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Opinión

Señales de Tránsito.

Por. Berlinton Francisco Cuesta Salas – Abogado Especialista en Accidentalidad de Tránsito.

LEY 769 DE 2002 (agosto 6) Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones. En su artículo 5, en el título III artículos 109 – 121. Cabe mencionar que las normas establecidas en este código, son las encargadas de regentar la movilidad en todo el territorio colombiano. la esencia de sus pilares es la seguridad de los diferentes usuarios y la libre circulación por todo el territorio nacional.

No cabe duda, las normas son elementales para controlar y orientar a todos los usuarios de las vías y es que hablar de las señales de tránsito, reviste de una importancia tal.  No es posible tener una circulación vial o una actividad de peatón bajo el principio de confianza cuando desconocemos las señales de tránsito.

Todos y cada uno de los usuarios de las vías están en la obligación de respetar y obedecer las señales de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del código de tránsito. No se percibe que esto sea una actividad opcional, bajo ninguna circunstancia se debe poner en riesgo la seguridad vial y la de todos los conglomerados, más aun cuando la técnica la mecánica y la tecnología  han sobredimensionado a la civilización entregando nuevos medios que el ser humano no solo usa por necesidad, un ejemplo claro son los aviones frente a las distancias, el punto es que de no ceñirse estos medios a los riesgos permitidos  la naturaleza humana podría autodestruirse, eso se debe a la gran magnitud de daños  que los mismo recursos facilitadores o mecanismo  de los cuales se sirve el hombre para el desarrollo de las diferentes actividades en ocasiones tengan la capacidad de causar su propia destrucción, claro está, cuando no son usados responsablemente.

La disciplina es rigurosa cuando exige que todos conozcamos estos símbolos que la legislación de movilidad de nómina como señales de tránsito, estos se encuentran clasificadas en dos formas simples.

La primera es teniendo en cuenta la función.

La segunda es de acuerdo a su finalidad, es por tal razón que hablamos de 5 tipos de señales:

1. Señales reglamentarias

2. Señales preventivas

3. Señales informativas

4. Señales transitorias

5. Marcas viales

Cada una tiene una responsabilidad muy grande y es que todos los ciudadanos la acatemos, para poder transitar con seguridad y salvaguardar la vida de todos y cada uno de los usuarios en la vía.

Hay que recordar que las señales no fueron en todo momento lo que son hoy, Debido a la diversidad de señales de tránsito existentes en todo el mundo, en 1949 la Organización de Naciones Unidas, ONU, convocó en Ginebra, Suiza, a una asamblea de países miembros, con el fin de discutir una propuesta para la unificación de las señales de tránsito que permitiera a los conductores identificarlas fácilmente al viajar de un país a otro.

En 1952, el grupo técnico encargado de efectuar el estudio sobre unificación de señales presentó su informe ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones de la ONU, el cual fue aprobado por el Consejo Económico y Social de la misma Organización en 1955. Luego, en noviembre de 1968 se celebró la reunión de la Convención de Tráfico Vial en Viena, Austria, en la cual se acordó que todas las señales, semáforos y demarcaciones instalados en un territorio deberían formar un sistema coherente que fuese diseñado y localizado. El 30 de diciembre de 1982, Colombia aprobó el Convenio para adoptar el Manual Interamericano, cuyo instrumento de ratificación fue inscrito en la OEA el 8 de febrero de 1984.

Dicho manual fue reformado el 17 de junio del 2015 atreves de la resolución 0001885 convirtiéndolo en el manual de señalización vial este manual desarrolla los artículos 2 de la constitución que establece “Las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en el país, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” 

El Artículo 24 de la Carta Política reza “Todo Colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y la comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y las personas con discapacidad, para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público”

Queda claro que el manual es producto de un mandato constitucional y es obligación del ministerio de transporte como máxima autoridad de transito vigilar e inspeccionar todas las políticas en materia de transito

Es importante dejar aclarar una arista para todos los usuarios de vías como:

Toda señal de tránsito debe satisfacer los siguientes requisitos mínimos para cumplir integralmente su objetivo debe ser necesaria:

• Debe ser visible y llamar la atención

• Debe ser legible y fácil de entender

• Debe dar tiempo suficiente al actor del tránsito para responder adecuadamente

• Debe infundir respeto

• Debe ser creíble

De no existir estos requisitos mínimos con sus respectivas prohibiciones no se podría alcanzar los objetivos, es de ahí que se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones.

No se deben instalar señales o avisos en las vías sin que medie permiso o convenio con las autoridades competente quienes tendrán en cuenta las disposiciones sobre contaminación visual, en una señal jamás puede llevar propaganda de ninguna índole, solo debe contener el color, su símbolo o número.

Las autoridades de transito podrán ordenar el retiro de vallas, avisos, pasacalles, pendones, que estén en la vía y obstaculice la visibilidad de las señales de tránsito,

Nuestra ciudad carece de una aceptable señalización las pocas que hay no generan respeto y unido al desconocimiento de la mayoría de usuario de su función, las autoridades deben de iniciar una campaña de sensibilización en las señalizaciones, para que los ciudadanos aprendan a diferenciar una señal reglamentaria de una preventiva. Además de conocer para que sirven las de piso o marcas viales, Quibdó debe señalizar todas las vías conectoras, todos los barrios de Quibdó deberían estar señalizados, solo con una voluntad política se lograra.  

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Opinión

La audiencia preparatoria el sistema penal de Colombia, por Manuel Sánchez Castro.

Por. Manuel Sánchez Castro – Abogado Columnista.

El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado” EDUARDO COUTURE.

¿QUÉ ES LA AUDIENCIA PREPARATORIA?

La audiencia preparatoria es una diligencia procesal penal que opera requisito en cualquiera de los sistemas procesales penales del mundo antes de dar inicio al juicio oral, es aquella en la que se PREPARA el juicio oral, solo que tienen denominaciones diferentes, en Colombia en la actualidad coexisten dos sistemas procesales penales, la ley 600 de 2000 y 906 de 2004, en este escrito abordaremos la audiencia preparatoria a partir de los temas que trabajan cada una de las audiencias y los objetivos que persiguen, para luego mirar sus diferencias, con lo que las personas que no son abogados, están iniciando el estudio del derecho, e incluso aquellos a los que las características de la ley 600 no les hubiera permitido litigar procesos con este sistema puedan tener algunos datos sobre ambas.

LA AUDIENCIA PREPARATORIA EN LA LEY 600.

Empecemos por recordar que en la ley 600 de 2000 está audiencia está regulada en su artículo 400 y 401 y que para empezar su análisis lo debemos hacer desde la perspectiva de las diferencias entre dos sistemáticas que podríamos de manera breve y resumida decir que el primero inquisitivo con tendencia acusatoria y el segundo (ley 906 de 2004) acusatorio; tiene como una de las principales diferencias la forma en la que se PRACTICAN Y ADUCEN LAS PRUEBAS, el primero (ley 600) regido por el principio de permanencia de la prueba, que permite la orden, publicidad y práctica probatoria en cualquiera de sus etapas y por esto su incorporación legal la hace vigente y con posibilidad de valoración en el momento de dictar sentencia; a diferencia de ley 900 en la que se recolectan elementos de prueba que luego deben ser descubiertos, solicitar su admisión y la práctica tiene que ser en un juicio oral, público concentrado, sometido a los principios de inmediación, confrontación y contradicción y es esta y solo esta la que puede ser valorada por el juez al momento de tomar su decisión (salvo el concepto de prueba anticipada que no desarrollaremos en esta oportunidad).

Y hago alusión al principio de permanencia de la prueba porque además de marcar grandes diferencias es el que sin duda tiene un mayor impacto tiene en la forma en la que se abordan los temas de la audiencia preparatoria en ambos sistemas.

Continuando con la Ley 600 de 2000, tenemos que decir que en el título III correspondiente al juzgamiento se da la apertura a la etapa del juicio que comienza con la ejecutoria de la resolución de acusación, posterior a ello se da un traslado de 15 días que las partes utilizan para:

–           Preparar las audiencias

–           Solicitar nulidades

–           Solicitar pruebas

Vencido el término anterior (contemplado en el artículo 400), el juez debe verificar su competencia y de considerarse competente cita a las partes a la audiencia preparatoria, en la que debe pronunciarse sobre:

–           Solicitudes en cuanto a nulidades

–           Solicitudes relacionadas con las pruebas a practicar (incluidas las que no pudieron tener controversia y las decretadas de oficio), en un alto porcentaje, debe decirse que se mantienen las que ya fueron practicadas, siendo excepcional o por lo menos bastante reducida la práctica de nuevas pruebas al interior del juicio oral.

Las decisiones sobre las nulidades están reguladas en el Titulo VII, del estatuto procesal bajo examen (ley 600), y contempla la ineficacia de los actos procesales; el artículo 306 indica cuáles son las causales y la oportunidad para alegarse está en el 308, el contenido de la solicitud en el 309 y por último el artículo 310 contempla los principios que orientan su declaratoria, indicando que son ellos los de:

TAXATIVIDAD: Este principio implica que las razones en las que se basa la solicitud deben corresponder a los motivos establecidos en la ley.

PROTECCIÓN: Este principio prevee que el sujeto o parte procesal que ha dado lugar al motivo de anulación, luego no puede utilizarlo como argumento para solicitar la nulidad, haciendo alusión al principio procesal general de no obtener beneficios de su propio dolo, lo que encuentra como única excepción las nulidades derivadas de la falta de defensa.

CONVALIDACIÓN: Debe revisarse a partir de este principio si con que la irregularidad que engendra el vicio pueda ser validada de manera expresa o tácita por el sujeto procesal perjudicado, siempre que no se violen sus garantías fundamentales.

TRASCENDENCIA: consistente en que la declaratoria de nulidad requiere además de la demostración de la ocurrencia de la incorrección, la afectación real y cierta de las garantías de los sujetos procesales, o que se socaven las bases fundamentales del proceso.

INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS:  Si el acto irregular ha cumplido el propósito para el cual está destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa.

ACREDITACIÓN: Debe estar acreditada la configuración del motivo, especificando la causal que lo soporta, acorde con los fundamentos de hecho y de derecho en que se soporta la solicitud.

RESIDUALIDAD: Debe acreditarse que la única forma de enmendar el daño ocasionado es la declaratoria de nulidad.

Debe decirse que en este escrito no vamos a abordar el tema de si la exclusión es una nulidad, si está, está contemplada de manera diferente, sus consecuencias, en fin, ya que este es un tema tan largo que deberá ser revisado por separado, por eso baste que con decir que de lo que se habla es de las NULIDADES en términos generales.

Ahora que ya hemos visto como se regula la AUDIENCIA PREPARATORIA en la ley 600, los invito a que veamos cómo funciona esta misma figura procesal en la nueva (no tan nueva ya llevamos 15 años) sistemática procesal:

LA AUDIENCIA PREPARATORIA DE LA LEY 906

En este sistema procesal la audiencia preparatoria está regulada en los artículos 355 a 365 y son varios los objetivos que ella pretende de cara al curso del proceso, intentaremos construir los temas a tratar en esta audiencia, para finalmente plantear lo que consideramos diferencia ambas audiencias.

TEMAS PROPIOS DE LA AUDIENCIA PREPARATORIO EN LA LEY 906 DE 2004

–           VERIFICACIÓN AL DESCUBRIMIENTO PROBATORIO POR PARTE DE LA FISCALÍA: su objetivo: establecer a través de la defensa si la Fiscalía cumplió con su tarea, y el mandato Constitucional que la obliga a enunciar todo lo que encontró y a entregar todo lo que la defensa le solicite (sentencia 25920 del 21 de febrero de 2007- CSJ de Colombia) en otras palabras si el descubrimiento fue completo,  ya que de no serlo hay una sanción procesal consistente en el rechazo de la evidencia, este punto es fundamental en garantía del derecho de defensa, la obligación de la fiscalía es descubrirlo todo, porque en esta misma evidencia, a pesar de que no existe la investigación integral (otra de las diferencias con la ley 600) será posible que la defensa encuentre evidencia para soportar su teoría del caso.

–           DESCUBRIMIENTO DE LA DEFENSA: Que la defensa realice el descubrimiento de la evidencia que pretende hacer valer como prueba y que ha podido recaudar a partir de plantear una teoría de su caso.

–           ENUNCIACIÓN PROBATORIA: Enunciación de la evidencia que las partes solicitarán como prueba, aquí el mayor ejercicio de depuración es por parte de la Fiscalía que deberá determinar qué de todo lo encontrado es pertinente, la defensa normalmente mantiene cono enunciación su descubrimiento.

–           ESTIPULACIONES PROBATORIAS: No ha tenido esta figura procesal que no existe en la ley 600 el desarrollo y la aplicación que se esperaba, lo que busca este momento en la audiencia es que sobre los hechos y circunstancias que no son objeto de discusión y en los que no hay debate alguno, las partes acuerden darlos por probados y con ello permitir que el debate probatorio se centre en lo que hay real controversia, este es un tema bastante interesante y extenso, que espero abordar en una próxima oportunidad.

–           SOLICITUDES PROBATORIAS: En esta las partes indican al Juez que es lo que requieren que se convierta en prueba, pero deben ser admisibles, y para que lo sean se requiere que la parte que presenta la pretensión indique: su pertinencia y verifique que no hay problemas en cuanto a su legalidad, utilidad y conducencia, ya que estas tres características podrían ser alegadas por la contraparte mediante los mecanismos de exclusión e inadmisión respectivamente, la pertinencia no es otra cosa distinta que establecer la relación entre el medio de prueba y el tema de prueba, estos conceptos han sido de un gran debate entre los teóricos y aun los que practican el sistema procesal, ya que la interpretación de estos conceptos ha sido muy variada, pero sin duda, todos coinciden en que una de las providencias que más aportes ha permitido aclararlo es el auto de segunda instancia con radicado 51882 de 2018, cuya lectura resulta obligatoria para este particular tema.

–           OPOSICIONES: De la contraparte a la solicitud de práctica de alguno de los medios de prueba a través de las sanciones antes indicadas: rechazo (no descubrimiento), exclusión (ilegalidad) o inadmisión (impertinente, inútil o inconducente).

–           DECRETO DE PRUEBAS: que admite el recurso de apelación para aquellas que no sean ordenadas, o sin importar su admisión o rechazo sí estuvieron precedidadas de un debate de exclusión o rechazo.

Hay otros pronunciamientos jurisprudenciales que es necesario leer para abordar la temática de la audiencia preparatoria, las que debo resaltar e invitar a su lectura entre ellos están:  46153 de 2015, 35130 de 2011 y 33212 de 2010

DIFERENCIAS ENTRE LAS REGULACIONES EN AMBOS SISTEMAS PROCESALES DE ESTA AUDIENCIA.

Son claras las diferencias entre ambas audiencias, en la ley 906 el espacio para discutir las competencias, impedimentos, recusaciones y nulidades no es la audiencia preparatoria, es la audiencia de acusación, según lo señala el artículo 339 de la norma en cita, y aunque este estatuto procesal no contempla los principios de las nulidades la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado en diversas decisiones, que ellos deben ser tenidos en cuenta por quien los solicita, ya que es de la esencia de la solicitud de nulidad presentar al juzgador el argumento teniendo en cuenta la taxatividad, trascendencia, convalidación, instrumentalidad de las formas, protección, acreditación y residualidad.

El principio de permanencia de la prueba de la ley 600 es mucho menos exigente en cuanto a las ritualidades que deben cubrirse antes de la práctica de la prueba en juicio, y por ello resulta novedoso el descubrimiento de los medios de conocimiento de la ley 906 y con ello las alegaciones de rechazo.

Las estipulaciones probatorias no son una posibilidad de la ley 600, el juez debe recibir el soporte probatorio de todo aquello que pretende ser utilizado como construcción argumentativa.

La solicitud de pruebas de oficio de la ley 600 está expresamente prohibida en el artículo 361 de la ley 906, el sustento de pertinencia pertenece a ambos sistemas ya que va ligado a los principios de agilidad y eficacia que rigen la administración de justicia.

La pretensión de este escrito es que aquellos abogados que no han tenido la experiencia de litigar en ambos sistemas puedan desde un ámbito académico conocer del manejo de la audiencia preparatoria en el anterior sistema procesal, que sea dicho de paso aún está vigente para asuntos ordinarios que no han sido decididos o que recién empiezan pero la época de los hechos así lo señala, al igual que las investigaciones contra aforados constitucionales que se adelantan en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Consultados algunos abogados penalistas, éstos indican que la demora en esta audiencia es bastante amplia y sus causas van desde intereses de algunos en dilatar, hasta desconocimientos en la técnica, falta de control en la dirección de la audiencia y sobre todo la no realización de reuniones por fuera de la audiencia para solucionar aspectos relacionados con el descubrimiento y las estipulaciones.

Todos aún conservamos la esperanza que el sistema siga avanzando y que particularmente esta audiencia permita alcanzar de manera ágil los objetivos de diseñar en todos los casos juicios ágiles y justos.

Por ahora la tarea de todos los que participan en este tipo de audiencias es seguir entregando lo mejor para lograr sus objetivos procesales y que las personas procesadas y las víctimas puedan conseguir rápidos resultados.

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Repudio total por parte de diferentes sectores de la sociedad chocoana por cierre de las 2 principales vías de ingreso al departamento.

La situación se ha vuelto tan recurrente que ya cuando no se presentan derrumbes, son los Indígenas que realizan bloqueos ilegales violando todo tipo de derechos.  

Todo este tipo de acciones impiden que un departamento salga adelante en medio de tantas necesidades.

Repudio, indignación e impotencia viene causando en la sociedad chocoana, el cierre de las 2 principales vías que comunican al Chocó, con los vecinos departamentos de Antioquia y Risaralda, los Indígenas que habitan al paso de estas 2 arterias viales, en un tema que ya se ha vuelto reiterativo, cada vez que buscan realizar alguna petición ante el gobierno municipal, departamental o nacional, acuden a las vías de hecho, cerrando las 2 vías por donde transportadores abastecen al departamento con mercancías, insumos médicos y en muchos casos pasajeros niños y adultos mayores que buscan atención médica especializada de tercer nivel.

El más reciente caso se presenta en la vía conocida como Quibdó – Pereira, donde los Indígenas habían programado un cierre ilegal indefinido en la vía, desde el primero de septiembre del presente año.

La gobernación del Chocó, en articulación con la Secretaría de Educación departamental y la administración de municipal de Tadó salieron al paso buscando alternativas de posibles soluciones para impedir dicho cierre.

En primer lugar, este 2 de septiembre a la una de la tarde se logró firmar un acuerdo entre la administración municipal de Tadó, representada por el señor alcalde; Cristián Copete Mosquera y la minga indígena, perteneciente al resguardo de Tarena.     

Cinco horas después de haber llegado a un acuerdo, los Indígenas del resguardo de Tarena bloquearon la vía que comunica al departamento del Chocó con Pereira a la altura del sitio conocido como Guarato. Solo permitieron que los vehículos que estaban en uno y otro sentido lograran pasar y luego impusieron algunos horarios de circulación.

Todo indica que los Líderes Indígenas no se ponen de acuerdo entre ellos y utilizan el mecanismo más fácil de presionar, cerrando las vías y que se les dé cumplimiento de inmediato a sus exigencias.

El Baudoseño pudo conocer que los Indígenas están exigiendo el pago de salarios de sus maestros, tema que el gobierno departamental, bajo la dirección del señor gobernador; Ariel Palacios Calderón ya les planteo un acuerdo de pago.

De igual forma el Baudoseño pudo conocer que los manifestantes exigen ayuda para terminar un camino o carretera que llega hasta la parte principal del resguardo; la construcción del puente de Medio Mondó y que les asignen varios promotores de salud, entre otros. A inicios del mes de agosto se conoció un caso insólito en la vía Quibdó – Medellín, donde se adelanta la construcción de un proyecto de vivienda en una de estas comunidades, donde un Líder Indígena exigía la construcción de una casa de 2 pisos para él.

Finalmente, cuando terminábamos la redacción de esta nota pudimos conocer que el señor gobernador del Chocó, sostenía una reunión con los representantes de las organizaciones indígenas del Departamento, donde se revisa la situación de bloqueo en la vía Quibdó-Pereira y el gobernador @ArielPalaciosC insiste en que las comunidades deben agotar los mecanismos de diálogos antes de llegar a vías de hecho.

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¡Nuestros jóvenes tienen derecho a vivir!

Por. Haidy Sánchez Mottsson – @sanchez_haidy

 Los últimos casos de asesinatos a niños y jóvenes que se están viviendo en Colombia, producidos en semanas anteriores pero recientes, suscitan este artículo.

Que Colombia es un país particularmente violento no nos sorprende; que la vida parezca no valer nada, tampoco nos asombra; pero que ya ni se respete el derecho de los que no han vivido mucho y tienen todo un camino largo para existir es inaudito e inaceptable; situación está que nos obliga a ver muy claramente la pérdida de valores, principios y por supuesto la descomposición social que inunda al país.

Las diversas y elevadas cifras de homicidios que circulan a diario en los medios de comunicación y las redes sociales nos hablan de una realidad catastrófica pero cierta.

Medicina legal en Colombia arrojó cifras de muertes violentas del periodo de enero a mayo del presente año, de 3.922 muertes por homicidios, donde 822 homicidios son de niños y jóvenes de los 0 a los 24 años de edad, cifras alarmantes y desconsolantes.

Ataques violentos, homicidios y masacres contra nuestros jóvenes; eso es lo que se nos ha venido sirviendo últimamente en las noticias. Los últimos informes nos muestran, por ejemplo, desgarradoras historias donde un joven de 17 años de edad, el 30 de julio de los cursantes, en Sincelejo, pierde la mitad de su brazo, a causa de una agresión violenta por ser homosexual.

Dos días más tarde, se reporta que dos menores con edades entre los 12 y 17 años fueron asesinados en zona rural de Leiva (Nariño); estos dos hermanos iban a dejar una tarea en su colegio y los asesinaron.

Seguidamente, a cinco menores, con edades entre los 14 y los 16 años, les dispararon y degollaron en el barrio Llano Verde, en el oriente de Cali. Ese mismo día otro joven líder comunitario fue asesinado en el municipio de Alto Baudó, Chocó. Pero la racha de masacres y crímenes no terminó ahí, pues días después se asesinaron a ocho jóvenes indefensos en Samaniego Nariño. Todos estos eran jóvenes, que querían vivir, no volverán a abrir sus ojos porque sus esperanzas se las arrebataron de un balazo, un machetazo con maltratos hasta llegar a la muerte. ¡Dios mío, qué horror!

Duele el escuchar padres golpeados y derrumbados que expresan: “Nos están matando a los jóvenes, a la esperanza del país”, “en este barrio vivimos en constante zozobra, a nuestros hijos los despedimos, pero sin saber si regresarán a casa”.

La pregunta que no se puede pasar por alto es, entonces: ¿cómo es posible que en cuestión de menos de un mes el aumento de masacres y asesinatos a niños y jóvenes en Colombia sea tan desbordante?

Nos acostamos o levantamos llenos de noticias que hablan de la muerte de jóvenes inocentes que han sido exterminados. Que el poder de la guerra ya sea la que sea, les está quitando el derecho de crecer, desarrollarse y envejecer. Proyectos de vidas truncados, madres ahogadas en llanto, padres desbastados del dolor, hermanos vueltos nada. Familiares que en muchos casos sienten muchas ganas de cobrar la muerte de sus seres queridos, para por fin poder alcanzar algo de “paz interior”; es decir, estamos en la construcción de una sociedad que está revolcándose en el odio, en la sed de venganza, en el dolor, donde las consecuencias de esto son el miedo, la decepción, el desencanto, la desorientación y la desesperanza. Se trasmite un mensaje claro a las nuevas generaciones: no hablen, no opinen, no construyan, no sueñen, ¡resígnense! Un mensaje obsoleto, absurdo y típico de sociedades enfermas.

También es relevante traer a colación que el hambre y la miseria en la que se encuentran muchos jóvenes colombianos se ha constituido en la piedra angular de muchos de estos problemas que estamos viendo. Esas condiciones socioeconómicas hacen que, en Colombia, y principalmente en territorios vulnerados, haya un creciente grupo de jóvenes cuya cotidianidad está marcada por deserción escolar, escasez de oportunidades de empleo y fragilidad en redes de protección. Indiscutiblemente gran parte de estos mismos son los que en repetidas veces se convierten en “carne de cañón” de la guerra, carnada de grupos al margen de la ley y redes de narcotráfico.

El balance que habría que hacer es ¿cómo construimos entre todos, una sociedad en Colombia con equilibrio, muchas más oportunidades, libre de discriminación a las diferencias y libre de racismo estructural?

Es necesario que el gobierno nacional haga un juicioso y contundente trabajo en políticas públicas para los jóvenes. Debo reconocer en Colombia sí hacen grandes esfuerzos desde algunas instituciones públicas y privadas para proteger y ayudar en el desarrollo integral de los niños y jóvenes, pero también debo decir que estas políticas y programas no son suficientes; no tienen la cobertura nacional ni la continuidad que se requiere para realmente cerrar brechas en atención psicosocial y laboral a estos.

La situación actual en el país se convierte en un verdadero desafío para todos los actores de la sociedad, donde cada uno debe aportar su granito de arena. La inversión en el fortalecimiento de recursos económicos y humanos de las entidades que tienen como función proteger el bienestar de los niños y adolescentes se hace urgente; porque si no, estas entidades se reducen o desaparecen. Es fundamental que programas para la ocupación del tiempo libre, proyectos productivos, de formación académica, deportiva, musical y cultural se puedan ejecutar, realizar y que tengan una cobertura nacional. La educación en valores y respeto por la diversidad humana es otro punto crucial en la formación de nuestros jóvenes y en la construcción de nuestra Colombia diversa. Se deben hacer muchas más campañas que promuevan el respeto y la tolerancia a la diversidad en todas sus expresiones. Allí tienen una gran responsabilidad las instituciones educativas, las organizaciones juveniles, los grupos comunitarios, las diócesis, grupos religiosos y los medios de comunicación.

Finalmente, como lo expreso en esta columna, hay muchos niños y jóvenes que ni siquiera sueñan con un futuro y algunos inclusive dicen: ”¿para qué estudiar si somos pobres?” o” yo sé que nunca seré médico, ni profe”. Por esto la importancia de trasmitir esperanza, hacer que estos crean en su país, ¡mostrarles que el derecho a vivir y a soñar sí se les puede garantizar!

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