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Paz y Derechos humanos

Unidad de Restitución de Tierras y entidades del Estado adelantan Plan de Acción para cumplimiento de compromisos PDET en Chocó.

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) se suma a entidades del orden nacional y territorial para cumplir los 53 compromisos adquiridos en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en el Chocó.

A través de canales virtuales, alcaldes, secretarios de planeación y representantes de entidades gubernamentales se dieron cita este martes en la primera “Mesa Institucional para la Subregión de Chocó”. Lo anterior, con el objetivo de construir una metodología de trabajo conjunta que permita impulsar el cumplimiento de los compromisos PDET definidos desde el pasado 11 de marzo en la ciudad de Quibdó.

A esta reunión se sumó Rossvan Blanco, director territorial de la URT en Bogotá y de la sede ubicada en Quibdó, quien en adelante liderará las sesiones en las que se construirá el Plan de Acción de seguimiento a los compromisos durante el período 2020-2021.

Como eje de la reunión se tuvieron en cuenta los 4 objetivos estratégicos del Pilar 1 del PDET: el acceso y regularización de la propiedad rural, zonificación ambiental, ordenamiento territorial y restitución de tierras. El cumplimiento de los objetivos busca llevar paz con legalidad a los doce municipios de Chocó, que conforman la denominada subregión PDET: Acandí, Bojayá, Carmen del Darién, Condoto, Litoral de San Juan, Istmina, Medio Atrato, Medio San Juan, Nóvita, Riosucio, Sipí y Unguía; y dos municipios de Antioquia, Murindó y Vigía del Fuerte.

A su vez, se determinó que estas reuniones serán realizadas periódicamente en la medida que, tal y como lo afirma Blanco, “son el mejor espacio para el diálogo entre alcaldes y delegados de entidades del orden territorial y nacional. Esto nos permitirá desarrollar un plan de trabajo en común para el cumplimiento oportuno de las metas que nos hemos propuesto alcanzar antes de finalizar el próximo año”.

Ahora bien, es importante resaltar que el trabajo de la URT está orientado a alcanzar la genuina reparación de las víctimas de la violencia a través de acciones como el seguimiento al cumplimiento de lo ordenado en sentencias, avances enfocados en adelantar labores de microfocalización y presentación de demandas en defensa de los derechos territoriales de comunidades étnicas de la región.

En el cumplimiento de los demás compromisos enmarcados dentro de los 4 objetivos estratégicos mencionados anteriormente, a la URT se suman entidades tales como la Gobernaciones de Chocó y la de Antioquia, los Ministerios de Vivienda, Ambiente y Minas, el Departamento Nacional de Planeación y la Alta Consejería para la Gestión del Cumplimiento de la Presidencia de la República, entre otras.

Finalmente, el objetivo y la fecha de la siguiente Mesa Institucional fueron definidos. Esta se llevará a cabo el viernes 19 de junio y buscará socializar los avances en la elaboración del Plan de Acción. Todo lo anterior, convocado y moderado por la URT a través de canales virtuales.

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Paz y Derechos humanos

Hemos construido una Procuraduría del diálogo, de la participación, mestiza, india, afrocolombiana, promotora de derechos, tolerante, contundente contra la corrupción: Fernando Carrillo Flórez.

«El mensaje que le dejo hoy a los colombianos es que es absolutamente posible creer en la democracia, en el Estado de derecho, en las libertades, luchar contra la desigualdad, pararse en frente a los poderosos con energía y magnanimidad».

«Hemos cumplido con la misión que nos propusimos y lo hemos hecho con consistencia, convicción, amor por las causas y respeto por los valores que nos señala la ley y la Constitución de Colombia».

«La Procuraduría no paró durante la pandemia porque disponíamos de herramientas virtuales para seguir adelante».

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, aseguró que durante sus 4 años de gestión construyó “una Procuraduría del diálogo, de la participación, mestiza, india, afrocolombiana, promotora de derechos, tolerante, contundente contra la corrupción”, y agregó que el mayor legado ha sido recuperar la confianza de los ciudadanos en la institución a través del diálogo y la participación ciudadana.

En la Audiencia de Rendición de Cuentas 2017 – 2020, el jefe del Ministerio Público enfatizó en que «hay esperanza si seguimos creyendo en la democracia, en el Estado social de derecho, en las libertades contra la desigualdad, en la ética contra la corrupción, en la justicia contra la inequidad, en la vida contra los atentados y la violencia».

«El mensaje que le dejo hoy a los colombianos es que es absolutamente posible creer en la democracia, en el Estado de derecho, en las libertades, luchar contra la desigualdad, pararse en frente a los poderosos con energía y magnanimidad».

Reiteró que su actuar durante estos cuatro años se derivó de la defensa de la Constitución de 1991, que ha sido la brújula, la guía y la razón de ser de la gestión del Ministerio Público.

«Hemos cumplido con la misión que nos propusimos y lo hemos hecho con consistencia, convicción, amor por las causas y respeto por los valores que nos señala la ley y la Constitución de Colombia».

Durante la audiencia pública el Procurador General explicó los 5 legados del ente de control: dar voz a la ciudadanía, respaldar a las víctimas y a la paz, detener a los corruptos, empoderar a los territorios, y resaltó la innovación y la transformación tecnológica de la Entidad.

«La Procuraduría no paró durante la pandemia porque disponíamos de herramientas virtuales para seguir adelante. La mejora de redes, infraestructura tecnológica y sistemas de comunicación se han traducido en defensa de derechos de los colombianos».

Agregó que uno de los retos que asumió al frente del Ministerio Público fue responder con altura a los desafíos de la implementación del Acuerdo de Paz, realizando seguimiento a lo pactado y representando a las víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Finalmente, aseguró que durante estos años de administración «no improvisamos, demostramos con hechos y no con palabras los resultados de nuestras acciones; tomamos la Constitución como brújula y pusimos los pies en los territorios para escuchar a la ciudadanía», y agradeció el acompañamiento decidido de los viceprocuradores Adriana Herrera Beltrán, Juan Carlos Cortés González, y de los procuradores delegados, regionales y provinciales.

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Paz y Derechos humanos

Más de $11 mil millones para seguridad de líderes de sustitución de cultivos y defensores de derechos humanos.

“Privilegiar la vida y reparar a las víctimas, prioridades del gobierno Duque”: Consejero Emilio Archila

Con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, se realiza proyecto en Chocó, Catatumbo y Pacífico Nariñense.

Estrategia de prevención temprana y protección colectiva beneficiará directamente a personas en proceso de reincorporación, líderes de sustitución de cultivos, líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Consejero Archila reconoce apoyo de la comunidad internacional para garantizar la vida de líderes sociales en zonas de alto riesgo.

El Gobierno Nacional y El Fondo Multidonante de las Naciones Unidas firmaron un convenio de cooperación por más de $11 mil millones de pesos para desarrollar una estrategia de prevención y protección que garantice la seguridad de líderes y lideresas sociales en zonas de alto riesgo, en tres departamentos de Colombia.

“Hoy anunciamos la aprobación de un proyecto en apoyo a la estrategia del Gobierno Nacional para reducir el nivel de violencia que enfrentan los líderes y lideresas de Derechos Humanos, y las y los reincorporados, para que puedan ejercer su liderazgo libres y seguros, previniendo la estigmatización, y fortaleciendo las capacidades institucionales y de organizaciones sociales; brindando a su vez oportunidades económicas que también permitan generar escenarios de reconciliación con la población reincorporada. Esta apuesta será financiada por el Fondo de Consolidación de la Paz de la ONU, a través del Fondo Multidonante, y cuenta con el apoyo de países donantes comprometidos con la paz de Colombia”, aseguró hoy Jessica Faieta, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia.

El Consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila, agradeció el irrestricto apoyo de la comunidad internacional al proyecto de prevención y protección colectiva del gobierno a líderes, lideresas, defensores de derechos humanos, mujeres reincorporadas y familias en sustitución de cultivos ilícitos en tres regiones del país.

“Este  aporte de 2 millones 500 mil dólares del Fondo Multidonante  de las Naciones Unidas, para la seguridad de nuestros líderes y lideresas, es una muestra del compromiso de la comunidad internacional con la política de Paz con Legalidad del presidentes Iván Duque; también, un reconocimiento a su seriedad y a su permanente interés por la defensa de la vida y de los ideales que promueven en el territorio esos hombres que trabajan por el bienestar de las familias y la protección de los recursos naturales”, dijo el Consejero.

Archila adelantó que “el proyecto de prevención en seguridad y protección colectiva se ejecutará inicialmente durante un período de dos años en 30 municipios de Chocó, Catatumbo y el Pacífico Nariñense”.

Mil personas se beneficiarán directamente y más de 10 mil de forma indirecta. El objetivo es el establecimiento de espacios de diálogo, estrategias de prevención temprana y protección colectiva, y de gestión integral de los riesgos de los líderes/as sociales, defensores/as de derechos humanos y sus organizaciones, especialmente para población en sustitución de cultivos ilícitos y en proceso de reincorporación.

El proyecto cuenta con una estrategia de seguridad para mujeres reincorporadas, medidas de reactivación económica que tiendan a la sostenibilidad económica individual, asociativa y colectiva y que eviten el control del crimen organizado.

Los municipios donde se ejecutará el proyecto son Riosucio, Quibdó, San José Del Palmar, Bagadó, Nóvita, Carmen de Atrato, Medio Baudó, Alto Baudó, Condoto, Bahía Solano, Mutatá, Nuquí y Carmen Del Darién, en Chocó.

En la región de Catatumbo: Tibú, El Tarra, Convención, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama, El Carmen y Hacarí; y en el Pacifico Nariñense y el Cauca los municipios de Tumaco, Olaya Herrera, Santa Bárbara, Ricaurte, Barbacoas, Magüí, Popayán y Santander de Quilichao.

Cien organizaciones de base, 3 defensorías regionales, 3 procuradurías provinciales, 3 personerías municipales, 3 seccionales de la Fiscalía, 3 alcaldías y 3 gobernaciones hacen parte de los beneficiarios del proyecto de transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación.

El Fondo Multidonante aportará el equivalente a 2.5 millones de dólares y el gobierno nacional aportará una contrapartida de 698.176 dólares, para un total de 3´198.176 dólares, equivalentes a 11 mil millones de pesos.

En la ejecución del proyecto participan el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, la Consejería para la Estabilización, el Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas, (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Droga y el Delito (UNODOC).

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Paz y Derechos humanos

Más de 500 indígenas confinados en Bojayá por el control de grupos armados.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que, desde octubre de 2020, al menos 512 personas, incluidos 390 niños, niñas y adolescentes, de las comunidades indígenas de Unión Cuity y Unión Cuity Central, de Bojayá, Chocó, se encuentran en confinamiento por el control social de un grupo armado organizado en el territorio.

Desde octubre, al menos 512 personas de las comunidades indígenas de Unión Cuity y Unión Cuity Central, se encuentran confinadas. – Imagen de referencia

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) emitió una alerta – este miércoles 6 de enero – por la situación humanitaria y el confinamiento de comunidades indígenas en Bojayá, Chocó. Desde octubre, al menos 512 personas (222 mujeres, 290 hombres y 390 niños, niñas y adolescentes), de las comunidades indígenas de Unión Cuity y Unión Cuity Central, se encuentran en confinamiento por cuenta del control social de un grupo armado organizado en el territorio.

De acuerdo con la OCHA, esta información fue reportada por la comunidad a miembros del Equipo Local de Coordinación (ELC) en diciembre, a través de un comunicado escrito – con fecha del 6 de diciembre de 2020 – que fue remitido a la Personería municipal. En este documento las comunidades denunciaron varias formas de intimidación como la prohibición de ejercer actividades como la pesca; la instalación de retenes ilegales en las vías fluviales; apropiación y construcción de viviendas para miembros del grupo armado organizado al interior de la comunidad y la apropiación de la siembra y cultivos de pancoger para alimentación de dicho grupo, en detrimento de la propiedad colectiva de los indígenas.

Aunque la emergencia inició en octubre, todavía no se ha activado el Comité Municipal de Justicia Transicional ni el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición. “A la fecha no se ha llevado a cabo una misión de verificación del estado de estas comunidades por parte de las instituciones locales o departamentales. Hasta el momento, las fuerzas públicas no han accedido al territorio para asegurar la zona”, afirmó la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

Por: El Espectador.

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