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Paz y Derechos humanos

Mediante acto de justicia restaurativa ICBF Regional Chocó pide excusas públicas a familiares de víctima.

Este jueves 13 de junio del 2019, en el recinto de la Asamblea Departamental del Chocó, el señor director del ICBF – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Chocó; Manuel Humberto Moreno y varios miembros de su equipo de colaboradores llegaron hasta las instalaciones de la duma departamental del Chocó, con el fin de oficializar acto público de justicia restaurativa.

El acto contó con la asistencia de los diputados, familiares de la víctima y abogado apoderado.   

La convocatoria se da en cumplimiento de la sentencia N° 195 del 4 de diciembre de 2017, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Chocó, que obliga a la entidad en mención a pedir disculpas publica a familiares del joven Juan Andrés Palacios Asprilla (Q.E.P.D), quien perdió la vida en un Centro de Atención especializada CAE. adscrito al ICBF Regional Chocó.

El Baudoseño pudo conocer que el nuevo Centro de Atención Especializada – CAE, Centro de internamiento preventivo CIP, que se construye en el kilómetro 8 vía a Yuto, en memoria del joven; Juan Andrés Palacios Asprilla (QEPD).      

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Paz y Derechos humanos

ICBF identificó y atendió a 6.541 menores de edad víctimas de trabajo infantil en el último año.

A través de sus 44 Equipos Móviles de Protección Integral, cada semana el ICBF adelanta 22 jornadas de búsqueda activa en plazas de mercado, terminales de transporte, zonas comerciales y semáforos.

En el último año los Equipos Móviles de Protección Integral (EMPI) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) identificaron a 6.541 niños, niñas y adolescentes que se encontraban en situación de trabajo infantil y movilizaron la oferta pública del Estado, a través de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, para restablecer sus derechos.

Foto – ICBF Regional Chocó.

Así lo dio a conocer la Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, en el que destacó que semanalmente los equipos EMPI del ICBF adelantan un promedio de 22 jornadas de búsqueda activa en plazas de mercado, terminales de transporte, zonas comerciales, semáforos y otros puntos donde se identifica una alta presencia de trabajo infantil.

Actualmente, el Instituto dispone de 44 equipos EMPI en todo el país, integrados por 132 profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos, sociólogos y pedagogos), quienes desarrollan jornadas contra el trabajo infantil de manera articulada con el Ministerio de Trabajo, la Policía de Infancia y Adolescencia y las alcaldías municipales.

Para superar las vulneraciones relacionadas con el trabajo infantil, la Directora General del ICBF destacó que, a través de las modalidades de internado medio tiempo o tiempo completo del Instituto, los menores de edad reciben acompañamiento pedagógico para la consolidación de sus proyectos de vida y, de la misma forma, intervención de apoyo psicosocial a sus familias para fortalecer las capacidades de crianza.

“Destacamos la disminución de la tasa de trabajo infantil de 7,3% en 2017 a 5,9% a finales de 2018, según las cifras del DANE. Sin embargo, significa que tenemos 1.119.000 niños trabajadores que no están desarrollando actividades propias de su edad y vitales para su desarrollo”, dijo la Directora General.

Para Juliana Pungiluppi, los colombianos deben comprometerse a combatir el trabajo infantil porque es la puerta de entrada a otras vulneraciones como: explotación sexual comercial, utilización por grupos delictivos, consumo de sustancias psicoactivas, trabajo forzado y mendicidad ajena.

Las regiones del país donde los equipos EMPI identificaron más niños, niñas y adolescentes trabajadores fueron Bogotá (1.633), Norte Santander (471), Atlántico (373), Sucre (278) y Antioquia (250). Le siguen Nariño (241), Valle del Cauca (241), Cesar (235), Huila (233), Boyacá (208), Córdoba (189), La Guajira (184), Magdalena (174), Caldas (170), Tolima (169), Cundinamarca (167), Arauca (161), Bolívar (142), Chocó (136), Santander (128) Risaralda (121), Putumayo (116) Caquetá (106) Quindío (98) Casanare (90) Meta (90), Cauca (79), Amazonas (18), San Andrés (15), Guainía (11), Vichada (9) y Guaviare (5).

De los 6.541 casos de trabajo infantil atendidos por los equipos EMPI en el último año, el ICBF abrió 2.072 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD), de los cuales el 79% se concentra en cuatro departamentos (Córdoba con 994, Bolívar con 264, Cesar con 236 y Atlántico 147).

En el marco de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030 y las Líneas de Política de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección Integral al Adolescente Trabajador, el Gobierno Nacional desarrollará estrategias que permitan reducir las causas que generan el trabajo infantil.

“Sin embargo, esta no es una tarea exclusiva del Gobierno Nacional, sino que convoca a todos los sectores de la sociedad. El trabajo no es cosas de niños, por eso hago un llamado a las familias, a los empresarios y a la ciudadanía en general para garantizarles a nuestros niños, niñas y adolescentes entornos adecuados para su desarrollo físico, emocional e intelectual”, puntualizó la Directora del ICBF.

Atención a menores de edad venezolanos.

La Directora General del ICBF aseguró que en los primeros cuatro meses del año ya se han identificado 118 niños, niñas y adolescentes venezolanos en situación de trabajo infantil, quienes ingresaron a los programas del ICBF. “Según la legislación colombiana, el Estado debe garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional sin importar su origen. La protección de la niñez y adolescencia es una prioridad para este Gobierno”, destacó.

Finalmente, resaltó que el Instituto trabaja con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un proyecto para la caracterización de la población migrante que permita verificar, entre otros aspectos, las vulneraciones a los derechos de los menores de edad. El proyecto piloto se adelantará en Villa del Rosario (Norte de Santander), Valledupar (Cesar), Ipiales (Nariño) y Bogotá.

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Gobierno departamental y autoridades militares concretan acciones para restablecer orden público en litoral del san juan.

Luego de los enfrentamientos el pasado domingo entre el ELN y otro grupo al margen de la ley  aún no identificado de la comunidad Pichimá Quebrada, en Litoral del San Juan,  el Gobernador del Chocó se reunió el miércoles 5 de junio con los comandantes de Policía, Ejército, Fuerza Naval y  toda la institucionalidad, para concretar las acciones que permitan el restablecimiento del orden público para habitantes de esta zona.

Estos hechos provocaron el desplazamiento de 94 familias (427 personas) hasta la cabecera municipal; el mandatario chocoano agradeció  la rápida acción por parte de Fuerza Naval del Pacífico, la cual desembarco el anfibio ARC “Bahía Colombia”, con el que  dieron inicio el día de ayer  a su inserción en el área general de Pichimá, con el propósito de revisar la situación de la comunidad indígena, en torno a las informaciones que hacen referencia al enfrentamiento entre grupos armados organizados en la zona.

El ViceAlmirante Antonio José Martínez Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico indicó, las investigaciones arrojan que miembros del ELN controlan este corredor de movilidad de narcotráfico, además explicó, durante la reunión del día de hoy, la Fuerza naval del Pacífico brindará apoyo logístico para la llegada y entrega de las ayudas humanitarias. 

Ayer 4 de junio se realizó reunión en la Unidad de Víctimas con el ánimo de prestar ayuda humanitaria inmediata, donde se llegaron a las siguientes acciones:

1. ICBF. Enviará una brigada móvil conformada por equipos interdisciplinarios para la atención de las familias de Pichimá Quebrada.

2. ICBF. Activará los protocolos de atención con los operadores de la Primera Infancia para la atención de las familias afectadas.

3. Secretaría de Educación Departamental: solicitará a la Diócesis de Istmina la implementación de jornada educativa de emergencia en horarios alternos a las de Docordó.

4. Solicitará a Waundeco la continuidad del programa del PAE.

5. Secretaria Departamental de Salud: solicitará a las EPS/IPS la atención prioritaria en salud a las familias Desplazadas de Pichimá Quebrada.

6. Harlan Alaya: Brindará atención  psicosocial a las familias desplazadas de Pichimá.

7. Gobernación del Choco: Entrega de combustible para la distribución de Ayudas Humanitarias.

8. Unidad Para las Victimas: Realizará Misión humanitaria de acompañamiento y seguimiento de la emergencia, de igual forma realizará, entrega de ayudas humanitarias, inicialmente a la comunidad de Pichimá Quebrada en los próximos días.

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Armada de Colombia mantiene sus operaciones en Pichimá Litoral del San Juan – Chocó.

Más de 30 toneladas de ayudas humanitarias serán transportadas este fin de semana, a bordo de un buque de la Armada de Colombia, desde Buenaventura, para ser entregadas a las familias indígenas afectadas en Pichimá.

La Armada de Colombia a través de la Fuerza Naval del Pacífico continúa desarrollando operaciones en el área general de Pichimá, en el departamento del Chocó, para proteger a las comunidades indígenas que se desplazaron hasta la cabecera municipal de Docordó, por los enfrentamientos entre el Grupo Armado Organizado ELN y el Grupo Armado Organizado Residual Frente 30, quienes se disputan el control de las rutas del narcotráfico en la zona.

Según lo manifestado por Willinton Ibarguen Posso, Alcalde de Docordó, alrededor 420 indígenas representados en 97 familias de la comunidad de Pichimá Quebrada, se han desplazado hasta este municipio, para evitar ser afectadas por estos enfrentamientos armados.

Ante este hecho, la Fuerza Naval del Pacífico coordinó una reunión de seguridad en las instalaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán en la tarde del miércoles 5 de junio, que fue presidida por el Doctor Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, Gobernador del departamento del Chocó y en la cual participó la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Víctimas, el Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Policía Nacional, que de manera conjunta, analizaron y evaluaron las acciones realizadas por cada institución,  establecieron acuerdos para unir sus esfuerzos que permitan evidenciar las actuaciones institucionales frente a las necesidades de la comunidad, atendiendo de manera oportuna y brindando la asistencia requerida por las familias afectadas para el restablecimiento de sus derechos y así estabilizar la situación de orden público en esta zona del Pacífico colombiano.

Durante la reunión, las autoridades locales, regionales, organismos de control e instituciones estatales, reconocieron la rápida y oportuna reacción de las Fuerzas Militares para actuar en contra de estos Grupos Armados Organizados. Igualmente destacaron el alto nivel de compromiso por parte de la Alcaldía de Docordó para atender oportunamente a la comunidad desplazada, quienes fueron instalados en tres albergues dispuestos para su protección y resguardo.

Es de anotar, el compromiso en la activación de un corredor humanitario para entregar más de 30 toneladas de ayudas humanitarias, que serán embarcadas durante este fin de semana a bordo de un buque de la Armada de Colombia, en el puerto de Buenaventura, las cuales serán transportadas hasta el municipio de Docordó, para finalmente ser entregadas a las 97 familias afectadas.

La Armada de Colombia a través de la Fuerza Naval del Pacífico, mantiene sus Unidades de Superficie, tropas y aeronaves desplegadas en la zona, para reforzar la seguridad, desarrollar operaciones ofensivas sostenidas y consolidar la presencia del personal de Infantería de Marina, que permita proteger a las comunidades indígenas, así como contrarrestar el accionar delictivo de estos Grupos Armados Organizados.

Es así, como en estos tres últimos días, durante operaciones de registro y control en cercanías a la comunidad de Pichimá, se ha logrado la ubicación y destrucción de dos zonas campamentarias que recientemente habrían sido abandonadas, las cuales tienen capacidad para albergar hasta 40 bandidos.

De igual manera, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, se han realizado sobrevuelos en la zona para verificar la situación en el lugar y apoyar a las tropas que han asegurado el sector para el desarrollo de las operaciones militares, quienes, en las últimas horas, en su ofensiva, han sostenido combates con una de estas estructuras, logrando el debilitamiento de las mismas y su capacidad de ataque.

Este viernes 7 de junio, se llevará a cabo en el municipio de Docordó, un Comité de justicia transaccional ampliado, para verificar cada uno de los compromisos adquiridos por las instituciones y atender de manera rápida a las familias indígenas.

La Armada de Colombia continuará desarrollado operaciones contundentes que sumado a un esfuerzo no armado, coadyuve a la mitigación de los riesgos, así como a la prevención de acciones delictivas de estos Grupos Armados Organizados que irrumpen la tranquilidad de los pobladores asentados en la zona norte del Litoral Pacífico colombiano.

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