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Paz y Derechos humanos

Rápida atención de la Fuerza Pública en Lloró, busca prevenir el Desplazamiento de Comunidades Rurales.

Por primera vez, la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, a través de sus elementos de Armada y Ejército, estará vigilando constantemente los ríos Atrato, Andágueda y Capá en el municipio de Lloró.  Así se decidió en un Consejo de seguridad convocado por el alcalde Heneíl Correa Rentería, luego de que miembros de las comunidades afros e indígenas de la zona rural de este municipio, denunciaran la presencia de grupos armados organizados en el territorio.

Las quejas fueron recibidas a través del Personero municipal de Lloró y la Inspectora de Policía, quienes advirtieron el confinamiento de más 42 familias de las comunidades de Mindó, Currumpá, Currumpacito y Chiriquí, debido a recientes enfrentamientos entre grupos al margen de la Ley.

De inmediato, el comandante de la Décima Quinta Brigada, Coronel Omar Castillo Aldana, visitó el municipio de Lloró, acompañado del comandante de Policía Chocó, Coronel John Milton Arévalo, para establecer estrategias que fortalezcan el trabajo interinstitucional que sus hombres ya vienen realizando desde el año pasado, cuando más de 180 familias que se habían desplazado de Boraudo, retornaron de manera rápida y segura a sus hogares.

El Consejo de Seguridad apuntó principalmente a la protección de la vida de los pobladores, evitar su desplazamiento, garantizar su seguridad, logrando alejar de la zona mediante resultados visibles a cualquier grupo armado organizado o sistema de amenaza permanente. Según el alcalde Heneíl Correa, la administración municipal no cuenta con la capacidad necesaria para atender una situación de desplazamiento masivo, es por eso que a través de herramientas legales, facilitará el trabajo de la Fuerza de Tarea, en operaciones de interdicción, control y vigilancia de los ríos que rodean el municipio de Lloró, con requisas y retenes permanentes, hasta la restricción del flujo embarcaciones fluviales y víveres.

De igual manera, el Gaula Militar Chocó, estará realizando una fuerte campaña de prevención contra la extorsión y el secuestro, para que comerciantes, lancheros y población en general, no se dejen amedrentar por delincuentes y denuncien cualquier caso de amenaza en su contra. De esta manera, podrán ser judicializados y privados de la libertad de manera efectiva.

La Séptima División del Ejército y sus unidades agregadas y orgánicas, invitan a toda la comunidad a denunciar cualquier hecho o situación que pueda alterar el orden público, o si es víctima de extorsión, en la línea gratuita 147.

Fuente. Jefatura de Prensa Fuerzas Militares de Colombia.

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Paz y Derechos humanos

Durante la pandemia más de 400 víctimas han recibido su indemnización en la territorial Urabá-Darién.

La Unidad para las Víctimas en esta zona del país sigue cumpliendo con la atención y la reparación a los sobrevivientes del conflicto.

En desarrollo de los compromisos adquiridos por el Gobierno nacional, en el marco de la emergencia sanitaria que vive Colombia y el mundo, en el Urabá antioqueño y el Darién chocoano, la Unidad para las Víctimas ha indemnizado a 430 sobrevivientes por valor de $2.200 millones.

Las entregas efectuadas mediante estrategias interinstitucionales de inclusión al sistema financiero de bancarización, entre otras, y de acuerdo con los protocolos y medidas preventivas definidas por las autoridades sanitarias, han permitido que las víctimas residentes en los 14 municipios de esta región recibieran las indemnizaciones cumpliendo con los requisitos de priorización.

“Venimos dando cumplimiento a estas entregas con los debidos cuidados tanto para las víctimas como para nuestros profesionales, para entregarles a las víctimas su indemnización, la ayuda humanitaria y demás servicios a los que tienen derecho. Estos recursos son un gran alivio en estas críticas circunstancias que se afrontan”, manifestó Elizabeth Granada Ríos, directora de la territorial Urabá-Darién de la Unidad.

“Vamos a arreglar el techo de la casa que se nos entra el agua, para comprar otras cosas que se necesitan para el muchacho, que tenga un buen lugar para dormir”, manifestó el padre y acompañante de *Álvaro Cuello, un joven víctima con discapacidad que apoya a su padre y a su tía trabajando como reciclador en Apartadó.

Desde que se dieron las directrices del Gobierno nacional para la agilización y adelanto de los pagos de atención humanitaria y de entrega de indemnizaciones programadas en la vigencia, la Unidad no ha parado en este proceso, implementando la ampliación de plazos en el cobro de los pagos, entre otras medidas.   

En esta territorial, en lo corrido de 2020 la Unidad para las Víctimas ha entregado 3.125 indemnizaciones y 18.688 giros de Atención Humanitaria.

Granada Ríos, reiteró que todos los trámites ante la Unidad para las Víctimas son gratuitos y que no requieren intermediarios, ni tramitadores, asimismo les pidió solicitar en el momento de recibir cualquier pago los respectivos desprendibles, en el caso de la ayuda humanitaria verificar el monto entregado, en los puntos autorizados.

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Paz y Derechos humanos

Fiscalía General de la Nación logró judicialización de siete soldados regulares del Ejército Nacional por abuso sexual de niña indígena en Risaralda.

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, reveló que ante un juez de control de garantías fueron presentados siete soldados regulares del Ejército Nacional, investigados por el abuso sexual del que fue víctima una niña de la comunidad indígena Embera, en el corregimiento de Santa Cecilia, en Pueblo Rico (Risaralda).

Desde Cali (Valle del Cauca), el Fiscal General señaló que los uniformados fueron imputados por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice. Los cargos fueron aceptados por los procesados.

“En menos de 72 horas, en un enlace con las diferentes autoridades, y en una acción liderada por la delegada para la Seguridad Ciudadana y la Seccional Risaralda, se produce un resultado contundente en un hecho doloroso para los colombianos”, precisó el Fiscal Barbosa.

Las más de 40 acciones investigativas dispuestas por la Fiscalía fueron determinantes para poner en evidencia a los siete soldados regulares adscritos al Batallón de Alta Montaña del Ejército Nacional en Génova (Quindío), que servían de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo con sede en Pereira.

“Ellos mancharon su uniforme y la dignidad de la niñez de Colombia, por eso se les solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario”, señaló el Fiscal General.

El juez Promiscuo Penal Municipal de Pueblo Rico (Risaralda) atendió la petición de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario para los procesados, la cual deberá cumplirse en una guarnición militar que cuente con las condiciones necesarias.

“No vamos a ceder un ápice en la defensa de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescente. A los ciudadanos, a los padres de familia, les digo que el Fiscal General de la Nación está en las calles y en los territorios, no está encerrado ni confinado. Los funcionarios están en las calles, estamos dándole la vuelta al país para que los colombianos sientan que nuestras manos están ahí para apoyarlos”, concluyó el Fiscal Barbosa.

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Paz y Derechos humanos

Procuraduría asumió actuación disciplinaria por caso de niña Embera Chamí y designó funcionario especial para llevar el proceso.

La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del poder preferente, asumió la actuación que inició la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ejército Nacional, con sede en Pereira, y abrió indagación preliminar contra soldados por establecer del Batallón San Mateo, por la presunta retención ilegal y el acceso carnal violento contra una niña de la comunidad indígena Embera Chamí, de Pueblo Rico, Risaralda.

“Cuando se trata de investigaciones que involucren conductas como la del asunto objeto del presente pronunciamiento, se considera que dada su presunta gravedad, reiteración y afectación de los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes, y ante el imperativo de obtener protección contra toda forma de violencia contra estos sujetos de especial protección, deben ser asumidas por la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de los fines esenciales inherentes a la entidad y dispuestos en los mandatos constitucionales”, precisó el Ministerio Público al ejercer el poder disciplinario preferente.

Para la Entidad los hechos investigados “podrían llegar a constituir afectación de derechos humanos, en atención a la condición especial de la víctima por tratarse de una menor de edad que pertenece a un grupo étnico”.

Simultáneamente, el ente de control intervino en el consejo de seguridad convocado por las autoridades de Pueblo Rico, donde reclamó que se adelante la oportuna investigación penal, bajo el principio de debida diligencia y el restablecimiento de derechos de la niña como titular de especial protección constitucional.

A través de las delegadas para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, Derechos Humanos, Asuntos Étnicos, Ministerio Público para Asuntos Penales, la Regional Risaralda y la Provincial Pereira, la Procuraduría velará por la defensa, protección y garantía de los derechos de la niña, su familia y su comunidad.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Colombia a través de la Ley 12 de 1991, es obligación asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes del maltrato y abuso, para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

Recordó que de acuerdo con sentencias de la Corte Constitucional los pueblos indígenas son sujetos de especial protección por encontrarse en situación de vulnerabilidad.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, designó como funcionario especial para llevar este proceso disciplinario al Delegado para la Fuerza Pública y la Policía Judicial, dada la situación de especial protección de la víctima y la trascendencia de los hechos como grave violación de los derechos humanos.

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