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Paz y Derechos humanos

Gente bien, que trabaja por el bienestar de su gente. La escuela de padres del municipio del Bajo Baudó – Pizarro trabaja por el bienestar social de la comunidad Bajo Baudoseña.

La Escuela de Padres es un espacio de información, formación y reflexión dirigido a padres y madres, sobre aspectos relacionados con las funciones parentales. Es un recurso de apoyo a las familias con menores para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones educativas y socializadoras, y superar situaciones de necesidad y riesgo social; es uno de los programas de carácter preventivo que contribuyen a modificaciones de conductas y a la adquisición de pautas saludables de dinámica familiar, entre sus objetivos esta enseñar a los padres y madres recursos y habilidades que posibiliten un crecimiento integral de los hijos y del grupo familiar, propiciar espacios de reflexión sobre situaciones cotidianas y sobre ejes fundamentales que faciliten la dinámica del grupo familiar, promover el conocimiento de las características evolutivas y necesidades del niño y del adolescente, motivar a los padres de familia a la participación activa de enseñanza y aprendizaje sobre la crianza de los hijos.

¿Qué le preocupa a esta Organización?

Una de las mayores preocupaciones que hoy ocupan la atención es que se ha podido observar que existen falencias a la hora de educar y realizar acompañamiento a estos menores de edad, lo que puede ocasionar en ellos conductas inadecuadas que afectan el tejido social de la comunidad, es decir, posible riesgo psicosocialmente entre otras, es por ello que el mayor esfuerzo se concentra en este aspecto debido a que algunos presentan comportamientos extraños debido a la situación de descomposición social que se presenta en gran parte de los municipios del Chocó, especialmente con el tema de la violencia generada por grupos al margen de la Ley.

Su sede principal es la cabecera municipal Pizarro ubicado a orillas del mar pacifico a unos 198 km de su capital Quibdó, se llega vía Aérea y acuática, desde puerto Meluk cabecera municipal del Medio Baudó, está a una hora en lancha rápida y por aire a media hora de Quibdó.

¿Con que equipo de trabajo cuentan y quién los apoya?

Hasta el momento contamos con el apoyo de la alcaldía del Bajo Baudó y su Comisaria de familia, que cuenta con un profesional en el área de derechos humanos, La Psicóloga, es la coordinadora del programa, capacita a la comunidad y dirige las diferentes actividades, la Trabajadora Social es la encargada de la realización de las actividades programadas, de igual forma es de resaltar el valioso apoyo que presta la Armada Nacional y su jefe de acción Integral, Sargento Primero, gestión de proyectos Cardona y el jefe de Operaciones Psicológicas, Cabo segundo Sánchez, por parte de la policía Nacional el Teniente Molina, el teniente Coronel Jhon Jairo Ávila; Comandante batallón número 22 de Pizarro y Red Unidos.

Se espera contar con el apoyo de otras Instituciones y Organizaciones para que se sumen a esta iniciativa en la cual esperan expandir su accionar a otras comunidades del municipio, que su único propósito es velar por la construcción de una sociedad sana y productiva, así como lo reseña su eslogan “Unidos por el cambio, así ganamos todos” finalizo diciendo la Psicóloga CELIDEH SEGURA GÓNGORA.

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Paz y Derechos humanos

Durante la pandemia más de 400 víctimas han recibido su indemnización en la territorial Urabá-Darién.

La Unidad para las Víctimas en esta zona del país sigue cumpliendo con la atención y la reparación a los sobrevivientes del conflicto.

En desarrollo de los compromisos adquiridos por el Gobierno nacional, en el marco de la emergencia sanitaria que vive Colombia y el mundo, en el Urabá antioqueño y el Darién chocoano, la Unidad para las Víctimas ha indemnizado a 430 sobrevivientes por valor de $2.200 millones.

Las entregas efectuadas mediante estrategias interinstitucionales de inclusión al sistema financiero de bancarización, entre otras, y de acuerdo con los protocolos y medidas preventivas definidas por las autoridades sanitarias, han permitido que las víctimas residentes en los 14 municipios de esta región recibieran las indemnizaciones cumpliendo con los requisitos de priorización.

“Venimos dando cumplimiento a estas entregas con los debidos cuidados tanto para las víctimas como para nuestros profesionales, para entregarles a las víctimas su indemnización, la ayuda humanitaria y demás servicios a los que tienen derecho. Estos recursos son un gran alivio en estas críticas circunstancias que se afrontan”, manifestó Elizabeth Granada Ríos, directora de la territorial Urabá-Darién de la Unidad.

“Vamos a arreglar el techo de la casa que se nos entra el agua, para comprar otras cosas que se necesitan para el muchacho, que tenga un buen lugar para dormir”, manifestó el padre y acompañante de *Álvaro Cuello, un joven víctima con discapacidad que apoya a su padre y a su tía trabajando como reciclador en Apartadó.

Desde que se dieron las directrices del Gobierno nacional para la agilización y adelanto de los pagos de atención humanitaria y de entrega de indemnizaciones programadas en la vigencia, la Unidad no ha parado en este proceso, implementando la ampliación de plazos en el cobro de los pagos, entre otras medidas.   

En esta territorial, en lo corrido de 2020 la Unidad para las Víctimas ha entregado 3.125 indemnizaciones y 18.688 giros de Atención Humanitaria.

Granada Ríos, reiteró que todos los trámites ante la Unidad para las Víctimas son gratuitos y que no requieren intermediarios, ni tramitadores, asimismo les pidió solicitar en el momento de recibir cualquier pago los respectivos desprendibles, en el caso de la ayuda humanitaria verificar el monto entregado, en los puntos autorizados.

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Paz y Derechos humanos

Fiscalía General de la Nación logró judicialización de siete soldados regulares del Ejército Nacional por abuso sexual de niña indígena en Risaralda.

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, reveló que ante un juez de control de garantías fueron presentados siete soldados regulares del Ejército Nacional, investigados por el abuso sexual del que fue víctima una niña de la comunidad indígena Embera, en el corregimiento de Santa Cecilia, en Pueblo Rico (Risaralda).

Desde Cali (Valle del Cauca), el Fiscal General señaló que los uniformados fueron imputados por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice. Los cargos fueron aceptados por los procesados.

“En menos de 72 horas, en un enlace con las diferentes autoridades, y en una acción liderada por la delegada para la Seguridad Ciudadana y la Seccional Risaralda, se produce un resultado contundente en un hecho doloroso para los colombianos”, precisó el Fiscal Barbosa.

Las más de 40 acciones investigativas dispuestas por la Fiscalía fueron determinantes para poner en evidencia a los siete soldados regulares adscritos al Batallón de Alta Montaña del Ejército Nacional en Génova (Quindío), que servían de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo con sede en Pereira.

“Ellos mancharon su uniforme y la dignidad de la niñez de Colombia, por eso se les solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario”, señaló el Fiscal General.

El juez Promiscuo Penal Municipal de Pueblo Rico (Risaralda) atendió la petición de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario para los procesados, la cual deberá cumplirse en una guarnición militar que cuente con las condiciones necesarias.

“No vamos a ceder un ápice en la defensa de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescente. A los ciudadanos, a los padres de familia, les digo que el Fiscal General de la Nación está en las calles y en los territorios, no está encerrado ni confinado. Los funcionarios están en las calles, estamos dándole la vuelta al país para que los colombianos sientan que nuestras manos están ahí para apoyarlos”, concluyó el Fiscal Barbosa.

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Paz y Derechos humanos

Procuraduría asumió actuación disciplinaria por caso de niña Embera Chamí y designó funcionario especial para llevar el proceso.

La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del poder preferente, asumió la actuación que inició la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ejército Nacional, con sede en Pereira, y abrió indagación preliminar contra soldados por establecer del Batallón San Mateo, por la presunta retención ilegal y el acceso carnal violento contra una niña de la comunidad indígena Embera Chamí, de Pueblo Rico, Risaralda.

“Cuando se trata de investigaciones que involucren conductas como la del asunto objeto del presente pronunciamiento, se considera que dada su presunta gravedad, reiteración y afectación de los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes, y ante el imperativo de obtener protección contra toda forma de violencia contra estos sujetos de especial protección, deben ser asumidas por la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de los fines esenciales inherentes a la entidad y dispuestos en los mandatos constitucionales”, precisó el Ministerio Público al ejercer el poder disciplinario preferente.

Para la Entidad los hechos investigados “podrían llegar a constituir afectación de derechos humanos, en atención a la condición especial de la víctima por tratarse de una menor de edad que pertenece a un grupo étnico”.

Simultáneamente, el ente de control intervino en el consejo de seguridad convocado por las autoridades de Pueblo Rico, donde reclamó que se adelante la oportuna investigación penal, bajo el principio de debida diligencia y el restablecimiento de derechos de la niña como titular de especial protección constitucional.

A través de las delegadas para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, Derechos Humanos, Asuntos Étnicos, Ministerio Público para Asuntos Penales, la Regional Risaralda y la Provincial Pereira, la Procuraduría velará por la defensa, protección y garantía de los derechos de la niña, su familia y su comunidad.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Colombia a través de la Ley 12 de 1991, es obligación asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes del maltrato y abuso, para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

Recordó que de acuerdo con sentencias de la Corte Constitucional los pueblos indígenas son sujetos de especial protección por encontrarse en situación de vulnerabilidad.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, designó como funcionario especial para llevar este proceso disciplinario al Delegado para la Fuerza Pública y la Policía Judicial, dada la situación de especial protección de la víctima y la trascendencia de los hechos como grave violación de los derechos humanos.

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