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Paz y Derechos humanos

La violencia continúa sin freno en los territorios Indígenas del Chocó.

Desde el Consejo de Autoridades de la Asociación Orewa nos permitimos informar y denunciar ante la opinión pública nacional e internacional la violación de Derechos Humanos, ocurrido esta vez en los municipios de Medio Atrato – Beté y Bagadó del Departamento del Chocó de la siguiente manera: 

CASO 1: Mientras el pasado domingo 26 de julio del presente año, varios integrantes de la comunidad indígena Paso Salado, municipio de Quibdó se encontraban compartiendo un tranquilo día entre familiares y amigos, el momento fue interrumpido por ráfaga de disparos que nadie sabía ni quiénes ni de donde prevenían las balas, frente al cual los presentes buscan protección dentro de la vivienda y posteriormente el Embera Dóbida, FLANKLIN OLEA RUBIANO, resulta gravemente herido en su brazo izquierdo como consecuencia del impacto de uno de los proyectiles.

Posteriormente un grupo armado, conformado por aproximadamente 30 sujetos, entra a la casa Comunitaria y maltrata física y psicológicamente a varios indígenas que se encontraban allí, estos hechos han generado miedo, incertidumbre y dolor entre la Comunidad porque esta situación de guerra nunca se había presentado en este territorio.

Como consecuencia del hecho actualmente los 206 habitantes en 46 familias de la comunidad se encuentran confinados en medio de la escasez de bienes de primera necesidad como alimentos e insumos de salud, porque no se atreven a salir a realizar sus actividades diarias de recolección, caza, pesca para llevar alimentos a sus familias, pues hay temor de que se repita el episodio ya sea por el mismo u otros grupos armados. 

Esta es una Comunidad ubicada aproximadamente a Tres (3) horas de la cabecera Municipal de Quibdó.

CASO 2: Se dio el pasado martes 28 de julio, cuando el compañero indígena SANTIAGO CAMPAÑA NEGETA de 23 años de edad, se dirigía desde el corregimiento San Marino hacía su Comunidad Mojarrita, ubicada en la zona 2 del Resguardo Alto Andágueda del Municipio de Bagadó (Chocó), cuando aproximadamente 300 metros antes de llegar a su casa, tres hombres armados, encapuchados y vestidos con prendas militares le salen al paso y le propinan tres impactos de bala sin mediar palabras, como consecuencia el joven resultó gravemente herido. Hasta el momento se desconocen los motivos y los responsables de este hecho.

Cada uno de estos episodios y otros que quizás por temor no salen a la luz pública, parecen tener un único fin, cual es, causar temor, zozobra y restricción forzada de la movilidad en los territorios indígenas, incrementando con ello sus ya deficientes condiciones de vida y violando con ello pactos internacionales de Derecho Humanos DDHH y DIH según los cuales la población civil debe estar al margen de cualquier manifestación bélica en el mundo.

Por tanto, como Autoridades y defensores de nuestras Comunidades Indígenas, reiteramos nuestro llamado para que se brinde una atención de manera urgente en el marco de las rutas de atención establecidas en la Ley 1448 y el Decreto-Ley 4633, ambos del año 2011:

1. Al Gobierno municipal de Bagadó y Quibdó para que verifique y realice la primera atención a las familias y víctimas afectadas.

2. Al Gobierno Nacional y Departamental del Chocó para que asuman su responsabilidad de implementar un efectivo plan de atención, pero sobre todo de prevención estructural a la situación de confinamiento y demás afectaciones que hoy por hoy continúan padeciendo nuestras las Comunidades Indígenas con el patrocinio omisivo del Estado.

3. A la Procuraduría General de la Nación, Regional Chocó, para que haga seguimiento al desempeño de las funciones que cada institución realiza en el marco de sus competencias para atender este tipo de situaciones que vulneran los derechos de la Comunidad, principalmente de los niños indígenas.

4. A la Defensoría Regional del Chocó, a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) de Quibdó Chocó, para dar estricto cumplimiento al artículo 173 de la Ley 1448 de 2011, en el sentido de promover la creación de los Comités Territoriales de Justicia Transicional, para darle prioridad a la situación mencionada.

5. A la Fiscalía General de la Nación para que haga las investigaciones pertinentes y pueda encontrar a los responsables que ponen en riesgo la vida y tranquilidad de las Comunidades Indígenas.

CONSEJO DE AUTORIDADES INDÍGENAS ASOCIACIÓN OREWA

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Paz y Derechos humanos

Hemos construido una Procuraduría del diálogo, de la participación, mestiza, india, afrocolombiana, promotora de derechos, tolerante, contundente contra la corrupción: Fernando Carrillo Flórez.

«El mensaje que le dejo hoy a los colombianos es que es absolutamente posible creer en la democracia, en el Estado de derecho, en las libertades, luchar contra la desigualdad, pararse en frente a los poderosos con energía y magnanimidad».

«Hemos cumplido con la misión que nos propusimos y lo hemos hecho con consistencia, convicción, amor por las causas y respeto por los valores que nos señala la ley y la Constitución de Colombia».

«La Procuraduría no paró durante la pandemia porque disponíamos de herramientas virtuales para seguir adelante».

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, aseguró que durante sus 4 años de gestión construyó “una Procuraduría del diálogo, de la participación, mestiza, india, afrocolombiana, promotora de derechos, tolerante, contundente contra la corrupción”, y agregó que el mayor legado ha sido recuperar la confianza de los ciudadanos en la institución a través del diálogo y la participación ciudadana.

En la Audiencia de Rendición de Cuentas 2017 – 2020, el jefe del Ministerio Público enfatizó en que «hay esperanza si seguimos creyendo en la democracia, en el Estado social de derecho, en las libertades contra la desigualdad, en la ética contra la corrupción, en la justicia contra la inequidad, en la vida contra los atentados y la violencia».

«El mensaje que le dejo hoy a los colombianos es que es absolutamente posible creer en la democracia, en el Estado de derecho, en las libertades, luchar contra la desigualdad, pararse en frente a los poderosos con energía y magnanimidad».

Reiteró que su actuar durante estos cuatro años se derivó de la defensa de la Constitución de 1991, que ha sido la brújula, la guía y la razón de ser de la gestión del Ministerio Público.

«Hemos cumplido con la misión que nos propusimos y lo hemos hecho con consistencia, convicción, amor por las causas y respeto por los valores que nos señala la ley y la Constitución de Colombia».

Durante la audiencia pública el Procurador General explicó los 5 legados del ente de control: dar voz a la ciudadanía, respaldar a las víctimas y a la paz, detener a los corruptos, empoderar a los territorios, y resaltó la innovación y la transformación tecnológica de la Entidad.

«La Procuraduría no paró durante la pandemia porque disponíamos de herramientas virtuales para seguir adelante. La mejora de redes, infraestructura tecnológica y sistemas de comunicación se han traducido en defensa de derechos de los colombianos».

Agregó que uno de los retos que asumió al frente del Ministerio Público fue responder con altura a los desafíos de la implementación del Acuerdo de Paz, realizando seguimiento a lo pactado y representando a las víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Finalmente, aseguró que durante estos años de administración «no improvisamos, demostramos con hechos y no con palabras los resultados de nuestras acciones; tomamos la Constitución como brújula y pusimos los pies en los territorios para escuchar a la ciudadanía», y agradeció el acompañamiento decidido de los viceprocuradores Adriana Herrera Beltrán, Juan Carlos Cortés González, y de los procuradores delegados, regionales y provinciales.

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Paz y Derechos humanos

Más de $11 mil millones para seguridad de líderes de sustitución de cultivos y defensores de derechos humanos.

“Privilegiar la vida y reparar a las víctimas, prioridades del gobierno Duque”: Consejero Emilio Archila

Con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, se realiza proyecto en Chocó, Catatumbo y Pacífico Nariñense.

Estrategia de prevención temprana y protección colectiva beneficiará directamente a personas en proceso de reincorporación, líderes de sustitución de cultivos, líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Consejero Archila reconoce apoyo de la comunidad internacional para garantizar la vida de líderes sociales en zonas de alto riesgo.

El Gobierno Nacional y El Fondo Multidonante de las Naciones Unidas firmaron un convenio de cooperación por más de $11 mil millones de pesos para desarrollar una estrategia de prevención y protección que garantice la seguridad de líderes y lideresas sociales en zonas de alto riesgo, en tres departamentos de Colombia.

“Hoy anunciamos la aprobación de un proyecto en apoyo a la estrategia del Gobierno Nacional para reducir el nivel de violencia que enfrentan los líderes y lideresas de Derechos Humanos, y las y los reincorporados, para que puedan ejercer su liderazgo libres y seguros, previniendo la estigmatización, y fortaleciendo las capacidades institucionales y de organizaciones sociales; brindando a su vez oportunidades económicas que también permitan generar escenarios de reconciliación con la población reincorporada. Esta apuesta será financiada por el Fondo de Consolidación de la Paz de la ONU, a través del Fondo Multidonante, y cuenta con el apoyo de países donantes comprometidos con la paz de Colombia”, aseguró hoy Jessica Faieta, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia.

El Consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila, agradeció el irrestricto apoyo de la comunidad internacional al proyecto de prevención y protección colectiva del gobierno a líderes, lideresas, defensores de derechos humanos, mujeres reincorporadas y familias en sustitución de cultivos ilícitos en tres regiones del país.

“Este  aporte de 2 millones 500 mil dólares del Fondo Multidonante  de las Naciones Unidas, para la seguridad de nuestros líderes y lideresas, es una muestra del compromiso de la comunidad internacional con la política de Paz con Legalidad del presidentes Iván Duque; también, un reconocimiento a su seriedad y a su permanente interés por la defensa de la vida y de los ideales que promueven en el territorio esos hombres que trabajan por el bienestar de las familias y la protección de los recursos naturales”, dijo el Consejero.

Archila adelantó que “el proyecto de prevención en seguridad y protección colectiva se ejecutará inicialmente durante un período de dos años en 30 municipios de Chocó, Catatumbo y el Pacífico Nariñense”.

Mil personas se beneficiarán directamente y más de 10 mil de forma indirecta. El objetivo es el establecimiento de espacios de diálogo, estrategias de prevención temprana y protección colectiva, y de gestión integral de los riesgos de los líderes/as sociales, defensores/as de derechos humanos y sus organizaciones, especialmente para población en sustitución de cultivos ilícitos y en proceso de reincorporación.

El proyecto cuenta con una estrategia de seguridad para mujeres reincorporadas, medidas de reactivación económica que tiendan a la sostenibilidad económica individual, asociativa y colectiva y que eviten el control del crimen organizado.

Los municipios donde se ejecutará el proyecto son Riosucio, Quibdó, San José Del Palmar, Bagadó, Nóvita, Carmen de Atrato, Medio Baudó, Alto Baudó, Condoto, Bahía Solano, Mutatá, Nuquí y Carmen Del Darién, en Chocó.

En la región de Catatumbo: Tibú, El Tarra, Convención, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama, El Carmen y Hacarí; y en el Pacifico Nariñense y el Cauca los municipios de Tumaco, Olaya Herrera, Santa Bárbara, Ricaurte, Barbacoas, Magüí, Popayán y Santander de Quilichao.

Cien organizaciones de base, 3 defensorías regionales, 3 procuradurías provinciales, 3 personerías municipales, 3 seccionales de la Fiscalía, 3 alcaldías y 3 gobernaciones hacen parte de los beneficiarios del proyecto de transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación.

El Fondo Multidonante aportará el equivalente a 2.5 millones de dólares y el gobierno nacional aportará una contrapartida de 698.176 dólares, para un total de 3´198.176 dólares, equivalentes a 11 mil millones de pesos.

En la ejecución del proyecto participan el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, la Consejería para la Estabilización, el Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas, (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Droga y el Delito (UNODOC).

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Paz y Derechos humanos

Más de 500 indígenas confinados en Bojayá por el control de grupos armados.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que, desde octubre de 2020, al menos 512 personas, incluidos 390 niños, niñas y adolescentes, de las comunidades indígenas de Unión Cuity y Unión Cuity Central, de Bojayá, Chocó, se encuentran en confinamiento por el control social de un grupo armado organizado en el territorio.

Desde octubre, al menos 512 personas de las comunidades indígenas de Unión Cuity y Unión Cuity Central, se encuentran confinadas. – Imagen de referencia

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) emitió una alerta – este miércoles 6 de enero – por la situación humanitaria y el confinamiento de comunidades indígenas en Bojayá, Chocó. Desde octubre, al menos 512 personas (222 mujeres, 290 hombres y 390 niños, niñas y adolescentes), de las comunidades indígenas de Unión Cuity y Unión Cuity Central, se encuentran en confinamiento por cuenta del control social de un grupo armado organizado en el territorio.

De acuerdo con la OCHA, esta información fue reportada por la comunidad a miembros del Equipo Local de Coordinación (ELC) en diciembre, a través de un comunicado escrito – con fecha del 6 de diciembre de 2020 – que fue remitido a la Personería municipal. En este documento las comunidades denunciaron varias formas de intimidación como la prohibición de ejercer actividades como la pesca; la instalación de retenes ilegales en las vías fluviales; apropiación y construcción de viviendas para miembros del grupo armado organizado al interior de la comunidad y la apropiación de la siembra y cultivos de pancoger para alimentación de dicho grupo, en detrimento de la propiedad colectiva de los indígenas.

Aunque la emergencia inició en octubre, todavía no se ha activado el Comité Municipal de Justicia Transicional ni el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición. “A la fecha no se ha llevado a cabo una misión de verificación del estado de estas comunidades por parte de las instituciones locales o departamentales. Hasta el momento, las fuerzas públicas no han accedido al territorio para asegurar la zona”, afirmó la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

Por: El Espectador.

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