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Paz y Derechos humanos

Rápida atención de la Fuerza Pública en Lloró, busca prevenir el Desplazamiento de Comunidades Rurales.

Por primera vez, la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, a través de sus elementos de Armada y Ejército, estará vigilando constantemente los ríos Atrato, Andágueda y Capá en el municipio de Lloró.  Así se decidió en un Consejo de seguridad convocado por el alcalde Heneíl Correa Rentería, luego de que miembros de las comunidades afros e indígenas de la zona rural de este municipio, denunciaran la presencia de grupos armados organizados en el territorio.

Las quejas fueron recibidas a través del Personero municipal de Lloró y la Inspectora de Policía, quienes advirtieron el confinamiento de más 42 familias de las comunidades de Mindó, Currumpá, Currumpacito y Chiriquí, debido a recientes enfrentamientos entre grupos al margen de la Ley.

De inmediato, el comandante de la Décima Quinta Brigada, Coronel Omar Castillo Aldana, visitó el municipio de Lloró, acompañado del comandante de Policía Chocó, Coronel John Milton Arévalo, para establecer estrategias que fortalezcan el trabajo interinstitucional que sus hombres ya vienen realizando desde el año pasado, cuando más de 180 familias que se habían desplazado de Boraudo, retornaron de manera rápida y segura a sus hogares.

El Consejo de Seguridad apuntó principalmente a la protección de la vida de los pobladores, evitar su desplazamiento, garantizar su seguridad, logrando alejar de la zona mediante resultados visibles a cualquier grupo armado organizado o sistema de amenaza permanente. Según el alcalde Heneíl Correa, la administración municipal no cuenta con la capacidad necesaria para atender una situación de desplazamiento masivo, es por eso que a través de herramientas legales, facilitará el trabajo de la Fuerza de Tarea, en operaciones de interdicción, control y vigilancia de los ríos que rodean el municipio de Lloró, con requisas y retenes permanentes, hasta la restricción del flujo embarcaciones fluviales y víveres.

De igual manera, el Gaula Militar Chocó, estará realizando una fuerte campaña de prevención contra la extorsión y el secuestro, para que comerciantes, lancheros y población en general, no se dejen amedrentar por delincuentes y denuncien cualquier caso de amenaza en su contra. De esta manera, podrán ser judicializados y privados de la libertad de manera efectiva.

La Séptima División del Ejército y sus unidades agregadas y orgánicas, invitan a toda la comunidad a denunciar cualquier hecho o situación que pueda alterar el orden público, o si es víctima de extorsión, en la línea gratuita 147.

Fuente. Jefatura de Prensa Fuerzas Militares de Colombia.

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Paz y Derechos humanos

Procuraduría llama a alcaldes y gobernadores a incluir en sus planes de desarrollo recursos y planes de acción para la protección de líderes sociales.

El Viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés González, envió un mensaje a alcaldes y gobernadores para incluir en los planes de desarrollo territorial medidas encaminadas a la protección de líderes sociales, con asignación de recursos y acciones concretas.

“Es la oportunidad, no para meterle de todo al Plan de Desarrollo como si fuera una piñata, pero sí para priorizar, y qué más importante puede ser para una acción territorial que garantizar la defensa de la vida, del liderazgo social, de la participación política y de la participación de las comunidades más afectadas por la violencia”

Desde la jornada de PAO Territorial realizada en Quibdó por el Ministerio del Interior para evaluar medidas de protección para defensores de derechos humanos, comunales y periodistas, el representante del órgano de control pidió que esos planes de desarrollo también estén alineados con las acciones del Gobierno Nacional y destacó el apoyo de la cooperación internacional encaminada a respaldar la labor de protección a la vida e integridad de los líderes.

Cortés González mostró su preocupación sobre las 45.000 personas que fueron víctimas de desplazamiento y confinamiento en el año 2019 según informes de la Defensoría del Pueblo, e hizo un llamado a “encarar esta situación y buscar estrategias que lleven a la finalización de este flagelo”.

Agregó que el Ministerio Público continuará en una rigurosa vigilancia a las acciones del Gobierno Nacional para la protección de líderes sociales, especialmente en la región pacífica colombiana.

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Paz y Derechos humanos

Gobernador preside consejo de seguridad.

Con la Secretaría técnica de la cartera del Interior en cabeza de Nubia Carolina Córdoba Curí, el Gobernador del Chocó Ariel Palacios Calderón, convocó el pasado martes 14 de enero a Consejo de Seguridad al que asistió la UNP, en aras articular esfuerzos para afrontar eficazmente la situación general de orden público del departamento en cada una de las sub regiones y su ciudad capital Quibdó.

De igual forma se planteó revisar los puntos críticos para desplegar un plan de acción en torno a la protección de los líderes sociales y comunitarios del Departamento del Chocó.

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Paz y Derechos humanos

Procuraduría pidió al Gobierno Nacional medidas urgentes que eliminen situación de confinamiento en Bojayá.

Solicitó convocar una reunión del Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías.

Pidió coordinar de manera prioritaria una estrategia de atención a la población víctima de Bojayá y de los municipios del Medio y Bajo Atrato.

Requirió a Mininterior y a la Gobernación de Chocó informar sobre las acciones realizadas hasta el momento para mitigar, prevenir y eliminar la situación de riesgo de la población.

La Procuraduría General de la Nación requirió al Gobierno Nacional tomar medidas urgentes e inmediatas para eliminar la situación de confinamiento a la que se ha visto sometida la población de Bojayá, Chocó, y de otras regiones del departamento por la presencia de hombres de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona.

En carta enviada a la ministra del Interior y al gobernador de Chocó, el Ministerio Público pidió convocar inmediatamente una reunión del Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías, y demás instituciones involucradas con el fin de concretar acciones para lograr el cese de la situación que padece el municipio, donde se ha presentado ocupación de bienes, intimidación, situación de confinamiento, riesgo de desplazamiento forzado y amenazas generalizadas contra la población de territorios colectivos y resguardos indígenas.

Así mismo, el órgano de control instó al Gobierno Nacional para que implemente de forma integral un plan de acción que garantice la seguridad de la población a través de una actuación de la Fuerza Pública y requirió evaluar la intervención de las Fuerzas Militares e identificar los obstáculos que han impedido la protección a la población de manera efectiva, y prevenir nuevas situaciones de violencia y victimización.

Adicionalmente, puntualizó que se deben contemplar “acciones que garanticen la protección de los habitantes del departamento, a través de programas de protección colectiva, programas de prevención del reclutamiento forzado, atención a víctimas de violencia sexual y la solicitud de medidas de protección individual para autoridades étnicas o líderes que se encuentren en riesgo”.

En este sentido, pidió coordinar de manera prioritaria una estrategia de atención de la población víctima del municipio de Bojayá y de los municipios del Medio y Bajo Atrato, que se brinde asistencia humanitaria urgente a través del acceso a alimentos, brigadas de salud y dotación de infraestructura para su protección, con el objeto de mitigar los impactos causados por el confinamiento y el desplazamiento forzado.

También exhortó a realizar un trabajo articulado con las entidades territoriales y del Estado para que se adelanten todas las medidas de protección atendiendo a los principios de enfoque diferencial, a fin de garantizar la vida e integridad de los habitantes de esta región.

En la comunicación, la Procuraduría pidió a Mininterior y a la Gobernación de Chocó, dentro de los próximos cinco días, rendir un informe de las acciones realizadas hasta el momento para mitigar, prevenir y eliminar la situación de riesgo de la población.

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