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Paz y Derechos humanos

Defensor del pueblo regional exige garantías de movilidad y trato digno por parte del ejercito a la ciudadanía en las vías del Chocó.

El Defensor del Pueblo Regional Chocó, amparado en la normatividad vigente que desarrolla la misión institucional de la Defensoría del Pueblo como agencia del ministerio público prevista en la Constitución Nacional, informa a la opinión pública, sociedad Chocoana en General, su preocupación por los excesos derivados de las acciones de protección a la población civil que actualmente desarrolla la Fuerza Pública – Ejército Nacional, en la vía Tadó- Santa Cecilia y Quibdó – Medellín.

La Fuerza de Tarea Conjunta Titán del Ejército Nacional, instala retenes en inmediaciones de Playa de Oro (vía Tadó – Santa Cecilia) y kilómetro 18 (Vía Quibdó-Medellín), y como consecuencia de la implementación de estos retenes en diferentes horarios del día se paraliza:

– El flujo de vehículos públicos y de particulares que recorren estas vías.   – El libre tránsito de personas que habitan en las comunidades asentadas en la carretera.  – La comercialización de alimentos y productos indispensables para la subsistencia los cuales aseguran el abastecimiento y alimentación de los pobladores de las comunidades aledañas.  – El traslado de enfermos y personas que requieren el acceso a prestaciones básicas.  – Las detenciones superan periodos hasta de cinco horas sin criterios de excepción para enfermos o estudiantes.

En este mismo sentido hemos recibido múltiples quejas y solicitudes de intervención defensorial por la desproporcionada medida restrictiva que se ha implementado, algunas quejas coinciden en lo siguiente:

– No hay libre tránsito por la vía, el ejército ha prohibido el desplazamiento de vehículos mientras dicho tránsito no sea acompañado por vehículos militares y personal del ejército.  – Los vehículos de particulares en los que se moviliza la población civil son acompañados por vehículos militares comandados por soldados visiblemente armados, lo que genera temor y exposición a ataques o represalias por parte de actores ilegales.  – Quienes se movilizan en estas vías no cuentan con otra opción diferente a esperar durante largas horas la caravana militar.  – El tiempo de espera es excesivo y tedioso, las personas comentan haber padecido hambre, ansiedad e incomodidades propias de la vía, así como alteraciones en sus agendas entre otros.  – Las condiciones de seguridad no están dadas en toda la vía. Las personas solicitan presencia militar en toda la vía y no únicamente en el tiempo de recorrido de las caravanas.

Los últimos hechos  han alterado el orden público por el deterioro de las relaciones de trato entre los militares y civiles al  punto que se han presentado bloqueos de camioneros,  discusiones (cargadas de improperios e insultos), inclusive con episodios de abuso de autoridad e irregular procedimiento por parte de unidades militares.

Lo anterior deja ver la desproporcionalidad en la restricción al derecho fundamental a la libertad en su dimensión de libre tránsito y otros, como la integridad personal, que se comprometen de manera significativa por la multiplicidad de afectaciones derivadas de los prolongados retenes militares instalados en estas zonas.

Además de lo expuesto, este despacho ha advertido sobre la preocupación que nos asiste respecto del contexto que rodea la situación descrita; la presencia de grupos insurgentes en la zona, el incentivo del conflicto armado interno, y en especial, los efectos derivados  de la condición de combatientes que las disposiciones que el Derecho Internacional Humanitario le asigna  a los miembros del Ejército Nacional ( como fuerzas armadas del Estado), en tanto que participan de manera directa en las hostilidades.

Lo anterior por cuanto el acompañamiento militar ( la proximidad de soldados y carros militares con los civiles)  puede dificultar para los actores ilegales las posibilidades de diferenciar entre combatientes y no combatientes y hacer a estos, destinatarios de ataques indiscriminados que atenten contra su vida e integridad personal, es decir, la población civil que se moviliza en compañía de agentes del ejército está expuesta, además de las represalias, a ataques directos contra su vida e integridad; sin que se entienda que este despacho considera que ello legitime o justifique tal ataque.

Los ciudadanos que aducen vulneración de sus derechos por estas situaciones, han acudido ante nuestra institución presentando queja formal de los hechos y tratos inadecuados e inapropiados por parte de integrantes del ejército nacional. Por lo tanto hemos presentado reiterados requerimientos y llamados de atención ante la autoridad militar competente, sin respuesta hasta el momento, con el ánimo que estas nos informen y expidan lo siguiente:

  1. Copia del acto administrativo que se expidió para determinar la legalidad de la actual medida restrictiva de circulación por la vía Quibdó – Medellín, Quibdó – Pereira. 2. Los criterios en virtud de los cuales se determinó que la medida adoptada resulta adecuada y necesaria para la finalidad perseguida. 3. El tiempo en que se mantendrá dicha medida 4. Si los ciudadanos cuentan con alternativas distintas que respondan a su necesidad de seguridad y libre locomoción.

El Defensor del Pueblo Regional Chocó, EXHORTA a las autoridades militares y al señor Gobernador del Departamento del Chocó, como responsable primario de la vigencia de los derechos humanos en su jurisdicción, para que además de conservar las condiciones de seguridad en las vías, se revisen las estrategias implementadas en aras de facilitar el tránsito vehicular, de manera que cesen las afectaciones que la ciudadanía ha expuesto.

Del mismo modo, EXIGE  a las autoridades militares que direccionen su proceder en el marco del respeto y la dignidad humana, garantizando siempre el trato adecuado a los ciudadanos por parte de las tropas presentes en los distintos destacamentos o retenes militares.

Finalmente, reiteramos el deber de responder las reiteradas solicitudes presentadas por este despacho para atender la problemática descrita, así como el  obligatorio cumplimiento del artículo 15 de la ley 24 de 1992, en el que sin más excepciones que las reservas previstas en la Constitución, señala el deber de todas las autoridades públicas así como los particulares a quienes se haya atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público, de suministrar la información necesaria para el efectivo ejercicio de las funciones del Defensor.   “Hemos seguido de cerca este preocupante tema, llevando la misma a la mesa de movilidad del Departamento, y requerido al Ejército Nacional, procurando una solución efectiva a las innumerables quejas de la ciudadanía, lo que no ha ocurrido, y antes por el contrario, se ha agravado la situación en la zona, con evidentes atropellos y abuso de autoridad como el registrado en video en la presente semana en la vía Quibdó – Pereira. Estamos solicitando la investigación del caso y las sanciones de rigor, para que episodios lamentables como éste no se repitan, al tiempo que, instauré acción de tutela en contra del Ejército Nacional por la omisión de respuesta y/o solución al asunto, que en contexto configura una violación a los Derechos Humanos y el DIH”, señaló el Defensor del Pueblo Regional Chocó Luis Enrique Abadía García.

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Paz y Derechos humanos

Alcalde del Medio Baudó Fredy Ramírez Valencia realizó convocatoria a consejo de seguridad Municipal.

El señor Alcalde Municipal del Medio Baudó; Fredy Ramírez Valencia, realizó convocatoria a consejo de seguridad, la reunión se llevó a cabo este miércoles 12 de febrero en Puerto Meluk, cabecera municipal.

El principal objetivo de la actividad fue, analizar y socializar todos los temas relacionados con la Convivencia Ciudadana, Paz y Derechos Humanos, Orden Público, Consumo de Sustancias Psicoactivas, Embarazos a temprana edad en adolescentes y temas de seguridad en general.

Los convocados.

Los convocados fueron: Yilman Palacios Mosquera – Comandante de la Estación de Policía de la localidad, Ángel Victorio Zúñiga – Secretario general y de gobierno municipal, Leicy Mosquera Martínez – Comisaria de familia, José Heiler Mosquera Mosquera – Inspector de Policía Municipal, el señor Fiscal Municipal, Damaris Moreno Perea – Representante de la Personería Municipal, entre otros.

¿Que se busca?

Con la realización de dicha actividad se busca trabajar articuladamente con todas las instituciones y entidades que tienen asiento en el Municipio, con el fin de disminuir los factores que alteren la sana convivencia. Entre los temas específicos que se trataron está, el aumento de pie de fuerza de la policía nacional en el municipio.      

De igual forma se busca que cada Institución cumpla con su rol misional y se empodere de sus competencias.

El señor alcalde municipal; Fredy Ramírez Valencia manifestó, que las puertas de la administración están abiertas a cualquier requerimiento, teniendo en cuenta que la seguridad y la convivencia ciudadana están trazadas en la Política Nacional del presidente Iván Duque Márquez.   

Por su parte los asistentes mostraron su satisfacción y agradecieron al alcalde por la convocatoria y esperan trabajar articuladamente aportando en todos los temas que les compete. 

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Paz y Derechos humanos

Gobernación y fuerza pública afrontan situación de seguridad en Nuquí.

Este 19 de enero, la Secretaria de Interior del Departamento Nubia Carolina Curí y el Coronel Wisner Paz, comandante de la Brigada de la Infantería de Marina No.2 arribaron al Municipio de Nuquí, con el objetivo de acompañar la llegada de 3 pelotones de la Armada Nacional que se sumarán a la protección de esta población.

La Secretaria informó, que luego de sobrevolar la zona, llegaron hasta el Resguardo Indígena de Aguas Blancas en el corregimiento de Tribugá, donde 28 familias fueron desplazadas hacia este corregimiento, tras el asesinato de uno de sus líderes, con el fin de articular acciones de atención y coordinar estrategias que logre las garantías del retorno de las mismas.

Señaló, además, que las familias ya se encuentran atendidas y se les fueron entregadas las primeras ayudas humanitarias por parte del Municipio y la Gestora Social del Departamento; para el día viernes 24 de enero se tiene previsto la realización de un Comité de Justicia Transicional con la presencia de todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas -SNARIV, a fin de continuar la atención, asistencia y reparación integral.

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Paz y Derechos humanos

Procuraduría llama a alcaldes y gobernadores a incluir en sus planes de desarrollo recursos y planes de acción para la protección de líderes sociales.

El Viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés González, envió un mensaje a alcaldes y gobernadores para incluir en los planes de desarrollo territorial medidas encaminadas a la protección de líderes sociales, con asignación de recursos y acciones concretas.

“Es la oportunidad, no para meterle de todo al Plan de Desarrollo como si fuera una piñata, pero sí para priorizar, y qué más importante puede ser para una acción territorial que garantizar la defensa de la vida, del liderazgo social, de la participación política y de la participación de las comunidades más afectadas por la violencia”

Desde la jornada de PAO Territorial realizada en Quibdó por el Ministerio del Interior para evaluar medidas de protección para defensores de derechos humanos, comunales y periodistas, el representante del órgano de control pidió que esos planes de desarrollo también estén alineados con las acciones del Gobierno Nacional y destacó el apoyo de la cooperación internacional encaminada a respaldar la labor de protección a la vida e integridad de los líderes.

Cortés González mostró su preocupación sobre las 45.000 personas que fueron víctimas de desplazamiento y confinamiento en el año 2019 según informes de la Defensoría del Pueblo, e hizo un llamado a “encarar esta situación y buscar estrategias que lleven a la finalización de este flagelo”.

Agregó que el Ministerio Público continuará en una rigurosa vigilancia a las acciones del Gobierno Nacional para la protección de líderes sociales, especialmente en la región pacífica colombiana.

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