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Paz y Derechos humanos

La violencia continúa sin freno en los territorios Indígenas del Chocó.

Desde el Consejo de Autoridades de la Asociación Orewa nos permitimos informar y denunciar ante la opinión pública nacional e internacional la violación de Derechos Humanos, ocurrido esta vez en los municipios de Medio Atrato – Beté y Bagadó del Departamento del Chocó de la siguiente manera: 

CASO 1: Mientras el pasado domingo 26 de julio del presente año, varios integrantes de la comunidad indígena Paso Salado, municipio de Quibdó se encontraban compartiendo un tranquilo día entre familiares y amigos, el momento fue interrumpido por ráfaga de disparos que nadie sabía ni quiénes ni de donde prevenían las balas, frente al cual los presentes buscan protección dentro de la vivienda y posteriormente el Embera Dóbida, FLANKLIN OLEA RUBIANO, resulta gravemente herido en su brazo izquierdo como consecuencia del impacto de uno de los proyectiles.

Posteriormente un grupo armado, conformado por aproximadamente 30 sujetos, entra a la casa Comunitaria y maltrata física y psicológicamente a varios indígenas que se encontraban allí, estos hechos han generado miedo, incertidumbre y dolor entre la Comunidad porque esta situación de guerra nunca se había presentado en este territorio.

Como consecuencia del hecho actualmente los 206 habitantes en 46 familias de la comunidad se encuentran confinados en medio de la escasez de bienes de primera necesidad como alimentos e insumos de salud, porque no se atreven a salir a realizar sus actividades diarias de recolección, caza, pesca para llevar alimentos a sus familias, pues hay temor de que se repita el episodio ya sea por el mismo u otros grupos armados. 

Esta es una Comunidad ubicada aproximadamente a Tres (3) horas de la cabecera Municipal de Quibdó.

CASO 2: Se dio el pasado martes 28 de julio, cuando el compañero indígena SANTIAGO CAMPAÑA NEGETA de 23 años de edad, se dirigía desde el corregimiento San Marino hacía su Comunidad Mojarrita, ubicada en la zona 2 del Resguardo Alto Andágueda del Municipio de Bagadó (Chocó), cuando aproximadamente 300 metros antes de llegar a su casa, tres hombres armados, encapuchados y vestidos con prendas militares le salen al paso y le propinan tres impactos de bala sin mediar palabras, como consecuencia el joven resultó gravemente herido. Hasta el momento se desconocen los motivos y los responsables de este hecho.

Cada uno de estos episodios y otros que quizás por temor no salen a la luz pública, parecen tener un único fin, cual es, causar temor, zozobra y restricción forzada de la movilidad en los territorios indígenas, incrementando con ello sus ya deficientes condiciones de vida y violando con ello pactos internacionales de Derecho Humanos DDHH y DIH según los cuales la población civil debe estar al margen de cualquier manifestación bélica en el mundo.

Por tanto, como Autoridades y defensores de nuestras Comunidades Indígenas, reiteramos nuestro llamado para que se brinde una atención de manera urgente en el marco de las rutas de atención establecidas en la Ley 1448 y el Decreto-Ley 4633, ambos del año 2011:

1. Al Gobierno municipal de Bagadó y Quibdó para que verifique y realice la primera atención a las familias y víctimas afectadas.

2. Al Gobierno Nacional y Departamental del Chocó para que asuman su responsabilidad de implementar un efectivo plan de atención, pero sobre todo de prevención estructural a la situación de confinamiento y demás afectaciones que hoy por hoy continúan padeciendo nuestras las Comunidades Indígenas con el patrocinio omisivo del Estado.

3. A la Procuraduría General de la Nación, Regional Chocó, para que haga seguimiento al desempeño de las funciones que cada institución realiza en el marco de sus competencias para atender este tipo de situaciones que vulneran los derechos de la Comunidad, principalmente de los niños indígenas.

4. A la Defensoría Regional del Chocó, a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) de Quibdó Chocó, para dar estricto cumplimiento al artículo 173 de la Ley 1448 de 2011, en el sentido de promover la creación de los Comités Territoriales de Justicia Transicional, para darle prioridad a la situación mencionada.

5. A la Fiscalía General de la Nación para que haga las investigaciones pertinentes y pueda encontrar a los responsables que ponen en riesgo la vida y tranquilidad de las Comunidades Indígenas.

CONSEJO DE AUTORIDADES INDÍGENAS ASOCIACIÓN OREWA

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Paz y Derechos humanos

La reparación colectiva les devuelve los lugares de encuentro a comunidades indígenas del Darién colombiano.

El tambo beneficia a 25 familias, que suman un total de 112 personas, que integran el resguardo Pescadito de la etnia embera dobida.

El sujeto de reparación colectiva resguardo indígena Pescadito, ubicado en Acandí (Chocó), culminó la construcción de un tambo comunitario, a través de la reparación colectiva, como parte de la recuperación de los espacios de fortalecimiento ancestral donde sus tradiciones y prácticas son recuperadas.

Mediante la implementación de esta medida, concertada en el Plan de Reparación Colectiva, este resguardo indígena culminó la construcción del tambo comunitario que aporta a la recuperación de sus costumbres y tradiciones.

Ahora, el resguardo cuenta con un amplio espacio, diseñado de acuerdo con sus necesidades y tradiciones y construido mediante la utilización de materiales nativos, como la madera, y la activa participación de los integrantes de la comunidad.

Al respecto, el gobernador del resguardo Pescadito, Jorge Chamarra, afirmó que “estamos agradecidos con la Unidad por la reparación colectiva, estamos contentos con la construcción del tambo, fue un trabajo de los miembros del resguardo y las personas de la comunidad, quienes están contentos porque quedó muy bonito y por las actividades culturales que vamos a poder hacer en ese lugar».

El tambo beneficia a 25 familias, que suman un total de 112 personas, que integran el resguardo.

Este sujeto de reparación colectiva étnico está localizado en la región del Darién colombiano en la zona sur sobre la ribera del río Tolo y pertenece a la etnia embera dobida.

“Este tambo es producto del esfuerzo de este colectivo y del acompañamiento permanente que se viene realizando desde la institucionalidad a pesar de las restricciones ocasionadas por la pandemia; el reto es lograr el cumplimiento de las demás medidas de restitución, satisfacción y reparación contempladas en el Plan de Reparación Colectiva”, manifestó Elizabeth Granada Ríos, directora de la Unidad para las Víctimas territorial Urabá-Darién.

Con este tambo de Pescadito, ya suman tres tambos construidos en los diferentes colectivos étnicos como el resguardo Cuti, y el tambo en el colectivo resguardo Tanela, ambos ubicados en el municipio de Unguía (Chocó), todos estos, mediante un proceso de reparación colectiva que le apuesta a la restauración de estos lugares de encuentro y conexión ancestral.

La comunidad aportó la mano de obra para la construcción y además fueron, por su propia iniciativa, los operadores logísticos en la venta de la madera utilizada para la construcción del tambo, apoyando así la economía local y fortaleciendo los liderazgos, y la organización política de las autoridades del resguardo.

Mediante la entrega de los materiales, entre estos la madera y la mano de obra calificada, necesarios para su construcción representados en más de $30 millones, se fomenta la revitalización de las prácticas culturales y de las políticas propias del pueblo embera.

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Paz y Derechos humanos

Consejo de Seguridad acordó acciones para afrontar situación de orden público en el Municipio del Alto Baudó.

«Gobernación brindará ayuda humanitaria»

Este jueves se realizó Consejo de Seguridad encabezado por el Gobernador del Chocó Ariel Palacios Calderón, con la presencia del alcalde de Alto Baudó, se trató la situación de orden público por la que atraviesa la comunidad Geandó en la que resultó en hecho violentos asesinada la menor de 9 años.

En consejo de seguridad el gobernador solicitó a la fuerza pública acciones permaneces en la zona, de manera que no solo se pueda hacer protección de esta comunidad, sino que además se pueda conjurar la amenaza que tienen las demás comunidades en el municipio.

La Gobernación del Chocó apoyará al municipio con ayuda humanitaria y con atención en salud para las comunidades, además se concertó con los miembros del consejo acciones interinstitucionales para atender la emergencia.

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Paz y Derechos humanos

Procuraduría llama la atención para que ayudas por el covid-19 lleguen a las comunidades étnicas.

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que exhorte al Gobierno nacional a aplicar un enfoque diferencial en los programas Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción, para que las ayudas contempladas en esas iniciativas lleguen efectivamente a los miembros de las comunidades étnicas inscritos.

En concepto al alto tribunal sobre el Decreto Legislativo 659, a través del cual se dispuso el giro de subsidios a los beneficiarios de los programas durante la emergencia sanitaria por la covid-19, el Ministerio Público señaló que “se hace imperativa la aplicación de un enfoque diferencial que permita la caracterización de los beneficiarios y la identificación de sus necesidades especiales en materia de inscripción y entrega de ayudas”.

Para el órgano de control el avance de la pandemia ha demostrado que las comunidades étnicas requieren una focalización especial porque hay elementos que las hacen más vulnerables, como sus altos niveles de pobreza y las barreras geográficas que dificultan su inscripción en los programas sociales y su acceso a las ayudas.

En el concepto, el Ministerio Público señaló que el Decreto 659 se ajusta a la Constitución, al reforzar la garantía de derechos a una vida digna y al mínimo vital de las personas más vulnerables, que por efecto de la pandemia han visto comprometidos los ingresos mínimos derivados de sus actividades comerciales y laborales.

El órgano de control precisó que la norma no es excluyente ni discriminatoria con las personas que no pertenecen a esos programas sociales, pues las transferencias están dirigidas a “grupos poblacionales que, acorde con las bases de información del Estado, se encuentran en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica, requiriendo con mayor necesidad de la ayuda”.

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