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Paz y Derechos humanos

Muertos de la masacre de Bojayá de vuelta a su tierra.

Desde el aeropuerto Olaya Herrera, en la ciudad de Medellín, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, acompañaron el embarque de los cofres en los cuerpos de las víctimas de la masacre de Bojayá.

A bordo de un helicóptero Mil Mi-17, de fabricación rusa, proporcionado por la ONU, inició el proceso de entrega de los cofres en los que reposan los cuerpos de las víctimas de la masacre de Bojayá.

Entre el 11 y el 18 de noviembre, la Unidad para las Víctimas, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal, participarán en el Acto de Entrega formal de los muertos de la masacre del 2 de mayo del 2002 en Bojayá, Chocó. Los cuerpos fueron exhumados por segunda vez en mayo de 2017 para lograr su identificación.

Este 11 de noviembre comenzó el proceso de la llegada de los cuerpos, el velorio y el entierro colectivo de 79 cuerpos. Desde el aeropuerto Olaya Herrera, en la ciudad de Medellín, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, aseguró que “gracias a los helicópteros de las Naciones Unidas vamos a llegar a Vigía del Fuerte y allí vamos a entregar los cuerpos a las comunidades, para que pueda iniciar el proceso de duelo”.

Ahora que los cuerpos de las víctimas de esta masacre, ocurrida en el 2002, en el departamento de Chocó, se encuentran en su tierra, iniciarán un recorrido por Vigía del Fuerte, Bellavista (Viejo), Bellavista (Nuevo), Pogue y las demás comunidades rivereñas, donde recibirán un homenaje y su último adiós.

Luego de las explicaciones técnico-científicas, el 16 de noviembre se cumplirán los actos y ritos. “Como Unidad para las Víctimas acompañaremos los actos de entierro final, nosotros realizaremos todo el acompañamiento por parte del equipo psicosocial, hoy lo que haremos es entregar estos cuerpos y se inicia un proceso de acompañamiento para que las comunidades realicen los rituales de acuerdo a sus usos y costumbres”, explicó el director de la entidad.

Millonaria inversión para entierro final y rituales.

Con el fin de cumplir con las características diferenciales de esta comunidad étnica, la Unidad para las Víctimas dispuso de más de 1.500 millones de pesos con el fin de garantizar la participación de los familiares directos de las víctimas de la masacre de Bojayá, que estarán presentes del 11 al 19 de noviembre en los actos de entrega formal de los muertos en este hecho violento.

El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, explicó que con dichos recursos se asegurará que los familiares directos de las víctimas (cónyuges, padres, hijos, hermanos, sin importar el número) o máximo 5 personas por víctima para los casos que no existan familiares directos, participen de todos los actos. “Bajo sus principios y sus costumbres, la Unidad para las Victimas apoyará este proceso, que nos demanda una inversión entre 1.500 y 2.000 millones de pesos con los que estamos garantizando el transporte de las comunidades, la alimentación y alojamiento de todos los días que ellos requieren”, agregó.

Igualmente, la Unidad proveerá todos los materiales necesarios para los actos simbólicos previstos por la comunidad para el recibimiento de los cuerpos en Bellavista y su recorrido por el río, al igual que los actos simbólicos para el viaje de los cuerpos a Pogue. El director de la entidad aseguró que «también se ha realizado el acompañamiento psicosocial que han tenido desde el primer momento que se hicieron los procesos de concertación y exhumación”.

Tres sujetos de reparación colectiva.

En Bojayá, hay tres Sujetos de Reparación Colectiva:  La Comunidad Afro de Bellavista, cuyo plan se encuentra en fase de implementación, los Consejos Comunitarios de Bojayá, compuesto por 19 Consejos Comunitarios y se encuentra en fase de formulación y las Comunidades Indígenas de Bojayá, compuesto por 32 comunidades, que se encuentran en la fase de implementación.

En la Comunidad Afro de Bellavista la Unidad para las Víctimas ha realizado una inversión total de $1.032 millones entre el proceso de ruta e implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC).

Con respecto al sujeto de reparación Consejos Comunitarios de Bojayá, se ha realizado acompañamiento durante el desarrollo de la ruta y se proyecta la protocolización del PIRC para inicios del mes de diciembre.

En lo referente al colectivo Comunidades Indígenas embera – dóbida de Bojayá, su PIRC se encuentra en proceso de implementación y las primeras dotaciones que se harán entrega durante la vigencia 2019 son: la entrega de tres embarcaciones comunitarias, entrega de materiales de construcción para la construcción de tres tambos (Kiosco comunitario).

Más de 850 Bojayaseños indemnizados.

En el Departamento del Chocó se han indemnizado 13.043 personas por un valor de cercano a los $101.000 millones.

En lo que respecta al municipio de Bojayá, se han indemnizado 871 personas por un valor cercano a los $7.000 millones

Retornos y reubicaciones.

El Plan de retorno y reubicación fue aprobado el 29 de junio de 2016 y las comunidades que actualmente son acompañadas para este fin son la comunidad indígena Chau pertenecientes a la etnia embera y tres comunidades afrodescendientes denominadas Bellavista, Pueblo Nuevo y Amburridó.  El total de hogares acompañados es de 138 y de personas 667.

En agosto de 2014, con recursos pertenecientes a Esquemas especiales de acompañamiento comunitarios la Unidad entregó insumos y materiales para el arreglo de la Iglesia de Bojayá, mientras que la Alcaldía municipal aportó la mano de obra.

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Paz y Derechos humanos

Procuraduría llama a alcaldes y gobernadores a incluir en sus planes de desarrollo recursos y planes de acción para la protección de líderes sociales.

El Viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés González, envió un mensaje a alcaldes y gobernadores para incluir en los planes de desarrollo territorial medidas encaminadas a la protección de líderes sociales, con asignación de recursos y acciones concretas.

“Es la oportunidad, no para meterle de todo al Plan de Desarrollo como si fuera una piñata, pero sí para priorizar, y qué más importante puede ser para una acción territorial que garantizar la defensa de la vida, del liderazgo social, de la participación política y de la participación de las comunidades más afectadas por la violencia”

Desde la jornada de PAO Territorial realizada en Quibdó por el Ministerio del Interior para evaluar medidas de protección para defensores de derechos humanos, comunales y periodistas, el representante del órgano de control pidió que esos planes de desarrollo también estén alineados con las acciones del Gobierno Nacional y destacó el apoyo de la cooperación internacional encaminada a respaldar la labor de protección a la vida e integridad de los líderes.

Cortés González mostró su preocupación sobre las 45.000 personas que fueron víctimas de desplazamiento y confinamiento en el año 2019 según informes de la Defensoría del Pueblo, e hizo un llamado a “encarar esta situación y buscar estrategias que lleven a la finalización de este flagelo”.

Agregó que el Ministerio Público continuará en una rigurosa vigilancia a las acciones del Gobierno Nacional para la protección de líderes sociales, especialmente en la región pacífica colombiana.

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Paz y Derechos humanos

Gobernador preside consejo de seguridad.

Con la Secretaría técnica de la cartera del Interior en cabeza de Nubia Carolina Córdoba Curí, el Gobernador del Chocó Ariel Palacios Calderón, convocó el pasado martes 14 de enero a Consejo de Seguridad al que asistió la UNP, en aras articular esfuerzos para afrontar eficazmente la situación general de orden público del departamento en cada una de las sub regiones y su ciudad capital Quibdó.

De igual forma se planteó revisar los puntos críticos para desplegar un plan de acción en torno a la protección de los líderes sociales y comunitarios del Departamento del Chocó.

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Paz y Derechos humanos

Procuraduría pidió al Gobierno Nacional medidas urgentes que eliminen situación de confinamiento en Bojayá.

Solicitó convocar una reunión del Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías.

Pidió coordinar de manera prioritaria una estrategia de atención a la población víctima de Bojayá y de los municipios del Medio y Bajo Atrato.

Requirió a Mininterior y a la Gobernación de Chocó informar sobre las acciones realizadas hasta el momento para mitigar, prevenir y eliminar la situación de riesgo de la población.

La Procuraduría General de la Nación requirió al Gobierno Nacional tomar medidas urgentes e inmediatas para eliminar la situación de confinamiento a la que se ha visto sometida la población de Bojayá, Chocó, y de otras regiones del departamento por la presencia de hombres de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona.

En carta enviada a la ministra del Interior y al gobernador de Chocó, el Ministerio Público pidió convocar inmediatamente una reunión del Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías, y demás instituciones involucradas con el fin de concretar acciones para lograr el cese de la situación que padece el municipio, donde se ha presentado ocupación de bienes, intimidación, situación de confinamiento, riesgo de desplazamiento forzado y amenazas generalizadas contra la población de territorios colectivos y resguardos indígenas.

Así mismo, el órgano de control instó al Gobierno Nacional para que implemente de forma integral un plan de acción que garantice la seguridad de la población a través de una actuación de la Fuerza Pública y requirió evaluar la intervención de las Fuerzas Militares e identificar los obstáculos que han impedido la protección a la población de manera efectiva, y prevenir nuevas situaciones de violencia y victimización.

Adicionalmente, puntualizó que se deben contemplar “acciones que garanticen la protección de los habitantes del departamento, a través de programas de protección colectiva, programas de prevención del reclutamiento forzado, atención a víctimas de violencia sexual y la solicitud de medidas de protección individual para autoridades étnicas o líderes que se encuentren en riesgo”.

En este sentido, pidió coordinar de manera prioritaria una estrategia de atención de la población víctima del municipio de Bojayá y de los municipios del Medio y Bajo Atrato, que se brinde asistencia humanitaria urgente a través del acceso a alimentos, brigadas de salud y dotación de infraestructura para su protección, con el objeto de mitigar los impactos causados por el confinamiento y el desplazamiento forzado.

También exhortó a realizar un trabajo articulado con las entidades territoriales y del Estado para que se adelanten todas las medidas de protección atendiendo a los principios de enfoque diferencial, a fin de garantizar la vida e integridad de los habitantes de esta región.

En la comunicación, la Procuraduría pidió a Mininterior y a la Gobernación de Chocó, dentro de los próximos cinco días, rendir un informe de las acciones realizadas hasta el momento para mitigar, prevenir y eliminar la situación de riesgo de la población.

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