estamos solicitando la investigación del caso y las sanciones de rigor, para que episodios lamentables como éste no se repitan, al tiempo que, instauré acción de tutela en contra del Ejército Nacional por la omisión de respuesta y/o solución al asunto, que en contexto configura una violación a los Derechos Humanos y el DIH”, señaló el Defensor del Pueblo Regional Chocó Luis Enrique Abadía García.

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Paz y Derechos humanos

La Aplicación ELLAS presenta su edición 2020 ¡Por más mujeres libres de violencia!

La Aplicación móvil Ellas, que facilita a las mujeres identificar y denunciar cualquier tipo de violencia basada en género, presenta su edición 2020, que incluye la geolocalización de rutas de atención para mujeres en más de 45 municipios del país y un botón de pánico, entre otras novedades.

La Red Nacional de Mujeres, con el apoyo del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID (JSP), presenta la nueva edición de la aplicación ELLAS. Entre las novedades de la app está el botón de pánico, que permite a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia basada en género enviar una alerta con su nombre y ubicación a contactos de emergencia en casos de riesgo; una sección de geolocalización con la que mujeres víctimas de  violencia basada en género de 45 municipios en departamentos como Córdoba, Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño y Putumayo, podrán identificar  rutas de atención locales e información actualizada sobre diversas formas de violencia y acoso que afectan a las mujeres en nuestro país.

Ellas es una herramienta que pone en las manos de las mujeres información que les permite conocer y exigir sus derechos; con la app se espera fortalecer las diferentes acciones y estrategias para garantizar a las mujeres el acceso a la justicia como una estrategia frente a las altas cifras de casos de violencia contra la mujer reportadas durante 2019 (boletín noviembre de 2019 de la Corporación Sisma Mujer):

–  17.009 casos de violencia intrafamiliar.

–  30.641 casos de violencia de pareja o expareja.

–  95 feminicidios, lo que equivale a una mujer asesinada cada tres días.

–  16.885 casos de violencia sexual.

La aplicación cuenta con una página web (https://ellaslibresdeviolencias.com/) para quienes tienen acceso a un teléfono móvil apto para manejar aplicaciones o que por alguna razón no pueden utilizar la aplicación. La página web, además, tiene un centro de aprendizaje sobre violencias de género dirigido a jóvenes y educadores en el que pueden encontrarse videos, canciones, podcasts, artículos, episodios de youtubers, campañas y cursos que abordan las temáticas de violencia de género desde su perspectiva. Cada uno de estos recursos de aprendizaje está acompañado por unas preguntas para orientar discusiones en torno a las violencias de género.

Ellas actualizó su diseño y la navegabilidad para mejorar la experiencia de las usuarias, quienes pueden adquirir la aplicación a través de Google Play o App Store.

El Programa (JSP), que apoyó la actualización de la app, busca que la Ellas se convierta en una herramienta fácil, útil y segura para que las mujeres -en particular- conozcan sobre los tipos de violencia, las leyes que las protegen y cómo pueden acceder a la justicia.

#TODASLIBRESTODASCONELLAS

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Paz y Derechos humanos

Unidad de Restitución de Tierras garantiza atención a víctimas en medio de contingencia por el COVID-19

La Unidad de Restitución de Tierras (URT), adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, está comprometida con el bienestar de las víctimas de despojo y desplazamiento forzado por esta razón, la entidad está cumpliendo con los protocolos dispuestos por el Gobierno Nacional y está tomando medidas, como el trabajo en casa, para evitar la propagación del virus COVID – 19.

La Unidad de Restitución de Tierras inauguró la oficina para atención en Chocó el pasado 11 de marzo y con esta apertura se espera lograr responder a las más de 2.000 solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) que se han hecho sobre territorios del departamento del Chocó y de las cuales más de 1.000 se encuentran habilitadas para recibir el acompañamiento por parte de la entidad.

Todas estas solicitudes serán gestionadas, pues política de restitución no para y con el objetivo de garantizar la atención, la Unidad de Restitución de Tierras ha dispuesto diferentes canales, que les permitirán a los usuarios conocer información general sobre la entidad y la oferta institucional; además, podrán acceder a orientación sobre el estado de sus solicitudes.

Los canales virtuales y telefónicos serán atendidos por profesionales de la entidad que están capacitados para resolver las dudas de los campesinos y las comunidades indígenas y afrodescendientes que buscan la restitución de sus predios o territorios ancestrales.

Canales virtuales:

  • En la página web https://www.restituciondetierras.gov.co/pqrds, los usuarios podrán diligenciar el formulario web de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRSD) y allí registrar sus inquietudes.
  • A través del correo electrónico atencionalciudadano@restituciondetierras.gov.co,la Unidad de Restitución de Tierrastambién garantiza la atención de la ciudadanía.
  • El chat interactivo y las videollamadas estarán disponibles através de la aplicación WhatsApp a la que pueden acceder a través del siguiente vínculo:https://wa.link/d68qpl.
  • A través de las cuentas en las redes sociales: en Twitter como @URestitucion; enFacebook como Unidad de Restitución de Tierras; y en Instagram como @restituciondetierras, la ciudadanía puede conocer todas las novedades acerca del proceso restitutivo y consejos útiles para evitar la propagación de la epidemia.

Líneas telefónicas:

  • Por medio de las líneas de celular: 322 3463483, 314 4397404 y 322 3463504, profesionales de la Unidad de Restitución de Tierras, del nivel central, estarán prestos a resolver cualquier duda.
  • La oficina de Chocó cuenta con la siguiente línea telefónica activa para la atención al público:
TERRITORIAL SEDE NOMBRE NÚMERO CELULAR CORREO ELECTRÓNICO
Chocó Quibdó Ana Garzón 304 4003377 Ana.garzon@restituciondetierras.gov.co

La participación y la atención a las víctimas es primordial, por esta razón la entidad continuará promoviendo la participación de los líderes de restitución de las diferentes regiones, a través de los canales virtuales que fueron mencionados anteriormente.

La Unidad de Restitución de Tierras no abandonará a las víctimas y les pide comprensión frente a las medidas de prevención establecidas, que son necesarias para garantizar la integridad de los solicitantes y para contener la propagación del virus, que representa un desafío para todos los colombianos.  

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Paz y Derechos humanos

Gobierno anticipará indemnizaciones de mayo y junio a beneficiarios de la Unidad para las Víctimas.

• “Vamos a anticipar las indemnizaciones administrativas del mes de junio y de mayo, y las vamos a pagar en abril. Vamos a llegar a 50.100 víctimas”, dijo la Directora de Prosperidad Social, Susana Correa, al intervenir en el programa de televisión ‘Solidaridad, Cooperación y Disciplina: Contagiémonos de Solidaridad’, que lideró el Presidente Iván Duque desde la Casa de Nariño.

• Durante la transmisión, Correa se refirió al programa Colombia Mayor: “Seguiremos llegando a un millón 700 mil adultos mayores de Colombia”, con un promedio de 80 pesos en cada uno de los giros, sostuvo.

• Así mismo, resaltó que ya no es necesario que el adulto mayor, beneficiario de los programas del Gobierno, se acerque personalmente a la ventanilla para reclamar sus recursos. Ahora esto lo puede hacer un familiar, con la cédula del inscrito.

La Directora de Prosperidad Social, Susana Correa, anunció que el Gobierno Nacional, con autorización del Presidente Iván Duque, anticipará las indemnizaciones administrativas de mayo y junio a beneficiarios de la Unidad para las Víctimas, debido al Aislamiento Preventivo Obligatorio, que se iniciará este martes a las 11:59 de la noche.

“Vamos a anticipar las indemnizaciones administrativas del mes de junio y de mayo, y las vamos a pagar en abril. Vamos a llegar a 50.100 víctimas”, dijo Correa al intervenir en el programa de televisión ‘Solidaridad, Cooperación y Disciplina: Contagiémonos de Solidaridad’, que se transmitió por el Canal Institucional, bajo la orientación del Presidente Iván Duque.

Agregó que, con el programa Jóvenes en Acción, “vamos a llegar a 204.301 Jóvenes en Acción, con un promedio de 712 mil pesos a cada uno de ellos, a cada una de sus familias”.

Así mismo, la funcionaria señaló que a partir del próximo 26 de marzo se beneficiarán más de 2,6 millones de familias con un subsidio por 334 mil pesos por cada una de ellas.

“El jueves de esta semana, llegaremos con un promedio de 334 mil pesos a cada familia, dependiendo del número de hijos que tienen. Vamos a llegarles en su gran mayoría, al 95 por ciento, por transferencia a sus cuentas bancarias, y el 5 por ciento por giros; les estaremos avisando por donde siempre nos hemos comunicado con ellas, que son los mensajes de texto”, dijo.

La Directora de Prosperidad Social indicó, igualmente, que también se anticiparán “los pagos de la atención humanitaria, tanto de junio como de mayo, y los vamos a pagar en abril”, con beneficio para 158.333 hogares, con un promedio de 800 mil pesos a cada hogar.

Así mismo, durante la transmisión, Susana Correa se refirió al programa Colombia Mayor: “Seguiremos llegando a un millón 700 mil adultos mayores de Colombia”, con un promedio de 80 pesos en cada uno de los giros, dijo.

Igualmente, resaltó que ya no es necesario que el adulto mayor, beneficiario de los programas del Gobierno, se acerque personalmente a la ventanilla para reclamar sus recursos.

“Sabemos que la restricción la tienen ellos. Ellos se tienen que quedar en la casa, pero tenemos ya la solución para eso, para que pueda ir cualquiera de sus familiares, simplemente con la cédula del inscrito, a recibir estos 240 mil pesos que se harán en un solo giro también en el mes de abril”, recalcó.

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