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Paz y Derechos humanos

Procuraduría asumió actuación disciplinaria por caso de niña Embera Chamí y designó funcionario especial para llevar el proceso.

La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del poder preferente, asumió la actuación que inició la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ejército Nacional, con sede en Pereira, y abrió indagación preliminar contra soldados por establecer del Batallón San Mateo, por la presunta retención ilegal y el acceso carnal violento contra una niña de la comunidad indígena Embera Chamí, de Pueblo Rico, Risaralda.

“Cuando se trata de investigaciones que involucren conductas como la del asunto objeto del presente pronunciamiento, se considera que dada su presunta gravedad, reiteración y afectación de los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes, y ante el imperativo de obtener protección contra toda forma de violencia contra estos sujetos de especial protección, deben ser asumidas por la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de los fines esenciales inherentes a la entidad y dispuestos en los mandatos constitucionales”, precisó el Ministerio Público al ejercer el poder disciplinario preferente.

Para la Entidad los hechos investigados “podrían llegar a constituir afectación de derechos humanos, en atención a la condición especial de la víctima por tratarse de una menor de edad que pertenece a un grupo étnico”.

Simultáneamente, el ente de control intervino en el consejo de seguridad convocado por las autoridades de Pueblo Rico, donde reclamó que se adelante la oportuna investigación penal, bajo el principio de debida diligencia y el restablecimiento de derechos de la niña como titular de especial protección constitucional.

A través de las delegadas para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, Derechos Humanos, Asuntos Étnicos, Ministerio Público para Asuntos Penales, la Regional Risaralda y la Provincial Pereira, la Procuraduría velará por la defensa, protección y garantía de los derechos de la niña, su familia y su comunidad.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Colombia a través de la Ley 12 de 1991, es obligación asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes del maltrato y abuso, para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

Recordó que de acuerdo con sentencias de la Corte Constitucional los pueblos indígenas son sujetos de especial protección por encontrarse en situación de vulnerabilidad.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, designó como funcionario especial para llevar este proceso disciplinario al Delegado para la Fuerza Pública y la Policía Judicial, dada la situación de especial protección de la víctima y la trascendencia de los hechos como grave violación de los derechos humanos.

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Paz y Derechos humanos

Hemos construido una Procuraduría del diálogo, de la participación, mestiza, india, afrocolombiana, promotora de derechos, tolerante, contundente contra la corrupción: Fernando Carrillo Flórez.

«El mensaje que le dejo hoy a los colombianos es que es absolutamente posible creer en la democracia, en el Estado de derecho, en las libertades, luchar contra la desigualdad, pararse en frente a los poderosos con energía y magnanimidad».

«Hemos cumplido con la misión que nos propusimos y lo hemos hecho con consistencia, convicción, amor por las causas y respeto por los valores que nos señala la ley y la Constitución de Colombia».

«La Procuraduría no paró durante la pandemia porque disponíamos de herramientas virtuales para seguir adelante».

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, aseguró que durante sus 4 años de gestión construyó “una Procuraduría del diálogo, de la participación, mestiza, india, afrocolombiana, promotora de derechos, tolerante, contundente contra la corrupción”, y agregó que el mayor legado ha sido recuperar la confianza de los ciudadanos en la institución a través del diálogo y la participación ciudadana.

En la Audiencia de Rendición de Cuentas 2017 – 2020, el jefe del Ministerio Público enfatizó en que «hay esperanza si seguimos creyendo en la democracia, en el Estado social de derecho, en las libertades contra la desigualdad, en la ética contra la corrupción, en la justicia contra la inequidad, en la vida contra los atentados y la violencia».

«El mensaje que le dejo hoy a los colombianos es que es absolutamente posible creer en la democracia, en el Estado de derecho, en las libertades, luchar contra la desigualdad, pararse en frente a los poderosos con energía y magnanimidad».

Reiteró que su actuar durante estos cuatro años se derivó de la defensa de la Constitución de 1991, que ha sido la brújula, la guía y la razón de ser de la gestión del Ministerio Público.

«Hemos cumplido con la misión que nos propusimos y lo hemos hecho con consistencia, convicción, amor por las causas y respeto por los valores que nos señala la ley y la Constitución de Colombia».

Durante la audiencia pública el Procurador General explicó los 5 legados del ente de control: dar voz a la ciudadanía, respaldar a las víctimas y a la paz, detener a los corruptos, empoderar a los territorios, y resaltó la innovación y la transformación tecnológica de la Entidad.

«La Procuraduría no paró durante la pandemia porque disponíamos de herramientas virtuales para seguir adelante. La mejora de redes, infraestructura tecnológica y sistemas de comunicación se han traducido en defensa de derechos de los colombianos».

Agregó que uno de los retos que asumió al frente del Ministerio Público fue responder con altura a los desafíos de la implementación del Acuerdo de Paz, realizando seguimiento a lo pactado y representando a las víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Finalmente, aseguró que durante estos años de administración «no improvisamos, demostramos con hechos y no con palabras los resultados de nuestras acciones; tomamos la Constitución como brújula y pusimos los pies en los territorios para escuchar a la ciudadanía», y agradeció el acompañamiento decidido de los viceprocuradores Adriana Herrera Beltrán, Juan Carlos Cortés González, y de los procuradores delegados, regionales y provinciales.

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Paz y Derechos humanos

Más de $11 mil millones para seguridad de líderes de sustitución de cultivos y defensores de derechos humanos.

“Privilegiar la vida y reparar a las víctimas, prioridades del gobierno Duque”: Consejero Emilio Archila

Con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, se realiza proyecto en Chocó, Catatumbo y Pacífico Nariñense.

Estrategia de prevención temprana y protección colectiva beneficiará directamente a personas en proceso de reincorporación, líderes de sustitución de cultivos, líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Consejero Archila reconoce apoyo de la comunidad internacional para garantizar la vida de líderes sociales en zonas de alto riesgo.

El Gobierno Nacional y El Fondo Multidonante de las Naciones Unidas firmaron un convenio de cooperación por más de $11 mil millones de pesos para desarrollar una estrategia de prevención y protección que garantice la seguridad de líderes y lideresas sociales en zonas de alto riesgo, en tres departamentos de Colombia.

“Hoy anunciamos la aprobación de un proyecto en apoyo a la estrategia del Gobierno Nacional para reducir el nivel de violencia que enfrentan los líderes y lideresas de Derechos Humanos, y las y los reincorporados, para que puedan ejercer su liderazgo libres y seguros, previniendo la estigmatización, y fortaleciendo las capacidades institucionales y de organizaciones sociales; brindando a su vez oportunidades económicas que también permitan generar escenarios de reconciliación con la población reincorporada. Esta apuesta será financiada por el Fondo de Consolidación de la Paz de la ONU, a través del Fondo Multidonante, y cuenta con el apoyo de países donantes comprometidos con la paz de Colombia”, aseguró hoy Jessica Faieta, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia.

El Consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila, agradeció el irrestricto apoyo de la comunidad internacional al proyecto de prevención y protección colectiva del gobierno a líderes, lideresas, defensores de derechos humanos, mujeres reincorporadas y familias en sustitución de cultivos ilícitos en tres regiones del país.

“Este  aporte de 2 millones 500 mil dólares del Fondo Multidonante  de las Naciones Unidas, para la seguridad de nuestros líderes y lideresas, es una muestra del compromiso de la comunidad internacional con la política de Paz con Legalidad del presidentes Iván Duque; también, un reconocimiento a su seriedad y a su permanente interés por la defensa de la vida y de los ideales que promueven en el territorio esos hombres que trabajan por el bienestar de las familias y la protección de los recursos naturales”, dijo el Consejero.

Archila adelantó que “el proyecto de prevención en seguridad y protección colectiva se ejecutará inicialmente durante un período de dos años en 30 municipios de Chocó, Catatumbo y el Pacífico Nariñense”.

Mil personas se beneficiarán directamente y más de 10 mil de forma indirecta. El objetivo es el establecimiento de espacios de diálogo, estrategias de prevención temprana y protección colectiva, y de gestión integral de los riesgos de los líderes/as sociales, defensores/as de derechos humanos y sus organizaciones, especialmente para población en sustitución de cultivos ilícitos y en proceso de reincorporación.

El proyecto cuenta con una estrategia de seguridad para mujeres reincorporadas, medidas de reactivación económica que tiendan a la sostenibilidad económica individual, asociativa y colectiva y que eviten el control del crimen organizado.

Los municipios donde se ejecutará el proyecto son Riosucio, Quibdó, San José Del Palmar, Bagadó, Nóvita, Carmen de Atrato, Medio Baudó, Alto Baudó, Condoto, Bahía Solano, Mutatá, Nuquí y Carmen Del Darién, en Chocó.

En la región de Catatumbo: Tibú, El Tarra, Convención, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama, El Carmen y Hacarí; y en el Pacifico Nariñense y el Cauca los municipios de Tumaco, Olaya Herrera, Santa Bárbara, Ricaurte, Barbacoas, Magüí, Popayán y Santander de Quilichao.

Cien organizaciones de base, 3 defensorías regionales, 3 procuradurías provinciales, 3 personerías municipales, 3 seccionales de la Fiscalía, 3 alcaldías y 3 gobernaciones hacen parte de los beneficiarios del proyecto de transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación.

El Fondo Multidonante aportará el equivalente a 2.5 millones de dólares y el gobierno nacional aportará una contrapartida de 698.176 dólares, para un total de 3´198.176 dólares, equivalentes a 11 mil millones de pesos.

En la ejecución del proyecto participan el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, la Consejería para la Estabilización, el Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas, (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Droga y el Delito (UNODOC).

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Paz y Derechos humanos

Más de 500 indígenas confinados en Bojayá por el control de grupos armados.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que, desde octubre de 2020, al menos 512 personas, incluidos 390 niños, niñas y adolescentes, de las comunidades indígenas de Unión Cuity y Unión Cuity Central, de Bojayá, Chocó, se encuentran en confinamiento por el control social de un grupo armado organizado en el territorio.

Desde octubre, al menos 512 personas de las comunidades indígenas de Unión Cuity y Unión Cuity Central, se encuentran confinadas. – Imagen de referencia

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) emitió una alerta – este miércoles 6 de enero – por la situación humanitaria y el confinamiento de comunidades indígenas en Bojayá, Chocó. Desde octubre, al menos 512 personas (222 mujeres, 290 hombres y 390 niños, niñas y adolescentes), de las comunidades indígenas de Unión Cuity y Unión Cuity Central, se encuentran en confinamiento por cuenta del control social de un grupo armado organizado en el territorio.

De acuerdo con la OCHA, esta información fue reportada por la comunidad a miembros del Equipo Local de Coordinación (ELC) en diciembre, a través de un comunicado escrito – con fecha del 6 de diciembre de 2020 – que fue remitido a la Personería municipal. En este documento las comunidades denunciaron varias formas de intimidación como la prohibición de ejercer actividades como la pesca; la instalación de retenes ilegales en las vías fluviales; apropiación y construcción de viviendas para miembros del grupo armado organizado al interior de la comunidad y la apropiación de la siembra y cultivos de pancoger para alimentación de dicho grupo, en detrimento de la propiedad colectiva de los indígenas.

Aunque la emergencia inició en octubre, todavía no se ha activado el Comité Municipal de Justicia Transicional ni el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición. “A la fecha no se ha llevado a cabo una misión de verificación del estado de estas comunidades por parte de las instituciones locales o departamentales. Hasta el momento, las fuerzas públicas no han accedido al territorio para asegurar la zona”, afirmó la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

Por: El Espectador.

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