En un trabajo interinstitucional entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se logró la captura de cuatro presuntos integrantes de bandas criminales, que al parecer se dedicaban a la extorsión en los municipios chocoanos de Quibdó y Lloró.

Por solicitud del ente acusador, Keiner David Romaña Romaña, alias Pimpollo; Dairon Enrique Ibargüen Cuesta, alias Mincho; Tayler Mesa Córdoba, alias Yei; y Luis Ernesto López, alias Samper; fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Así era su actuar delictivo.

Según la investigación coordinada por un fiscal destacado ante el Gaula Chocó, Romaña Romaña, quien se encuentra en el cártel de los más buscados, sería el cabecilla del Grupo de Delincuencia Común Organizado Los de Kennedy, dedicado al cobro de cuotas extorsivas que oscilan entre los $100.000 y $200.000 a cambio de no atentar contra la vida de los comerciantes.

Por su parte, alias Yei es investigado por ser el presunto coordinador de la banda criminal Los Locos Jean, al servicio del grupo delincuencial Los Mexicanos, que tiene injerencia en barrios de la zona norte de Quibdó. A los comerciantes de esta zona les exigían entre $100.000 y $300.000 para permitirles trabajar. El investigado se encontraba en el cartel de los más buscados y ofrecían 50 millones de pesos de recompensa por la información sobre su paradero.

La Fiscalía también investiga a Luis Ernesto López, quien al parecer coordinaba el accionar delictivo de esa estructura en los barrios de la zona este del municipio de Quibdó. Allí los comerciantes tendrían que pagar entre 100.000 y 350.000 pesos. Asimismo, se estableció que los residentes del sector debían pagar una cuota de $10.000 semanal por la denominada seguridad.

De acuerdo con la información obtenida por los investigadores, Ibargüen Cuesta haría parte del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo, que delinque en el corregimiento de Baraudó, del municipio de Lloró, y estaría extorsionando a los comerciantes y transportadores del sector, a quienes presuntamente les exigía $1.000.000 como cuota inicial y $200.000 mensuales para permitirles trabajar y no atentar contra sus vidas.

Tres de los procesados no aceptaron los cargos imputados por los delitos de extorsión agravada consumada, tentativa de extorsión y concierto para delinquir.

Ante la contundencia de los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, alias Pimpollo aceptó su responsabilidad por el delito de tentativa de extorsión agravada.

Las investigaciones se adelantan en el marco de la estrategia para combatir los fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana, según los lineamientos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.

El día 24 de noviembre, el Juez Penal del Circuito de Istmina emitió sentido de fallo condenatorio, en contra del contador público Julio César Rosero Mena y contra la empleada de la Rama Judicial, María Escolástica Moreno Salazar, como presuntos responsables de apoderarse de más de mil noventa y cinco millones de pesos ($ 1,095’000,000) de la EPS Caprecom.

Como se recordará, los hechos investigados datan del año 2010, cuando en el Juzgado Primero Civil Municipal de Quibdó, se tramitó un proceso judicial en contra de CAPRECOM E.P.S en el cual se embargaron y cobraron recursos del régimen subsidiado de salud, los cuales estaban depositados en una cuenta bancaria de la alcaldía de Quibdó.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía Séptima Seccional de Quibdó, en el proceso judicial se aportaron facturas falsas a nombre de una farmacia de Medellín para hacer creer que el propietario de la droguería suministró a Caprecom millonarias cantidades de diversos medicamentos.

Los dineros habrían sido retirados por intermedio de la abogada Sandra Bechara, quien en juicio oral declaró que los habría entregado a Rosero Mena, Moreno Salazar y al entonces Juez Primero Civil Municipal de Quibdó Arsenio Valoyes Pino, este último ya condenado por estos mismos hechos.

En decisión de primera Instancia, Rosero Mena y Moreno Salazar fueron encontrados penalmente responsables, por los delitos de PECULADO POR APROPIACIÓN, en concurso con ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO y FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO.

Para el día 9 de diciembre de 2020 se realizará la audiencia en donde se indicará el monto de la pena y la sentencia.

En sentencia de primera instancia el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, negó las pretensiones del ciudadano; Anuar Hernández Roa, contra el acto por medio del cual los Diputados de la Asamblea departamental del Chocó, en sesión ordinaria No. 005 del 9 de enero de 2020 acta N° 003 del 09 de enero de 2020, eligieron por unanimidad a la señora; Tatiana Valencia Asprilla, para el periodo constitucional 2020 – 2023.

El Tribunal Administrativo del Chocó, concluye que la inhabilidad prevista en el artículo 272 de la constitución, no se presenta en este asunto.

Conforme al análisis efectuado de los cargos expuestos en la demanda, confrontado con el material probatorio arrumado al plenario, han de negarse las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA.

PRIMERO: NIEGUENSE las súplicas de la demanda de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Ejecutoriado este proveído, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.

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