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Paz y Derechos humanos

La violencia continúa sin freno en los territorios Indígenas del Chocó.

Desde el Consejo de Autoridades de la Asociación Orewa nos permitimos informar y denunciar ante la opinión pública nacional e internacional la violación de Derechos Humanos, ocurrido esta vez en los municipios de Medio Atrato – Beté y Bagadó del Departamento del Chocó de la siguiente manera: 

CASO 1: Mientras el pasado domingo 26 de julio del presente año, varios integrantes de la comunidad indígena Paso Salado, municipio de Quibdó se encontraban compartiendo un tranquilo día entre familiares y amigos, el momento fue interrumpido por ráfaga de disparos que nadie sabía ni quiénes ni de donde prevenían las balas, frente al cual los presentes buscan protección dentro de la vivienda y posteriormente el Embera Dóbida, FLANKLIN OLEA RUBIANO, resulta gravemente herido en su brazo izquierdo como consecuencia del impacto de uno de los proyectiles.

Posteriormente un grupo armado, conformado por aproximadamente 30 sujetos, entra a la casa Comunitaria y maltrata física y psicológicamente a varios indígenas que se encontraban allí, estos hechos han generado miedo, incertidumbre y dolor entre la Comunidad porque esta situación de guerra nunca se había presentado en este territorio.

Como consecuencia del hecho actualmente los 206 habitantes en 46 familias de la comunidad se encuentran confinados en medio de la escasez de bienes de primera necesidad como alimentos e insumos de salud, porque no se atreven a salir a realizar sus actividades diarias de recolección, caza, pesca para llevar alimentos a sus familias, pues hay temor de que se repita el episodio ya sea por el mismo u otros grupos armados. 

Esta es una Comunidad ubicada aproximadamente a Tres (3) horas de la cabecera Municipal de Quibdó.

CASO 2: Se dio el pasado martes 28 de julio, cuando el compañero indígena SANTIAGO CAMPAÑA NEGETA de 23 años de edad, se dirigía desde el corregimiento San Marino hacía su Comunidad Mojarrita, ubicada en la zona 2 del Resguardo Alto Andágueda del Municipio de Bagadó (Chocó), cuando aproximadamente 300 metros antes de llegar a su casa, tres hombres armados, encapuchados y vestidos con prendas militares le salen al paso y le propinan tres impactos de bala sin mediar palabras, como consecuencia el joven resultó gravemente herido. Hasta el momento se desconocen los motivos y los responsables de este hecho.

Cada uno de estos episodios y otros que quizás por temor no salen a la luz pública, parecen tener un único fin, cual es, causar temor, zozobra y restricción forzada de la movilidad en los territorios indígenas, incrementando con ello sus ya deficientes condiciones de vida y violando con ello pactos internacionales de Derecho Humanos DDHH y DIH según los cuales la población civil debe estar al margen de cualquier manifestación bélica en el mundo.

Por tanto, como Autoridades y defensores de nuestras Comunidades Indígenas, reiteramos nuestro llamado para que se brinde una atención de manera urgente en el marco de las rutas de atención establecidas en la Ley 1448 y el Decreto-Ley 4633, ambos del año 2011:

1. Al Gobierno municipal de Bagadó y Quibdó para que verifique y realice la primera atención a las familias y víctimas afectadas.

2. Al Gobierno Nacional y Departamental del Chocó para que asuman su responsabilidad de implementar un efectivo plan de atención, pero sobre todo de prevención estructural a la situación de confinamiento y demás afectaciones que hoy por hoy continúan padeciendo nuestras las Comunidades Indígenas con el patrocinio omisivo del Estado.

3. A la Procuraduría General de la Nación, Regional Chocó, para que haga seguimiento al desempeño de las funciones que cada institución realiza en el marco de sus competencias para atender este tipo de situaciones que vulneran los derechos de la Comunidad, principalmente de los niños indígenas.

4. A la Defensoría Regional del Chocó, a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) de Quibdó Chocó, para dar estricto cumplimiento al artículo 173 de la Ley 1448 de 2011, en el sentido de promover la creación de los Comités Territoriales de Justicia Transicional, para darle prioridad a la situación mencionada.

5. A la Fiscalía General de la Nación para que haga las investigaciones pertinentes y pueda encontrar a los responsables que ponen en riesgo la vida y tranquilidad de las Comunidades Indígenas.

CONSEJO DE AUTORIDADES INDÍGENAS ASOCIACIÓN OREWA